Qué se pone en juego para Córdoba en la sesión de Diputados

El gobernador Martín Llaryora insiste en que hay que darle “herramientas” al presidente Javier Milei para que lleve adelante su plan de gobierno a la vez que le plantea que al “ajuste” debe sumarle un proyecto productivo. El proyecto de ley ómnibus que llega a la sesión de hoy en la Cámara de Diputados, llega con algunos puntos que la Provincia observa, como el capítulo relacionado a biocombustibles. La pretensión del mandatario era que se trataran los tres puntos del paquete fiscal sobre el que había acuerdos: moratoria, blanqueo y bienes personales. No lo logró.

Tampoco salió el pedido conjunto de los gobernadores de que se coparticipe el impuesto PAIS. El dictamen del oficialismo propone, en su artículo 180, extender hasta el 22 de diciembre de este año la vigencia del tributo que venció en diciembre. La idea de los mandatarios que se reunieron con el ministro del Interior, Guillermo Francos, era que se lo coparticipe. La respuesta es “por ahora, no se trata”.

 Actualmente, el 30% de lo recaudado por el impuesto PAIS se destina a financiar programas de infraestructura social en provincias y municipios; con la redacción del artículo de prórroga en el dictamen, la totalidad de la recaudación irá a las arcas de la Nación.  “El impuesto PAIS y el resto del paquete fiscal, anteriormente incluido en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, se discutirá más adelante”, comunicó oficialmente Presidencia.

Como ganancias, por el momento, también continuará como quedó con la reforma del exministro Sergio Massa, Córdoba deja de percibir unos $50.000 millones al año. Llaryora entiende que no debe retrotraerse las modificaciones porque eso impactaría en los ingresos de los trabajadores que ya enfrentan el golpe inflacionario.

El problema central de coparticipar el impuesto PAIS que grava las importaciones y la compra de dólares. Significa consolidar el cepo que la economía argentina arrastra desde hace años. Nació, precisamente, para evitar que el Banco Central no perdiera reservas. También la propuesta de los gobernadores, es la coparticipación del impuesto al cheque, una carga que nació en 2001 con la característica “de emergencia”. Tenía como fecha de finalización el 31 de diciembre de 2002 y sigue.

Otro tema en el que todavía no hay acuerdo es el referido a las privatizaciones de las empresas públicas; son 39 las que se mantienen en la iniciativa. Los libertarios no están dispuestos a negociar. Para Córdoba no deberían pasar a manos privadas, entre otras, el Banco Nación, Fadea, Arsat. Llaryora sostiene que podrían “capitalizarse” pero que ese proyecto debería pasar por el Congreso.

El segmento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses no está cerrado. El Ejecutivo dio de baja la posibilidad de liquidarlo y las 13 provincias que tienen sistema previsional propio como es el caso de Córdoba, quieren garantías respecto de los giros que Nación debe hacer para financiar el déficit en una porción igual a la que tendría si el régimen fuera nacional. Esos giros se actualizan, conforme a lo acordado en 2023 -aunque no cumplido- por la fórmula de movilidad jubilatoria.

Otra alerta se genera por la decisión de Caputo de restringir el financiamiento de las provincias a través de sus bancos públicos. En Córdoba, por el momento, no hay problemas con ese punto pero nada se puede descartar en función de la dinámica de la realidad.

Los bancos públicos o privados que administran cuentas de las distintas dependencias de los gobiernos, entes autárquicos y empresas públicas, financiaban el pago de haberes sin impacto en el cómputo del descubierto permitido en sus balances, a partir de una norma del Banco Central dispuesta en octubre de 2019 durante la gestión de Mauricio Macri. El vencimiento es el 1 de febrero y el Banco Central ya adelantó que no lo renovará.