Llaryora apunta a resolver la Caja y advierte con imponer reparto del País
El gobernador de Córdoba sigue de cerca y con diálogo con sus pares la negociación final por el articulado de la ley Bases. Hasta ahora, estaría cerrado pero sin texto final el financiamiento fijo del déficit de la Caja de Jubilaciones y de todas las transferencias armonizadas y homologadas por Anses. Si se cae, el cordobesismo presentará en el recinto un articulado para coparticipar País que tiene apoyo de los mandatarios.
Por Bettina Marengo
Con el articulado final de la ley Bases aún sin definir, mientras el propio Federico Sturzzeneger negocia punto por punto con diputados cordobeses del bloque dialoguista, el cordobesismo mantiene la advertencia de impulsar mañana en el recinto la coparticipación parcial del impuesto Pais si el oficialismo no incluye en el texto de la ley una “solución de fondo” para la Caja de Jubilaciones. Esto último estaría acordado a modo de “pacto de caballeros” dicen las fuentes varoniles, pero el gobernador de Córdoba, Martin Llaryora, se aferra a la amenaza del reparto del País para evitar una (nueva) marcha atrás del oficialismo.
Luego del gaffe del CFI, donde los mandatarios, con el sanfrancisqueño a la cabeza, y el ministro del Interior Guillermo Francos, llegaron a un preacuerdo por el reparto del 21% del impuesto que grava la compra de dólares, que luego Javier Milei hizo estallar por los aires con un tuit, la negociación con el bloque Hacemos Coalición Federal y los sectores amigables al gobierno nacional avanzó hacia el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, con fuerte participación de los diputados Ignacio García Aresca, mano derecha de Llaryora, y Oscar Agost Carreño, del PRO y cercano al entrerriano Rogelio Frigerio. En cualquier caso, para ambos temas hizo reserva el también dialoguista Juan Brugge al inicio de la sesión de la ley ómnibus. A su vez, el miembro informante de La Libertad Avanza, el cordobés Gabriel Bornoroni dejó a salvo esas cuestiones en su intervención previa a la votación donde se aprobó en general la ley Ómnibus.
Lo que habrían cerrado con los emisarios de Milei es incluir en el texto final el envío automático de partidas de la Nación para cubrir los déficit de las cajas previsionales que estén armonizadas y homologadas por Anses, manteniendo las acciones privadas que integran el FGS en manos de la entidad estatal, y con consolidación y pase al Tesoro nacional de la deuda. Llaryora, que acaba de aumentar el aporte de los trabajadores estatales a la Caja mientras cierra acuerdos salariales “colaborativos” con los gremios, atados a los ingresos de la Provincia y no a la inflación, quiere que quede establecido que la Nación cancelará la deuda previsional. Según las fuentes, Milei y su ministro Luis Caputo habrían evaluado la conveniencia económica y política de esta opción, que evita repartir entre gobernadores opositores como el peronista Axel Kicillof, parte de lo recaudado por el tributo que grava las importaciones.
Si la Provincia no obtiene lo que espera, las espadas de Llaryora aseguran que presentarán en la misma sesión del martes un articulado para coparticipar el 21% del impuesto Pais, con la expectativa de que salvo La Libertad Avanza, ningún bloque se opondrá a fondos frescos para las provincias. “Lo definimos en el recinto, presentamos el artículo y funcionamos en comisión, porque hay consenso de los gobernadores”, advirtió una fuente de bien dentro del Panal. Brugge tiene el texto listo por si hace falta. El mandatario estuvo el fin de semana en contacto con sus pares de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Salta, Gustavo Sáenz, entre otros. Salvo novedades de último momento, como una convocatoria desde la Casa Rosada, el jefe del Panal no tiene previsto viajar a Buenos Aires en la previa de la sesión que se retomará el martes a las 14 para votar el articulado. Hay que recordar que Milei viaja hoy a Israel.
Como se dijo, no hay nada cerrado. Quedó bronca por la desmentida del vocero Manuel Adorni y el reto seco de la Rosada tras la reunión del CFI donde incluso se habló de mantener el 9% de lo recaudado por el impuesto País para el programa de urbanización de barrios populares que se firmó durante la gestión de Mauricio Macri, pero con el resaltado de que las organizaciones sociales a cargo del proceso acuerden con las provincias.
No solo el impuesto País quedó como prenda de negociación entre dialoguistas y oficialismo. Sigue la tensión por los poderes delegados. El cordobesismo, pero no todo el bloque Hacemos Coalición Federal, presiona para quitar la delegación de poderes en lo fiscal, y lo más probable es que queden las emergencias administrativas, económicas y de seguridad como las centrales. También se discuten las emergencias, las privatizaciones y el artículo que establece la prórroga de jurisdicción, que le permite al Estado nacional extender, dar de baja o renegociar contratos y autoriza a subsumir litigios sobre los mismos a tribunales extranjeros. Sobre este punto hay un fuerte desacuerdo.