Gabriel Silva
Por Gabriel Silva
Mientras continúa el conflicto de los empleados judiciales en Córdoba que ayer lanzaron un paro por 72 horas que concluirá mañana, el juecismo avanzó en la Unicameral con un pedido para que se declare “la emergencia funcional, operativa y salarial del Poder Judicial en Córdoba por un año”.
“Presentamos un proyecto para que se declare la Emergencia en el Poder Judicial de Córdoba. Sueldos debajo de la línea de pobreza, condiciones edilicias deterioradas, agotamiento crónico y una crisis estructural profunda describen un problema que no es solamente salarial: es funcional, operativo y estructural”, dijo el jefe del bloque del Frente Cívico en la Unicameral, Walter Nostrala. Quien, junto al pedido sostuvo: “le exigimos al gobernador (Martín) Llaryora que garantice todos los fondos y recursos necesarios, a través del Tribunal Superior de Justicia, para restituir la dignidad laboral y asegurar un servicios de justicia eficiente, que valore el capital humano y profesional de quienes integran el Poder Judicial”.
Sin embargo, a pesar de la iniciativa del Frente Cívico en la Legislatura provincial, en el Ejecutivo insisten con que es un tema que se debe resolver en el ámbito del TSJ. Con lo cual, resulta difícil que se involucren en el conflicto como ya lo contó este diario.
A pesar de que, precisamente en el artículo 4 de los presentado por Nostrala se pide un trabajo conjunto entre la cartera de Justicia a nivel provincial que encabeza el ministro Julián López y el Tribunal Superior.
“Facultase al Ministerio de Justicia y Trabajo de la Provincia, conjuntamente con el Tribunal Superior de Justicia, a dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para la aplicación de la presente Ley, incluyendo la conformación de una Mesa de Diálogo Institucional con los representantes de los trabajadores judiciales, representantes de la Legislatura y representantes del Poder Judicial”, reza el escrito que ayer difundió el juecismo.
En el proyecto, el Frente Cívico también difundió la escala salarial como argumento para la presentación del pedido de emergencia. “Hasta el mes de febrero del 2025 el sueldo neto de un empleado judicial ingresante asciende a un monto de $ 850.000 -luego de la reestructuración de la planta-, un empleado sin título con 1 año de antigüedad tiene un sueldo de $ 900.000 y ello incluye asignación familiar por hijo y ayuda escolar, mientras que un empleado con 5 años de antigüedad apenas alcanza a cobrar un sueldo de $1.100.000”, dicen.
Y apuntó, además, al acuerdo tripartito que los Judiciales, la Provincia y el TSJ firmaron en el 2016 para equiparar salarios entre los empleados provinciales con los del fuero federal. Medida que alcanzó únicamente a los magistrados y funcionarios judiciales en un 90%, pero no hubo esa equidad con los empleados.
Medida de fuerza
En tanto, como se dijo, los Judiciales arrancaron ayer con el paro por 72 horas que mañana tendrá una modalidad activa a las 10 en la explanada de Tribunales I sobre calle Caseros y a las 13 se retomará el cuarto intermedio de la Asamblea Extraordinaria para definir las medidas a seguir para la semana próxima.
