El PRO Córdoba barre… lo poco que le queda

Con la venia de la conducción nacional, la intervención del PRO activó un operativo de limpieza interna que alcanzó a dirigentes con peso territorial, como Yanina Vargas, y experiencia política nacional, como Oscar Agost Carreño.

Provincial18 de junio de 2025Carolina BiedermannCarolina Biedermann
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Por Carolina Biedermann

Intervención y disciplinamiento.
En el peor momento institucional del PRO Córdoba, la conducción interventora del partido, haciendo caso a la estructura nacional, decidió avanzar con una tanda de desafiliaciones. La medida alcanzó, en las últimas horas, a un grupo de militantes de la capital provincial, de la construcción de la dirigente Yanina Vargas, mano derecha de Javier Pretto y figura clave en el armado territorial de la ciudad.

Los notificados recibieron un correo electrónico con acusaciones de haber promovido actos de “propaganda, proselitismo y apoyo electoral” a favor de Hacemos Unidos por Córdoba, fuerza que compite directamente contra Juntos por el Cambio en las elecciones generales del 2023. Según el texto, esa conducta justifica la aplicación de la sanción máxima: la expulsión.

El comunicado fue enviado desde un correo electrónico del Tribunal de Disciplina del PRO, mientras el partido y todos sus organismos se encuentran intervenidos.

El caso Vargas: campaña para otro partido y suspensión preventiva

El miércoles, Yanina Vargas fue notificada formalmente por el interventor Henry Leis del inicio de un proceso disciplinario en su contra. La acusan de haber hecho campaña activa a favor de Hacemos Unidos por Córdoba, mientras seguía siendo afiliada al PRO y ocupaba un cargo partidario. Entre otras cosas, se señala que fue candidata a concejal en la lista que encabezó Daniel Passerini en 2023, no renunció ni a su afiliación ni a su cargo partidario mientras militaba para otro partido, y mantuvo en sus redes sociales el logo del PRO mientras ya estaba jugando en otro equipo.

El interventor considera que esa conducta representa una “falta grave” que afecta la imagen, unidad y credibilidad del partido. Por eso, ordenó suspender preventivamente como afiliada por 90 días, plazo que podrá extenderse hasta que se resuelva su situación de fondo.

También se le corrió un nuevo traslado de la denuncia, ya que Vargas había objetado anteriormente la forma en que se la había notificado. Ahora tiene cinco días para hacer su descargo, presentar pruebas y defenderse formalmente.

En total, el expediente cuenta con 65 fojas, que incluyen la denuncia, documentación respaldatoria y las normativas partidarias que se usarán como base para definir si finalmente se la desafilia o no.

¿Puede el interventor sancionar?
Henry Leis, ex presidente de Anses Córdoba durante el gobierno de Mauricio Macri, fue designado por el Consejo Nacional y conserva el control total del sello. Ante esta situación, la pregunta que muchos se hacen es si el apoderado puede avanzar con sanciones partidarias en nombre de un órgano que no está funcionando con independencia.

Fuentes cercanas al núcleo duro macrista en Córdoba aseguran que las desafiliaciones seguirán llegando. No se trataría sólo de Vargas y de su equipo. El criterio para la expulsión es: echar a todos aquellos que le hayan hecho daño al partido. En carpeta están el ministro de Industria Pedro Dellarossa y el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, pero todavía puede haber diálogos en el medio que permitan no avanzar.

Las miradas críticas apuntaron al equipo de Dellarossa, principalmente, en donde trabajan miembros del equipo de El Sukaría que ocuparían funciones en ese ministerio, como parte de un acuerdo entre partes.

“El partido fue intervenido porque el Tribunal de Disciplina nunca trató las denuncias que habían ingresado en su momento. Claro, esta es una de las causas”, destacó Henry Leis a Diario Alfil. “Muchas de esas denuncias eran contra afiliados que participaron en listas electorales enfrentadas al PRO. Esos son los primeros casos que estamos abordando”, agregó, explicando por qué la desafiliación sólo le llegó a Vargas, y no a otros funcionarios que forman parte de Hacemos Unidos por Córdoba.

“Tuve que recuperar esa información personalmente, porque quienes la tenían no querían entregarla. Ahora estamos dando prioridad a los casos según su gravedad. Según la Carta Orgánica partidaria, se considera una falta grave que un afiliado actúe en contra de su propio partido, y vamos a avanzar en el tratamiento de distintas denuncias, incluso aquellas que involucran a funcionarios provinciales”, concluyó.

