Francisco Lopez Giorcelli
El conflicto universitario transita por un escenario de realidades paralelas. Mientras las facultades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) amanecieron este lunes con aulas vacías por el inicio del plan de lucha gremial, desde los despachos del Gobierno nacional emitieron un diagnóstico diametralmente opuesto. El Ministerio de Capital Humano rechazó de manera oficial el paro nacional, argumentando que la administración central ya cumplió con los aumentos salariales correspondientes y dando a entender que el conflicto carece de sustento.
La construcción del relato libertario se asienta en la difusión de una serie de cifras nominales. Según el comunicado oficial de la cartera que conduce Sandra Pettovello, el Gobierno otorgó incrementos salariales que alcanzan el 71% para el período que va de diciembre a julio. Con estos números sobre la mesa, la Nación asegura haber "cumplido con el aumento salarial acordado" y califica la medida de fuerza de los gremios docentes y nodocentes como una acción injustificada que interrumpe el derecho a la educación.
Sin embargo, esta narrativa presenta serias debilidades argumentales: celebra el cumplimiento de un acuerdo que la otra parte jamás firmó. La presentación de una imposición salarial unilateral como si se tratara de una negociación paritaria consensuada expone un abismo entre el relato de las autoridades nacionales y la realidad económica. Exhibir un 71% de incremento nominal como un logro de gestión, en un contexto donde la inflación acumulada para el mismo período superó ampliamente el 120%, configura un ejercicio de optimismo estadístico que choca de frente con la pérdida del poder adquisitivo del sector, calculada en más de un 50%.
Este desfase entre las planillas del Ministerio y los recibos de sueldo es el motor que impulsa el endurecimiento del plan de lucha en la base docente. Lejos de la normalidad que intentan proyectar los comunicados del Gobierno, la asamblea de afiliados de ADIUC en Córdoba ratificó un esquema de paros progresivos y escalonados. La hoja de ruta gremial, que inicia con 48 horas de inactividad esta semana, proyecta subir a 72 horas la próxima, escalar a 96 horas en la última semana de agosto y desembocar en un cese total de actividades a partir de septiembre si el Ejecutivo insiste en dar el debate por cerrado.
Para el Gobierno nacional, sostener la premisa de que el conflicto está resuelto le permite evitar el costo político de una nueva mesa de negociación en el corto plazo. No obstante, en el terreno concreto de la UNC, esta postura intransigente anticipa un semestre de parálisis institucional. La insistencia de la Nación en desconocer la crisis salarial no vacía las asambleas gremiales, sino que por el contrario, potencia el nivel de ausentismo en las unidades académicas, obligando a las conducciones decanales a empezar a tomar posiciones cada vez más incómodas.
Este choque entre el relato de fantasía que plantea el Gobierno nacional y el freno objetivo de las actividades académicas coloca al Rectorado de la UNC en una posición sumamente delicada. Jhon Boretto, recién asumido en su segundo mandato, debe administrar el día a día de una universidad inmovilizada por un conflicto que la Casa Rosada afirma haber solucionado. La capacidad de maniobra de la conducción universitaria dependerá ahora de su habilidad para exigir la reapertura real de los canales de diálogo a nivel nacional, evitando quedar atrapada en medio de un esquema de huelgas progresivas y un Gobierno central que responde a las aulas vacías con gacetillas de prensa mal redactadas.
