Piedra libre de la oposición; prórroga del oficialismo

Por Felipe Osman

El resto de las bancadas opositoras siguieron los pasos de Encuentro Vecinal, que motu proprio decidió dar a conocer el listado de los asesores de sus legisladores. Tras sus pasos siguieron, entre otros, el radicalismo. Solo resta el oficialismo, que eludió ofrecer hasta ahora una respuesta completa y circunstanciada.

En rigor, nadie lo hizo. Porque los contratos que hasta el momento se dieron a conocer son los correspondientes a los cinco asesores que, por reglamentación interna de la Legislatura, corresponden a cada legislador. Sin embargo, nunca se trató de eso.

Si Virginia Elizabeth Martínez, la ‘empleada fantasma’ designada a solicitud de Nadia Fernández y cuyo sueldo intentó cobrar Kraisman (fraude mediante) siguiera siendo hoy empleada de la Legislatura, los datos que hasta ahora se han publicado no alcanzarían para revelarlo. Y no (sólo) porque el oficialismo no ha entregado aún la lista de quienes asesoran a cada uno de sus legisladores. Sino porque Martínez era una asesora de bloque, no de un legislador en particular. Y todos sabemos cuánto se licúan las responsabilidades cuando son colectivas.

Sobre el final de la semana pasada, flotaba en la oposición la hipótesis de que la avanzada contra la falta de transparencia del Poder Legislativo contaba con el visto bueno del peronismo, que así conseguiría que las esquirlas del caso Kraisman alcanzaran a propios y ajenos por igual. De ahí la decisión del resto de los bloques opositores de sumarse a la iniciativa de Encuentro Vecinal, para asegurarse de que el total del costo político devengado hasta ahora quede a cargo del oficialismo.

A su vez, dentro de Hacemos por Córdoba también calculan a quién le tocará pagar el muerto. Al punto de que el asunto no sólo ha recrudecido una interna sorda entre la presidenta de la Cámara, Myriam Prunotto, y el presidente del bloque oficialista, Miguel Siciliano, sino que ahora el presidente provisorio de la Legislatura, Facundo Torres, ha desplegado una prolija maniobra de dilación. 

Torres ha decidido, como manda el manual, no incumplir con la orden de la Justicia de responder el pedido de acceso a la información púbica planteado por La Voz del Interior, sino hacerlo mal, de manera que ahora el interesado deba insistir en el pedido. Y cuando llegue el momento de rectificar la información ofrecida (si llega), Prunotto ya habrá vuelvo de su descanso, y el legislador habrá salido de la línea de fuego.

A un cuarto de siglo de que la Constitución de Córdoba se haya reformado para, entre otras cosas, transmutar el sistema bicameral en otro de una única cámara, y conseguir así “reducir los costos de la política”, los gastos del Legislativo siguen estando bajo la lupa.

En una nueva ola de cuestionamientos al sistema político, a “la casta” y a los costos que esto carga sobre los ciudadanos de a pie, la lupa vuelve a caer sobre la Legislatura. Y los opositores lo soportan a regañadientes. Y tienen un punto.

Toda presión por una mayor transparencia en el manejo del Estado siempre es siempre saludable. Sin embargo, nadie puede dudar de que, en cualquier esquema, los grandes costos de la política no aparecen directamente conectados al Legislativo, sino al Ejecutivo.

Las contrataciones, el desarrollo de obra pública, la conformación de los planteles públicos para la posterior prestación de servicios y demás, son competencias del Ejecutivo, que además cuenta con generosos márgenes de discrecionalidad para desarrollar sus actividades.

Los opositores no ocultan que los costos políticos que el oficialismo pueda pagar a raíz del cinematográfico ‘caso Kraisman’ son ‘bienvenidos’. Pero en off admiten que, si pudieran elegir, preferirían que el foco estuviera puesto algunos metros más al sur.