Uber pide el debate por el cupo: “no es contra Uber, es contra Córdoba”

Por Carolina Biedermann

En una conferencia de prensa en donde la empresa de movilidad puso blanco sobre negro, Uber presentó datos y aclaró que siguen abiertos al diálogo, al que nunca fueron convocados en el desarrollo de un proyecto de ordenanza que busca regular a las apps de movilidad en Córdoba, imponiendo un cupo máximo de 3.998 licencias.

“Este no es un problema para Uber, es un problema para Córdoba”, dijo Juan Labaqui, vocero regional de la empresa, en un mensaje que apuntó directo al corazón del modelo de ciudad que propone el oficialismo. 

Según datos presentados, más del 77 % de quienes manejan con Uber en Córdoba quedarían afuera del sistema si se aprueba la ordenanza tal como está redactada.

Pero el punto de mayor fricción no fue solo el número. Uber denunció que no fue convocada al debate en el Concejo Deliberante, a pesar de que se trata de una norma que los regula directamente. Y abrió un nuevo frente político al afirmar que se está avanzando sin datos, sin diálogo y sin escuchar a los más de 400.000 usuarios activos mensuales que usan la plataforma en la ciudad.

Desde la empresa también recordaron que desde 2023 han pagado más de 1.300 millones de pesos en Ingresos Brutos, producto de la intermediación digital entre socios conductores y usuarios, lo que da cuenta del volumen y la relevancia de su operación en Córdoba. En ese sentido, consideraron que “la exclusión de miles de trabajadores y usuarios de esta red afectará no solo la movilidad, sino la economía informal que hoy sostiene a miles de familias”.

La crítica de Uber y el tratamiento del proyecto a la vuelta del receso invernal es inminente. El debate se reaviva de Teo de los propios bloques con opiniones encontradas. 

La oposición

El concejal del Frente Cívico Martín Juez fue enfático: “no podemos esconder detrás de la palabra ‘regulación’ una medida que reduce a un tercio el servicio que hoy presta Uber. Si la oferta baja, el precio sube, y lo termina pagando el usuario. El mismo usuario que nos vota”.

Juez apuntó contra el artículo 9 del proyecto, que fija el cupo, y denunció que se legisla de espaldas a la realidad social y económica.

“Hoy hay taxistas que también hacen Uber porque no pueden vivir con la tarifa oficial. El Estado no da soluciones. El transporte público está colapsado y esta ordenanza no lo va a resolver”, agregó.

El edil también compartió una anécdota: un vecino de barrio Pueyrredón, con dos taxis, confesó hacer Uber “porque si me manejo con tarifa de taxi, no llego a fin de mes”. Para Juez, ese ejemplo desnuda una crisis estructural que ninguna ordenanza, por sí sola, va a corregir.

Quien defendió la libre circulación y el uso de estas aplicaciones desde el inicio de esta gestión es la concejala Jessica Rovetto Yapur. La concejala del PRO dijo hace unos días: “el peronismo quiere regular el precio de los viajes por aplicaciones y limitar la cantidad de choferes que pueden trabajar. Después de más de un mes y medio de silencio absoluto sobre el tema, hace unos días nos comunicaron que ya tiene listo el proyecto para aprobarlo en comisión, siendo que habíamos acordado escuchar previamente a las empresas, a los usuarios y especialistas, y no lo hicieron”, expresó.

“Van a imponer un precio mínimo a los viajes por aplicaciones atado al aumento del colectivo. Esto para favorecer a las corporaciones y eliminar la competencia. Van a imponer un cupo para limitar la cantidad de personas que pueden trabajar. Si esto avanza, el 70% de los choferes actuales quedan afuera. Además, esto da lugar al amiguismo para la obtención de la chapa. Y por si esto fuera poco, el proyecto del peronismo pretende darle potestad absoluta al municipio para agregar más y más requisitos cuando quieran. Es decir, hoy te aprueban una cosa, pero mañana te llenan de más obstáculos. Esto no es por lo que venimos luchando hace más de un año. Esto no es regular las apps, esto es limitarlas para que cada vez menos cordobeses puedan usarlas libremente”, concluyó. 

