La Defensoría del Pueblo, territorio para jugadas magistrales

Por Carolina Biedermann

A pesar del hermetismo en el entorno del Defensor del Pueblo, Mario Decara, hace pocos días trascendió la información sobre la renuncia de Hugo Pozzi, Defensor Adjunto. La salida del dos de Decara deja vacante un lugar que debe ser ocupado a la brevedad, ya que el próximo 3 de julio vence el mandato, y este no puede ser prorrogado, ni modificado, sin la figura del Adjunto presente.  

El lugar de Pozzi debe ser asignado por Decara en los próximos días, y esta decisión sería dialogada con el gobernador Martín Llaryora. En el nombre del adjunto, estaría la pista para conocer cómo seguirá el rumbo de esta institución tan preciada por el radicalismo, en el caso de que se apunte a una prórroga de la actual gestión.

Mientras tanto Decara no se bajó de la posibilidad de asumir un cuarto mandato consecutivo. Las gestiones en la defensoría duran cinco años y desde el año 2008, el radical representa a esta institución. En paralelo, desde el arco político ven inminente el fin de la gestión del actual Defensor, por el tiempo que lleva en función y en la salida de Pozzi, la chance de que Decara deje el lugar a alguien de su confianza.

Por tradición nunca reglamentada, los ex gobernadores José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti entregaron la Defensoría del Pueblo a la oposición, siempre en manos del radicalismo. Esta falta de reglamentación abre dos disyuntivas a  Llaryora: continuar con la tradición o recuperar este sillón para el peronismo, que maneja un presupuesto anual de tres mil millones de pesos.

El peronismo llaryorista llegó para recuperar todos los espacios de poder en la provincia, pero romper con un acuerdo tácito sería abrir un enfrentamiento con la oposición que poco rédito puede darle. Dirigentes del mismo peronismo acentúan que “hay que elegir qué batallas librar, y esto abriría una herida innecesaria”. Aún hay otros lugares pendientes, de más interés para el peronismo, como lo es el lugar en el Tribunal Superior de Justicia, que continúa vacante.

En el marco de la construcción del partido cordobés, y como viene siendo recurrente en el esquema de construcción del gobernador sanfrancisqueño, se abre también una posibilidad de asignar ese lugar a algún opositor caído, en acuerdo entre el oficialismo y la oposición radical.   

Un dato no menor en la reglamentación, para la asignación, limita la posibilidad de elegir a un peronista o a un radical. ¿Por qué? Porque el Defensor debe ser votado por dos tercios en la Legislatura, y los únicos que pueden alcanzar esos números en la Unicameral, son los dos partidos con mayoría. Excepto que los demás partidos alcancen muy buenos acuerdos como para que sus opositores entreguen este lugar tan pretendido.

Son muchos los nombres que suenan pero aún no hay certezas. Hasta hace poco, el deloredismo fogoneó el nombre de Julio Ochoa, ex negrista y actual integrante del Tribunal de Cuentas de la Ciudad de Córdoba. En un escenario como este, la salida de Ochoa, del Tribunal, le abriría el paso a Esteban Bría para ingresar al estamento municipal.

Marcos Carasso es otro de los que suenan fuerte. La conducción de la Unión Cívica Radical busca un nuevo norte y el dirigente queda liberado para continuar con nuevas funciones, con peso propio dentro del partido centenario.

Proceso de designación

La designación de un nuevo Defensor del Pueblo pasa por la Legislatura de Córdoba. Lo propone un legislador, luego el proyecto ingresa a la Comisión de Asuntos Constitucionales y finalmente, cuando llega al recinto, debe ser votado por los dos tercios de los legisladores presentes.  

Dado este proceso y el calendario en la unicameral aprieta. Este miércoles 26 de junio será la última sesión del primer semestre pero habrá actividad hasta el viernes 5 de julio. Si bien hasta hace poco se sostuvo la posibilidad de que Decara extienda su mandato hasta después del receso invernal, pisa fuerte la alternativa de una sesión especial, antes del receso, y cerrar el semestre con nombres definidos.

Cambio en el reglamento

Este miércoles es la última sesión en la Legislatura de Córdoba, previa al receso de invierno. El legislador Gregorio Hernández Maqueda presentó un proyecto en la Unicameral con el que busca modificar la ley que normaliza la Defensoría del Pueblo. Esta propuesta apunta a regular en la Constitución Provincial que el Defensor sea alguien por fuera de la política, que no esté afiliado a ningún partido, sindicato ni participe en colegiaturas profesionales. La iniciativa ya cuenta con las firmas de los ediles del PRO y del Frente Cívico, pero el mismo Hernández Maqueda no cree que le den lugar a poder avanzar con la idea ya que es un lugar de negociación entre peronistas y radicales.