La reacción en la Casa de Trejo al veto de Milei

Por Francisco Lopez Giorcelli

Una multitud se movilizó ayer desde la Ciudad Universitaria por la avenida Hipólito Yrigoyen hasta la plaza Agustin Tosco (ex plaza Vélez Sarsfield) en el marco de la marcha federal por la educación pública y en apoyo a la Ley de Financiamiento Universitario. Allí, miembros de la comunidad local, sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales y vecinos de la ciudad colmaron las calles del centro de la ciudad.

La movilización estuvo encabezada por los gremios docente y no docente, estudiantes y las autoridades de la UNC, entre ellas el rector Jhon Boretto y la vicerrectora Mariela Marchisio. En el escenario ubicado a la altura de la intersección de las calles av. Hipolito Yrigoyen y Obispo Trejo se leyó un comunicado en conjunto con todos los sectores de la universidad.

“La situación hoy es más crítica que a comienzos de año, con un capítulo dramático en materia salarial. La pérdida de quienes trabajamos en las universidades públicas es de una gravedad inusitada; con un porcentaje enorme de docentes y no docentes percibiendo un salario por debajo de la línea de la pobreza, cuando no de la indigencia. Esto compromete uno de los núcleos de la Universidad Pública, pues pone en riesgo la continuidad de los cuadros académicos, de administración y de servicios esenciales para su funcionamiento”. El documento llevó las adhesiones de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC), la Gremial San Martín (No docentes) y de la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (Adiuc).

“Para toda la comunidad estudiantil, lo que meses atrás era una profunda preocupación por el ajuste presupuestario, hoy es una emergencia que pone en riesgo la esencia misma de la educación pública argentina. Una realidad cada vez más difícil donde el acceso irrestricto está amenazado por la crisis económica y social que se profundiza con cada medida y afecta particularmente a estudiantes de todo el país. El acceso y la permanencia para los hijos e hijas de familias trabajadoras se convierte en una realidad cada vez más lejana” dijeron las oradoras encargadas de leer el documento.

Los números de la marcha en todo el país fue contundente, más de un millón de personas en todo el territorio argentino se movilizaron en apoyo a las universidades, lo que sin dudas generó mucho ruido en Balcarce 50. La incomodidad del oficialismo se vio reflejada en redes sociales donde la tropa troll que trabaja para el gobierno nacional estuvieron activos en redes intentando descalificar constantemente la movilización.

“La marcha es política” repetían constantemente en redes sociales los perfiles truchos y los militantes libertarios del presidente, como si la decisión de desfinanciar la educación pública superior no fuese una decisión política. Pero más allá del discurso construido por el oficialismo que hace agua por todos lados, es importante ver que pasará en el corto plazo respecto a la ley que fue vetada después de la movilización.

El veto fue oficializado a través del Decreto 879/2024 publicado en el Boletín Oficial este jueves por la madrugada. Inmediatamente los legisladores ya buscan unificar los pedidos provenientes de cuatro bloques - UCR, Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal y Coalición Cívica - y la sesión podría llevarse a cabo el próximo 9 de octubre por un pedido de los radicales.

Una parte del bloque de Diputados de la UCR pidió una sesión especial para el miércoles 9 a las 11 para tratar el veto de Javier Milei a la ley de presupuesto de las universidades. La convocatoria no lleva la firma de los cinco radicales aliados al Gobierno, Pablo Cervi, Martin Arjol, Federico Fourier, Mariano Campero y Luis Picat (Córdoba), este último ya había dicho que acompañaría el veto.

Pero también entra en juego el bloque del PRO el cual casi todo el bloque (34 de 38) ya había votado en contra del proyecto que financia  las universidades y habilita una recomposición salarial a docentes y no docentes. “La educación pública es una bandera del PRO” les habría dicho Mauricio Macri a sus diputados, lo que, junto al silencio público del ex presidente, pone un manto de duda sobre los planes de Milei para confirmar el veto.

Básicamente si el Gobierno no puede mostrar una alianza con el PRO, no tiene cómo evitar la derrota en Diputados y en el Senado el panorama es más complejo para los libertarios ya que UP y la UCR quedan a sólo dos votos de la mayoría especial, que pueden alcanzar con el bloque de Santa Cruz. Además, en esa cámara hubo miembros del PRO que votaron a favor cuando se sancionó la ley.

Por otro lado, los diputados y senadores de Córdoba ya dieron señales de como van a votar en la sesión donde se trate el veto y en su posible tratamiento en el Senado. Primero Luis Juez dijo que "es un error darle la espalda a la educación pública en Argentina". El ex candidato a gobernador aseguró que "conmigo no cuenten. No voy a hacer nada para destrozar la educación pública", dijo enfáticamente el senador nacional por Córdoba.

"Intentar confundir el reclamo universitario con los impresentables que se fueron a colgar de la marcha es no entender la historia de la Argentina. Yo no sería abogado si no fuera por la universidad pública, después podemos discutir todo lo demás", sostuvo el legislador cordobés a Mitre Córdoba.

También se vislumbra la postura unánime de los diputados que responden al gobernador Martín Llaryora, quienes no sólo votarán en contra del veto sino que además trabajarán para construir los dos tercios necesarios para ratificar la ley. Al mismo tiempo y sin sorpresas, los dos representantes del kirchnerismo cordobés Gabriela Estévez y Pablo Carro rechazarán el veto.

Del otro lado de la vereda, la UCR y el PRO se dividirán nuevamente a la hora de votar. Los radicales Rodrigo de Loredo (jefe de bloque) y Gabriela Brouwer de Koning y los amarillos Oscar Agost Carreño y Héctor Baldassi votarán a favor de las universidades públicas.

El radical Luis Picat, Laura Rodríguez Machado y Belén Avico, ambas del PRO, van a apoyar el veto presidencial; al igual que los tres diputados oficialistas: el jefe de bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, la legisladora de ese espacio Celeste Ponce y la representante del MID, Cecilia Ibáñez, anticipó un informe del diario La Voz del Interior. Hay que recordar que este último grupo fue parte de los invitados al asado presencial después de negarle el aumento de menos de 20 mil pesos a los jubilados.

Aún resta que se confirme el pedido de sesión que impulsan distintos bloques pero la rosca ya está que arde en los pasillos de Casa Rosada y en los despachos de las y los diputados. Más allá de que si se logra frenar el veto, la señal que vió el gobierno ayer fue clara, hay algo que se está formando que puede movilizar masas, algo que los libertarios no logran hacer, un poco por la inexperiencia y otro poco porque la gente no ve ninguna recuperación económica.

En caso de que el gobierno nacional no logre mantener el veto ya analizan la posibilidad de “judicializar” la ley para que no se aplique. De todas formas esto es un “paso a paso” por lo que las luces ya están sobre los y las diputadas que tienen la posibilidad de empezar a escribir una nueva etapa en esta época libertaria.