La concejala Jessica Rovetto Yapur abrazo la causa UBER desde el inicio de la gestión. 
“El peronismo quiere regular el precio de los viajes por aplicaciones y limitar la cantidad de choferes que pueden trabajar. Después de más de un mes y medio de silencio absoluto sobre el tema, hace unos días nos comunicaron que ya tiene listo el proyecto para aprobarlo en comisión. Van a imponer un precio mínimo a los viajes por aplicaciones atado al aumento del colectivo”, dijo la concejala

“Van a imponer un cupo para limitar la cantidad de personas que pueden trabajar. Si esto avanza, el 70% de los choferes actuales quedan afuera. Además, esto da lugar al amiguismo para la obtención de la chapa. Y por si esto fuera poco, el proyecto del peronismo pretende darle potestad absoluta al municipio para agregar más y más requisitos cuando quieran. Es decir, hoy te aprueban una cosa, pero mañana te llenan de más obstáculos. Esto no es por lo que venimos luchando hace más de un año. Esto no es regular las apps, esto es limitarlas para que cada vez menos cordobeses puedan usarlas libremente”, concluyó.

El oficialismo 

Martín Simonian, presidente del bloque oficialista expresó: “en los primeros días de abril, el Tribunal Superior de Justicia dictó una acordada que buscó, teniendo en cuenta las distintas posturas y posiciones de la municipalidad, de las aplicaciones de taxistas y de remiseros, tratar de zanjar esta situación que venía atravesando la problemática de la movilidad en la ciudad desde hace varios años. Ese fallo, que marcó una serie de requisitos, de condiciones para comenzar a actuar en la legalidad, fue muy festejado por Uber. Pero desde abril a hoy, habiendo transcurrido cuatro meses, casi cuatro meses, nunca desde esa aplicación se acercaron a la Municipalidad de Córdoba para cumplimentar esos requisitos que pedía la acordada. Requisitos que también se incorporan a este proyecto de ordenanza. El carné profesional, el ITV, la antigüedad del móvil como máximo de diez años, la póliza de seguro, la certificación de antecedentes del ámbito penal, etc.

Es decir, condiciones mínimas que se le piden a cualquier chofer que desea manejar en el ámbito del servicio público en la ciudad de Córdoba. Ellos estuvieron desde hace cuatro meses anoticiados del funcionamiento en el seno de la Comisión de Servicios Públicos de la tratativa de, no un proyecto del oficialismo, de cinco proyectos. Uno del oficialismo, cuatro de la oposición. Se acercaron a esa comisión a debatir, a establecer sus posturas y opiniones, taxistas, remiseros, choferes de Uber.

 Sin embargo, desde la conducción de la empresa solo tuvieron contactos con algunos referentes de bloques de la oposición, más ninguno se contactó con concejales del oficialismo. Ahora pretenden manifestar su descontento cuando tuvieron cuatro meses de poder incorporarse a los requisitos del Tribunal Superior. Es como que da a pensar de que para ellos, si la normativa no representa sus intereses, es mala. Nosotros tratamos de buscar un proyecto de ordenanza que respete los intereses de todos los ciudadanos de Córdoba y principalmente de todos los actores de la movilidad de la ciudad, que no solo es Uber, no solo son las aplicaciones, sino también taxistas y remiseros.

Parecería ser, con los argumentos que invoca Uber, que ellos se sienten más cómodos actuando en la ilegalidad y no sometiéndose a la normativa, que es un proyecto consensuado con los distintos bloques de la oposición. En cuanto al cupo, un cupo que hoy es aproximadamente de 4.000, 4.100 coches que se va a ir actualizando de manera anual, no es un cupo absoluto ni cerrado, ya que al permitir la incorporación de taxistas y remiseros, eso hace que el cupo, la cantidad, se duplique o un poco más”.

Una disputa política en nombre del usuario

La intervención de Uber sacó el debate del terreno técnico y lo llevó a la arena política.

“Este debate no es sobre tecnología. Es sobre cómo queremos que funcione Córdoba. Y si se excluye al 77% de los conductores, lo que se excluye es una parte de la ciudad”.

Desde el oficialismo, hasta ahora, no hubo respuestas públicas a la conferencia. Pero el mensaje fue recibido. Uber advirtió que abrirá una instancia participativa, con encuestas, recolección de firmas y testimonios de usuarios y conductores para exponer el costo social y político del proyecto.

Porque detrás del debate por Uber hay una discusión mucho más profunda: quién manda en Córdoba, cómo se toman las decisiones y a quién representa el Concejo Deliberante cuando legisla.

Uber interpeló al poder local con una verdad incómoda: si se regula mal, el ajuste lo paga el vecino. Y eso, en un año de crisis y bronca contenida, tiene consecuencias.