Las mujeres del radicalismo suben la vara a la tensión sindical
Carrizo y Szpanin, en Diputados y Unicameral, presentan pedido de informes por los estatales cordobeses que cobraban planes sociales de Nación. El rumor que inquieta a Juntos en Córdoba ante la posibilidad de que Milei traslade planes a las provincias.
Por Gabriel Silva
La movilización que tiene prevista para hoy la CGT en Buenos Aires y en Córdoba tiene como su principal argumento el rechazo a las políticas que pretende implementar el presidente Javier Milei. Sin embargo, en territorio mediterráneo, a esa aversión se suma también la fricción que viven los estatales en Córdoba con el gobierno de Martín Llaryora por la intención de la semana pasada de discutir en la Unicameral el aporte solidario.
Un ajuste que incluía incrementar los aportes a la Caja de Jubilaciones y al Apross cuya discusión legislativa la semana pasada se desactivó, aunque los gremios nunca dejaron de estar en alerta.
Con este escenario, lo que se conoció en las últimas horas tras una publicación de Infobae acerca de empleados estatales en provincias que percibían asignaciones sociales, motivó la reacción de dos legisladoras del radicalismo: la diputada nacional Soledad Carrizo y la legisladora provincial Ariela Szpanin. Quienes presentaron sendos pedidos de informe en Diputados y en la Unicameral para que se especifique qué información tiene y aportó el Gobierno provincial a la investigación que encabeza el fiscal Guillermo Marijuán.
A Alfil, la diputada Carrizo admitió que “son 194 los estatales en Córdoba” que percibían planes sociales de la Nación como el Potenciar Trabajo. Lo que tanto Carrizo como Szpanin aún desconocen es a qué órbita sindical pertenecen dentro del mapa estatal. Es decir, no están los datos acerca del gremio al que pertenecen.
Y allí es donde apuntan los pedidos a la gestión anterior en el ministerio de Desarrollo Social provincial que encabezó Carlos Massei y a la actual que lidera Laura Jure. Carrizo también reconoció que “esto no debería pasar en Córdoba, después de todo lo que nos dicen acerca de la institucionalidad de la provincia”.
En la presentación de su pedido de informes al Ejecutivo nacional, Carrizo puntualizó que pretende conocer cuáles son los mecanismos que utiliza el ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Petovello para asegurar el correcto otorgamiento de los programas sociales.
Durante los últimos días corrió con fuerza el rumor sobre la intención de la Nación de trasladar la administración de los planes sociales a las provincias. Versión que ahora, ante la inminencia de las extraordinarias en las que Milei se juega una carta fuerte con ley ómnibus y mega DNU, volvió a tomar fuerza como prenda de negociación con los gobernadores.
Szpanin, por su parte, confirmó a este diario la presentación del pedido de informes que ya tomó estado parlamentario y entrará a la comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social. La cual, como el resto de las comisiones, aún no está conformada y es un debate que se postergará para el 2024.
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