Tras la sentencia final de la Corte Suprema, CFK solicitó prisión domiciliaria sin tobillera

La defensa de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner solicitó ante el Tribunal Oral Federal 2 que la ex presidenta cumpla su condena directamente con arresto domiciliario en su casa, ubicada en San José 1111.

El juez Jorge Gorini, a cargo del Tribunal, otorgó un plazo de cinco días hábiles para que todos los condenados se presenten personalmente en Comodoro Py y se entreguen para quedar detenidos. Además, solicitó al Ministerio de Seguridad de la Nación que busque lugares adecuados para el alojamiento de los detenidos mientras se resuelven los planteos de las partes.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola firmaron un pedido de "inmediata detención" de Kirchner. Argumentaron que el plazo otorgado por la Justicia para su presentación era excesivo, especialmente porque incluía un fin de semana y un feriado nacional.

Por otro lado, tras el fallo de la Corte Suprema, los abogados de Kirchner —Carlos Beraldi y Ary Llernovoy— presentaron un extenso escrito en el que solicitaron que se evite su paso por una alcaidía, y que se disponga directamente el arresto domiciliario en su residencia actual.

En el documento, señalaron que la exmandataria tiene derecho a cumplir la condena en su domicilio debido a su edad, 72 años, y por riesgos a su seguridad. Basaron su argumento en el atentado que sufrió en septiembre de 2022 y en su condición de ex presidenta.

"El cumplimiento de una pena privativa de libertad solo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria", sostuvieron sus abogados, y argumentaron que dejarla presa en una cárcel común "de ninguna manera es compatible con los recaudos de seguridad que deben garantizarse a una persona en la situación de nuestra asistida".

Asimismo, la defensa solicitó que se le conceda el arresto domiciliario sin tobillera electrónica, argumentando que la custodia las 24 horas hace que el uso de este dispositivo sea "completamente innecesario", aunque su uso está previsto en la Ley de Ejecución Penal.