Tensión en la Legislatura por el Tribunal de Cuentas

Por Alejandro Moreno 

El peronismo se disponía a imponer su mayoría en la Legislatura para aprobar la modificación del funcionamiento del Tribunal de Cuentas, anoche al cierre de esta edición. La oposición, fundamentalmente, de la alianza Juntos por el Cambio protestó con energía por la disminución de facultades del organismo de control del gasto, en el que a partir del 10 de diciembre habrá dos juecistas y una oficialista. 

Los opositores, al llegar la noche, se anticiparon con una conferencia de prensa en la que expresaron sus críticas a los proyectos: el del Tribunal de Cuentas, pero también el Presupuesto 2024, la creación de la agencia Agro Córdoba y una sorpresiva modificación del Código Electoral. 

En diálogo con la prensa, Cossar consideró que la quita de atribuciones al Tribunal de Cuentas es un “proyecto golpista” para “vaciar de poder” al organismo de control, donde la oposición piensa hacerse fuerte para seguir de cerca la gestión del próximo gobernador, Martín Llaryora. 

Uno de los vocales electos por Juntos por el Cambio, Beltrán Corvalán -la otra es Fernanda Leiva, ambos juecistas- declaró que acababa de enterarse de que por un cambio de último momento al proyecto, el Tribunal de Cuentas “tampoco va a poder controlar los gastos reservados”. 

Entre otros, los gastos que quedarán fuera del control previo de los vocales serán, según explicó Corvalán, “los subsidios, los gastos de salud, de combustibles y de personal”. “Nosotros –agregó- dijimos claramente: a las agencias le vamos a realizar auditorías y eso lo acaban de sacar también. El tema de los gastos reservados es una bomba que acaban de tirar hace dos minutos, la verdad es que no entendemos nada”. 

“Con esto Schiaretti se está yendo de la peor forma. No imaginábamos que algún gobernador de alguna provincia podía hacer lo que está haciendo Schiaretti: se está yendo por la puerta chica, de atrás. Ni lo peor del kirchnerismo se animó a hacer lo que está haciendo hoy el gobierno de Córdoba”. 

El proyecto que resta la atribución del control previo a varios rubros del gasto de la Provincia ha sido defendido por el oficialismo con el argumento de que es necesaria una “modernización” del Tribunal, como lo ha explicado la peronista Nadia Fernández. 

Agencia Agro Córdoba 

Otro de los proyectos polémicos fue el de creación de la agencia Agro Córdoba, que fue rechazado más temprano por casi todo el arco opositor. 

El peronista Raúl Latimori explicó que el sistema “ayudará a canalizar todas las inversiones” y que promoverá “la participación de las organizaciones agropecuarias”. 

El bloque Juntos UCR votó en contra, a excepción del riocuartense Antonio Rins, quien se abstuvo. El radical Dante Rossi advirtió que es “un proyecto que viene de arrebato, con un tufillo raro”. “Las agencias son una forma de gobernar que relaja los controles del gasto que quedan fuera del Tribunal de Cuentas”, enfatizó. 

También se opusieron los representantes de los bloques vecinalista, izquierdista e independiente (ex CC-ARI). En cambio, acompañó el bloque Juntos por el Cambio (o sea el PRO). 

Presupuesto 

Los proyectos de Presupuesto, Ley Impositiva y Código Tributario recibieron sanción definitiva. El peronista Juan Blangino definió al Presupuesto como “equilibrado, con ahorro e inversión social”. La deuda, aseguró, es “sostenible” y afirmó que está “cada uno de los créditos aplicados al desarrollo de la infraestructura”. 

Desde el radicalismo los cuestionamientos fueron muy severos. El radical Marcelo Cossar acusó que “el gobierno privilegia los intereses de la política, y no los de la gente”. “Hicieron lo que quisieron”, dijo. Cossar protestó porque los peronistas, señaló, “quieren legislar para los próximos cuatro años con una mayoría que ya no existe”. Y recalcó que en un contexto nacional de ajuste y recesión para el 2024, el oficialismo dispara un “impuestazo que en cuarenta años jamás hemos visto”, en referencia a la actualización de los impuestos por inflación. Respecto de los gastos, indicó que hay “una pirámide invertida de prioridades” beneficiándose “la política” antes que la educación o la salud. 

Ley electoral 

También sorprendió ayer Orlando Arduh, radical pero aliado al peronismo, al presentar un proyecto de modificación de la ley electoral, que estaba previsto que se tratara sobre tablas luego de la discusión por el Tribunal de Cuentas. 

El proyecto señala que “la elección del Gobernador y Vicegobernador debe realizarse, como mínimo, con sesenta (60) días de anticipación a la fecha de finalización del mandato y, como máximo, dentro de los doscientos ochenta (280) días de esa fecha”. 

“Las autoridades a quienes la legislación electoral le impone la carga de llamar a elecciones para renovación de autoridades, deben disponer, a los fines de no estar sujeto a las discusiones e influencias de comicios nacionales, y discusiones políticas ajenas a lo que el pueblo cordobés haya de decidir en las urnas, debe disponer, considero, del margen necesario para fijar día de comicios, respetando el plazo mínimo a los fines de posibilitar una ordenada transición y un plazo máximo que no supere el razonable tiempo de los doscientos ochenta días”, argumentó Arduh.