Por Francisco López Giorcelli
Semana más que movida para la UNC y su comunidad universitaria. Por un lado en el Honorable Consejo Superior se aprobó la formación en materia de género para todos los estudiantes de la UNC (Ley Micaela), mientras que dieron a conocer los avances de la obra que dará forma a la nueva residencia universitaria.
Al mismo tiempo se conoció que para el 26 de septiembre se realizará un paro nacional docente y no docente en el marco de la lucha por el salario y el presupuesto universitario de cara al 2025. El paro será la antesala a la nueva marcha federal universitaria que se organiza para los primeros días de octubre.
Respecto a lo primero, la iniciativa fue prestada por Franja Morada y establece que estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba deberán capacitarse sobre temáticas de género y violencias contra las mujeres e identidades no heteronormativas.
La propuesta busca "potenciar una transformación cultural que promueva la igualdad de derechos y la erradicación de las violencias de género", según la resolución. Cabe recordar que hubieron tres femicidios en los últimos dos años que involucraron a estudiantes de la UNC, la última víctima fue Catalina Gutiérrez, asesinada por un compañero de la facultad.
La iniciativa alcanza a estudiantes de pregrado y grado de la UNC que comiencen sus estudios a partir de 2025. El claustro estudiantil deberá realizar, de forma obligatoria, instancias formativas coordinadas por la Unidad Central de Políticas de Género (UCPG).
Al mismo tiempo que el Superior aprobaba esta resolución se daban a conocer los avances en el proyecto de la residencia universitaria, iniciativa que surgió en mayo de este año, previo a las elecciones y que generó polémica por la especulación electoral que esto significó. De todas formas, los avances que se hagan en materia de garantizar el ingreso, permanencia y egreso de la Universidad siempre es bien recibida.
La residencia, parte de un edificio que alquilará la UNC, se encuentra en la esquina de las calles Tucumán y Deán Funes, a pocos pasos de diversas dependencias universitarias. Tendrá capacidad para albergar a aproximadamente 150 estudiantes, distribuidos en nueve pisos, ocho de los cuales serán destinados a habitaciones compartidas.
Cada piso contará con entre cinco y seis habitaciones, y la cantidad de residentes por habitación puede variar entre dos y seis personas. El noveno piso estará destinado a un espacio común y una sala de estudio, diseñada para fomentar el aprendizaje y la colaboración.
La gestión del lugar estará a cargo de la Secretaría de Bienestar Universitario y Modernización, que también supervisará el cumplimiento de los reglamentos, aún pendientes de aprobación por el Consejo Superior.
Entre los requisitos para acceder al alojamiento, los estudiantes deberán residir a más de 50 kilómetros de la ciudad y estar cursando su primer año en la UNC. Solo podrán vivir en la residencia por un máximo de un año. En este punto se abre polémica ya que después de ese año, sin un acompañamiento cada estudiante o un asesoramiento es difícil conseguir un lugar donde vivir y accesible para las económicas familiares que cada día sufren más el ajuste libertario.
El proyecto no solo responde a la necesidad de alojamiento, sino que también representa una inversión importante por parte de la universidad. Mientras que la UNC financiará una parte significativa del costo, los estudiantes deberán cubrir el resto, que se estima serán unos $40.000 por estudiante, que comparado con un alquiler se vuelve accesible.
Las inscripciones para postularse a este nuevo espacio de alojamiento comenzarán en octubre, coincidiendo con la apertura de las becas universitarias. Según explicaron de la universidad, la expectativa es alta entre estudiantes y familias, que ven en esta iniciativa una solución a las preocupaciones habituales sobre dónde alojar a los jóvenes durante su primer año en la universidad.
Pero para la comunidad universitaria hubieron otras noticias que hicieron poner en alerta a todo el arco político de la UNC. Es que luego de meses de reclamo salarial y con un proyecto aprobado en ambas cámaras de diputados y senadores, el presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario.
La Ley que garantizaba aumentos salariales acordes a la inflación acumulada en 2024, además de garantizar financiamiento a las universidades y al sistema cientifico, en términos económicos significaba una inversión del 0,14% del PBI, algo no muy sustancial y que además es de suma importancia para el desarrollo social y productivo del país.
Por lo que en este marco propuesto por la administración nacional, en dónde se le niega el financiamiento a las universidades, los gremios nacionales de docentes y no docentes confirmaron que habrá paro nacional el próximo 26 de septiembre, el cual esta casi confirmado por ADIUC y la Gremial San Martín, solo falta que se hagan públicos los comunicados que confirmen la decisión en Córdoba.
De cara a octubre estiman que se realice una nueva movilización, como confirmó Alfil hace unos días, por lo que la universidad entra en un nueva etapa de sostenimiento interno y de continuidad de la disputa con, paradójicamente, el Gobierno Nacional.
