Milei contra la universidad pública: un veto que enciende la resistencia federal

El veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario terminó de confirmar lo que distintos sectores venían advirtiendo: Javier Milei gobierna sin autocrítica, con una lógica de confrontación permanente y con una mirada que desprecia los consensos más amplios de la sociedad argentina. La decisión del Ejecutivo, que desconoció una norma aprobada con apoyo transversal en ambas cámaras, dejó en evidencia el núcleo duro de la estrategia libertaria: profundizar el ajuste sin reparar en sus consecuencias, aún cuando se trata de una política pública históricamente reconocida como orgullo nacional.

La universidad pública, gratuita y de calidad, no es un privilegio ni un capricho ideológico, sino un rasgo identitario de la Argentina moderna. Por eso la reacción fue inmediata.

En Córdoba, donde late uno de los corazones académicos del país, la respuesta reunió a dirigentes políticos, gremiales y estudiantiles que coincidieron en un mismo diagnóstico: el Presidente eligió darle la espalda a millones de familias que sueñan con el ascenso social de sus hijos y nietos a través de la educación.

“Milei volvió a usar la motosierra y vetó la Ley de Financiamiento Universitario. Desde Córdoba, el corazón de nuestro país, le digo: voy a trabajar para lograr un amplio y contundente rechazo a ese veto. Vamos a darle a nuestras universidades los recursos que merecen. Como lo dije desde el primer día: tenemos que decirle basta a estos brutales ajustes de Milei”, expresó la diputada (y candidata) de Defendamos Córdoba, Natalia de la Sota, marcando un poco la cancha en lo que vendrá: un Congreso que tendrá que decidir si sostiene el veto o si lo revierte frente a la presión de la comunidad universitaria y de gran parte de la sociedad.

La lectura es compartida incluso por dirigentes que evitan la confrontación abierta con el gobierno libertario. Juan Schiaretti, candidato a Diputados de Provincias Unidas, con un estilo más institucional, remarcó: “La universidad pública argentina es un motor de movilidad social ascendente, de progreso y de desarrollo científico. Vetar la ley que garantiza financiar las universidades es darle la espalda a la sociedad y a la Argentina del futuro”. El exgobernador no necesitó apelar a la épica ni a la confrontación para sintetizar el sentimiento que atraviesa a buena parte del electorado cordobés.

Lo que queda claro es que Milei eligió la peor batalla posible: la de enfrentarse a una de las instituciones más prestigiosas y defendidas del país. Ni siquiera los sectores políticos más antagónicos discuten la importancia de la universidad pública como herramienta de desarrollo. La motosierra libertaria, que en campaña se vendía como metáfora de austeridad, ahora aparece directamente como un arma contra la posibilidad de miles de jóvenes de acceder a una carrera.

Los sectores estudiantiles no tardaron en convocar a la resistencia. El frente La Fuerza Estudiantil advirtió: “El reciente veto a la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno nacional es un golpe directo a la educación pública y a las posibilidades de miles de estudiantes en todo el país. La universidad pública es un pilar de la democracia, del desarrollo científico, cultural y social de nuestra Argentina. Quitarle los recursos necesarios significa poner en riesgo el futuro de generaciones enteras”.

Franja Morada, que en otras coyunturas mostró matices frente al oficialismo nacional, esta vez fue terminante: “Hay veto, así que hay marcha. Cuando se trate el veto en el Congreso, nos encontraremos en las calles de todo el país. Porque el futuro de la Argentina y la educación de nuestro pueblo no se negocia. La Universidad Pública no se rinde”.

La coincidencia entre las agrupaciones estudiantiles es la señal más clara de que la reacción en defensa de la universidad excede las diferencias partidarias. Lo mismo ocurre con los gremios docentes y no docentes, que ya anunciaron un paro nacional y una Marcha Federal Universitaria. 

En la UNC, ADIUC sumó su voz con una convocatoria contundente: “El presidente de la Nación, en la víspera del día del maestro, vetó la Ley de Financiamiento Universitario. En este escenario crítico, ratificamos las medidas anunciadas convocando al paro docente universitario de 48 horas y a un banderazo frente al Pabellón Argentina. Resistimos la destrucción de la universidad pública”. La agenda gremial incluye además una “peña por el financiamiento universitario”, carteleadas y la organización de la marcha nacional que coincidirá con el debate parlamentario del veto.

Con el veto, no solo desfinancia a las universidades sino que además coloca a su gobierno en un lugar de aislamiento político. No hubo actor relevante, salvo sus incondicionales, que saliera a respaldar la medida. En un escenario de debilidad parlamentaria, el Presidente eligió tensionar con un sector que goza de altísima legitimidad social. La maniobra es tan riesgosa como innecesaria: lo único que logró fue potenciar la unidad opositora y darle a la comunidad universitaria un motivo más para movilizarse.

La narrativa libertaria insiste en reducir la educación a un gasto, pero la sociedad argentina la entiende como inversión. La paradoja es que mientras Milei busca presentarse como un adalid de la modernidad, sus decisiones retrotraen a un país excluyente, donde solo estudian quienes pueden pagarlo. Esa Argentina ya existió, y fue superada gracias al esfuerzo colectivo que hizo posible la expansión universitaria. Desconocerlo es no solo un error de gestión, sino un retroceso cultural.

En Córdoba, epicentro de la Reforma de 1918, la reacción será especialmente contundente. El recuerdo de aquella gesta estudiantil que cambió la historia de la universidad latinoamericana se actualiza cada vez que un gobierno intenta limitar derechos. Por eso no sorprende que las consignas que ya circulan en Ciudad Universitaria evoquen el espíritu reformista: “La universidad se defiende en las calles”.

El veto de Milei no es un acto administrativo más: es una declaración política que desnuda su concepción del Estado y de la sociedad. Para el Presidente, el ajuste es un fin en sí mismo, aunque eso implique desmantelar instituciones que garantizan igualdad de oportunidades. La universidad pública es la prueba más contundente de que el mérito y el esfuerzo personal pueden abrir puertas, siempre y cuando el Estado garantice las condiciones mínimas. Esa idea, profundamente arraigada en el ADN argentino, es lo que Milei eligió atacar.

La historia reciente muestra que cuando los consensos básicos son amenazados, la sociedad responde. La Marcha Federal Universitaria promete ser una de esas respuestas que marcarán época. Y si el Congreso logra revertir el veto, no será solo un triunfo legislativo, sino una demostración de que la política todavía puede escuchar a la gente.

En definitiva, el Presidente acaba de abrir un frente de conflicto que lo deja más aislado que nunca. El veto no solo atenta contra la universidad: también es una estocada contra su propia legitimidad. Porque enfrentarse a la educación pública en la Argentina no es pelear contra una corporación, sino contra el futuro mismo del país. Y ese error, producto de la soberbia presidencial, puede transformarse en el germen de una crisis política mayor: Milei eligió ponerse en contra de todos, convencido de que la motosierra alcanza para gobernar. Pero la realidad le recuerda que no se puede vetar la voluntad de un pueblo.