La burocracia nos mete el perro

Hace unos días escuchaba al legislador Rodrigo Agrelo proponer una ley para castrar a los perros potencialmente peligrosos. No dudo de las buenas intenciones del legislador, pero es una muestra más de la desorientación de la clase política y la inoperancia de los distintos niveles del Estado. Es como prohibir las hinchadas visitantes porque la policía se ve desbordada o como prohibir la salmonicultura o la minería porque no se pueden hacer los controles ambientales rigurosos que se necesitan. 

El planteo es particularmente absurdo en la provincia de origen del dogo argentino, el perro más emblemático de los de origen nacional. Hay una larga tradición de cría de perros grandes y peligrosos, pero no tanta de reducción de los riesgos que conlleva su tenencia. Ahí reside el problema fundamental: la gente es indolente, irresponsable e inconsciente, pero el Estado es -además- lento y perezoso para diseñar y administrar registros de propietarios o mecanismos de control para prevenir tragedias.

Las burocracias públicas se han multiplicado hasta tal extremo que se ha construido un esquema en el que nadie es jamás responsable de nada, pero fundamental en una cadena de trámites para delegar la responsabilidad en otro. Como un perro que se persigue la cola, cualquier ciudadano preocupado por las potenciales consecuencias negativas de la tenencia irresponsable de un perro de las características antes mencionadas se verá dando vueltas en círculos, conectando a cada nueva repartición que lo manda hacia la próxima estación dentro de la burocracia.

Esta es una historia real que transcurre en un barrio residencial de la ciudad de Córdoba. Tras cuatro episodios de ataques o peleas de un perro rottweiler, justo sucede que aparece un vehículo de cierta repartición pública dedicada al tema de los animales. Una vecina preocupada por el perro en cuestión se acerca a la responsable de la cuadrilla. La señorita le dice que no puede hacer nada, pero le da un número de WhatsApp para que inicie la gestión.

Al contactar a la municipalidad por ese medio, le pasan un link para seguir la gestión de manera online. Allí la esperaba un banner con un 0800 al que había que llamar para denunciar al perro potencialmente peligrosos. Contactado el call center, la operadora le dice que tiene que descargarse la app Huella Animal para hacer la denuncia. Así, tuvo que pasar por cuatro instancias para que le dijeran que se baje una aplicación para hacer una denuncia que llegaría a la misma repartición con la que se inició toda esta cadena. 

El proceso deja a la vista el deterioro general de la responsabilidad en la función pública, que empuja al simple reflejo de prohibir como única salida a un problema. Todos esos empleados públicos deben haber festejado el Día del Trabajador, pero pareciera que no les correspondía.

El caso es apenas una muestra de lo que sucede regularmente, donde solamente se hacen anuncios que quedan bien para promocionar candidaturas, pero que no resuelven los problemas reales de los ciudadanos. ¿Por qué un cordobés debería instalar en su teléfono una aplicación específica para denunciar a un perro potencialmente peligroso, siendo que se contactó por todos los medios posibles con el Estado municipal antes de llegar hasta ahí?¿qué certeza hay de que se resolvería el problema? Desde los primeros intentos del gobierno de Mestre para que se puedan hacer denuncias con la app que siguen pidiendo instalar cosas que no funcionan.

Cualquier persona es tan buena y colaborativa como se lo permiten. Si alguien quiere levantar la mesa y le dicen que no, pronto va a dejar de ofrecerse. Lo mismo pasa con los ciudadanos que quieren ayudar a que el Estado sea más eficiente: si quieren ayudar a prevenir una tragedia y solamente reciben evasivas, pronto se van a cansar de probar. Así, los empleados municipales deben escuchar de manera recurrente que si no hacen algo pronto el caso va a salir en el programa del Lagarto Guizzardi o en el del Turco Genesir. Es más, están tan atareados que deben verlos y escucharlos cuando salen en uno u otro programa.

Cada tanto vuelve a salir el tema a flote porque algún perro mordió o mató a un niño, o tildan de loco al vecino que decide ir a matar a un perro que lo corre cada vez que se baja del colectivo para volver caminando a su casa. El Estado es una institución que debe mediar entre los vecinos para evitar que los conflictos escalen. Cada vez que los burócratas prefieren comer criollos antes que resolver un problema, los ciudadanos lo sufren. Eso sí, todos encuentran alguna forma de meterse en una cadena de evasión de responsabilidades, justificando su existencia en un proceso innecesario, que le complica la vida a la gente y le da la posibilidad a los políticos de presentar esos proyectos absurdos que les dan un ratito de cámara en los noticieros de las 20 y un par de posteos en sus redes sociales. Total, cuando el perro finalmente muerda a alguien, todos ellos van seguir cobrando su sueldo, ajenos a la tragedia que se esté viviendo en esa casa.