La lista negra crece
Sobre el caso Vargas, el pedido es claro: no sólo quieren echarla del partido, sino también destituirla de su cargo como secretaria General de Capital. Según cifras internas que dieron a conocer miembros de la junta directiva intervenida, de los 12 mil afiliados del PRO en Córdoba, más de 9 mil fueron afiliados por ella. Apartar a una jugadora con peso político y territorial termina de desarmar la construcción del partido.

Por su parte, la propia Vargas ya confirmó que apelará en la Justicia, mientras que en su entorno apuntan a que se trata de una maniobra para sacarla del camino antes de que haya internas.

El listado de dirigentes que serán desafiliados es extenso. Entre ellos se encuentran Alejandro Argüello, presidente de la Junta Ejecutiva de la Seccional Octava del Departamento Capital; Elva María Barrera, presidenta de la Seccional Novena; Luis Miguel Romero, titular de la Seccional Décima; y también Romina Oviedo, Verónica Palma, Milagro Amato y Marcos Conte.

La perlita: el documento también solicita la desafiliación de Laura Reitu e Ivana Vera, dos colaboradoras del equipo de Yanina Vargas que, insólitamente, nunca estuvieron afiliadas al PRO. Estos errores podrían evidenciar una persecución directa hacia el equipo de Vargas y del viceintendente Javier Pretto.

Las internas que se juegan afuera
A la fecha, el PRO Córdoba decidió avanzar con todos los frentes juntos. En paralelo, esta semana también se activó la pata judicial del conflicto. La jueza María Servini de Cubría sacó del cajón el expediente en su juzgado y decidió rechazar el recurso presentado por el diputado Oscar Agost Carreño, quien impugnaba la intervención partidaria en la provincia.

La jueza Servini determinó que el partido nacional actuó correctamente. La Cámara Nacional Electoral ratificó la intervención del PRO Córdoba, al considerar que los órganos partidarios locales, especialmente el Tribunal de Disciplina, no actuaron frente a múltiples denuncias internas. Entre ellas figuran casos de afiliados que participaron en listas rivales en las elecciones pasadas, sin que se les aplicará ninguna sanción. Esa pasividad generó una parálisis institucional que justificó, según el fallo, el avance del Consejo Directivo Nacional sobre el distrito.

La resolución judicial también respaldó al interventor Henry Leis, quien asumió plenas facultades para ordenar la vida interna del partido, incluyendo el manejo de expedientes disciplinarios pendientes. Con este aval, se allana el camino para la ola de suspensiones y desafiliaciones que se está activando en la capital cordobesa, mientras se prolonga la acefalía dirigencial y las internas se definen más en tribunales que en urnas.

Agost Carreño insiste en que no se encontraron irregularidades para justificar esa medida, y con este fallo en contra, volverá a apelar.

Enuevo JxC
En el último tiempo, el PRO Córdoba tiene para cosechar enemigos desde todos los frentes posibles. A esta situación hay que sumarle la mirada de los bullrichistas, quienes, a pesar de la afiliación de su líder política a las filas de La Libertad Avanza, en Córdoba sus miembros siguen siendo amarillos.

Desde el entorno de Patricia Bullrich, hasta hace pocos días, insistían en que el partido debía ir a internas para elegir a sus representantes. Pero los plazos están vencidos, y el interventor no suelta la lapicera por orden nacional.

Parte de estas medidas conforman la estrategia para el nuevo tablero del PRO local: Mauricio Macri estaría cerrando con Rodrigo de Loredo para reconstruir un Juntos por el Cambio cordobés con liderazgo compartido. La UCR necesita estructura; el PRO, un candidato competitivo. Pero, en ese ajedrez, las piezas locales del PRO siguen cayendo una por una. La dirigente leal a Macri, Soher El Sukaría, sería la compañera de fórmula de De Loredo, replicando la fórmula que militaron en las elecciones de 2023 en la capital cordobesa.

¿Y las internas?
En el PRO, por lo pronto, no habrá elecciones antes de octubre. El 8 de abril pasado vencieron los plazos de las autoridades partidarias que formaban parte de la gestión de Oscar Agost Carreño. Henry Leis afirmó que sí tienen pensado convocar a elecciones y que están trabajando en un cronograma junto con la mesa de intendentes del PRO. Sin embargo, para poder llamar a internas, deben primero concluir la tarea de intervención. El interventor tiene mandato hasta el próximo 6 de diciembre.
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