La “ley Montero” consiguió el respaldo del oficialismo y buena parte del arco opositor. Propone poner un límite a aquellos jóvenes que cometan delitos graves.
Provincial06 de marzo de 2025
Redacción Alfil
En medio de una tensa sesión, la Unicameral aprobó este miércoles y con un contundente respaldo la ley que establece el nuevo Procedimiento Penal Juvenil. La iniciativa incluye medidas de resguardo institucional para aquellos menores de 16 años que hayan cometido delitos graves, que deberán estar alojados en el Complejo Esperanza. Y se agrega, además, medidas de contención y seguimiento.
La aprobación de la misma logró un alivio en el arco oficialista después de lo que se trabó la discusión a finales del año pasado el proyecto conocido como “ley Montero”, en referencia a la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, impulsora de la iniciativa que llegó desde el Ejecutivo.
En aquel momento, Hacemos no había logrado una posición homogénea y se decidió el pase a comisión del proyecto.
Ahora, con el respaldo de todo el oficialismo, las bancas del interbloque Juntos por el Cambio, los bloques unipersonales y el radicalismo de Dante Rossi; y a pesar del rechazo de Luciana Echevarría, como así también de Federico Alesandri, se aprobó el proyecto presentado por los oficialistas Miguel Siciliano, Victoria Busso y Julieta Rinaldi.
Con la flamante iniciativa, se prevé que “cuando una niña, niño o adolescente, que no haya alcanzado la edad para ser declarado penalmente responsable, se le atribuya la comisión de un delito, el juez Penal Juvenil puede, por un lado, archivar las actuaciones basado en la condición de la edad de menor, o disponer de medidas socioeducativas”.
Una vez sancionado el nuevo régimen, la propia Montero manifestó: “celebro la determinación de la Legislatura de avanzar en una normativa en materia procesal penal juvenil, una atribución que es de las Provincia. Normativa que aporta claridad y permitirá abordar en mejores condiciones una realidad compleja”.
“Sin perder rigor técnico, la nueva ley expresa una respuesta con fuerte criterio de realidad, fruto de una amplia ronda de consultas con diversos sectores, universidades, operadores del sistema, instituciones, funcionarios judiciales y el equipo de SeNAF y de este Ministerio. Resultado de ese trabajo de construcción colectiva es el consenso que obtuvo en el cuerpo, aprobado prácticamente por unanimidad, donde valoramos especialmente el aporte de todos los bloques parlamentarios”, dijo además la integrante del gabinete llaryorista.
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