1ra parte
Nacional12 de marzo de 2025 Eduardo Dalmasso
Por Eduardo Dalmasso*
La revolución libertadora, conducida por los sectores más duros de las Fuerzas Armadas, se planteó eliminar todo vestigio de la política popular y de sus símbolos. Al autoritarismo imbuido de una conciencia popular se lo intenta hacer desaparecer mediante un nivel de represión cívica y militar que a lo largo de los años resultó infructuosa. Los jefes de la insurrección no comprendieron que, más allá del personalismo, la sociedad argentina había vivido una revolución social que había incorporado a la vida democrática y al bienestar a los sectores del trabajo y a los menos favorecidos. José Luis Romero, ya en el 1951, sostuvo que “Las masas no renunciarían ya al progreso que habían alcanzado, y sería ineficaz cualquier planteo que se haga en base a retrotraer su situación a la de hace diez o veinte años atrás”.
Niveles de represión
El régimen, investido de poderes totales, dicta el decreto 3855 prohibiendo el proselitismo peronista y todo tipo de manifestación en cualquier ámbito, público o privado. Se interviene la Confederación General del Trabajo (CGT), se disuelve el Partido Justicialista y a todos sus afiliados se les imposibilita la obtención de empleos o cargos públicos. Su determinación de borrar todo vestigio de Peronismo se pone en evidencia al fusilar a los militares sublevados, cuyo líder era el General Valle. A esto se agrega la ejecución de civiles en Lanús y en el basurero de José León Suarez. Esta tragedia se completa con el dictado de la Ley Marcial.
Ese mismo año, Perón editó en Santiago de Chile el primero de sus libros del exilio, La fuerza es el derecho de las bestias, en el que justificaba la acción política de su gobierno y tachaba de cinismo la pretensión de la dictadura de calificar a su gobierno como una dictadura, cuando su única fuente de poder eran las armas.
La resistencia a través de huelgas y atentados desafiaba al riguroso control. Hasta el 57 se computaron 125 atentados. Entre ellos, una huelga en la fábrica de Siam Di Tella que remata en un incendio intencional y las voladuras de un puente ferroviario y de un conducto de nafta en Villa Domínico. La violencia se intensifica entre los años 1958 y 1961, durante el Gobierno de Arturo Frondizi. En ese período, se pierden millones de horas de trabajo, se produce la toma del Frigorífico Nacional Lisandro de la Torre y se hacen volar depósitos de combustibles de la Shell en Córdoba.
Miradas que cambian
La certidumbre de que todos los resortes del poder económico estaban en manos de la ortodoxia económica liberal, en total contraposición con los principios sostenidos por el justicialismo, y la evidencia de que la libertad de los mercados se sostenía a fuerza de bayonetas, lleva a fracciones importantes de la izquierda marxista y del campo nacional a revisar sus posiciones antiperonistas y su mirada sobre el gobierno de Perón. Carlos Altamirano (1998) cita a Fermín Mignone, quien fuera Ministro de Educación en el Gobierno de Domingo Mercante, como testigo de un nuevo paisaje en 1960. “Al observador de la vida argentina le es fácil advertir en los últimos años la presencia y el desarrollo de corrientes intelectuales y políticas que procuran unir la ideología marxista con los valores nacionales”.
Realidades
El Gobierno militar profundizó las antinomias, la sociedad se polarizó aún más y la inestabilidad política y económica continuó siendo una constante. Las políticas económicas implementadas por los gobiernos militares no lograron estabilizar la economía, lo que exacerbó los conflictos sociales. La inflación y el desempleo aumentaron, generando descontento entre la población. Carlos Altamirano destaca que uno de los principales debates durante la Revolución Libertadora giró en torno al camino que debía tomar el capitalismo argentino después de Perón. Este debate, que había comenzado en los años treinta, se reanudó con fuerza tras el derrocamiento de Perón.
La coalición que derrocó a Perón era heterogénea y tenía diferentes visiones sobre el futuro del país. Esta falta de definición dentro de la coalición triunfante generó controversias políticas sobre cómo manejar la transición y qué políticas económicas implementar.
La falta de legitimidad del gobierno y la creciente presión social e internacional llevaron a los militares a buscar una salida seudo democrática, lo que desembocó en las elecciones de 1958 y la entrega del poder a Arturo Frondizi.
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