Francisco Lopez Giorcelli
Por: Francisco Lopez Giorcelli
El nuevo paro docente vuelve a poner a la universidad pública en el centro de la disputa política por los recursos del Estado. En Córdoba, la UNC y su gremio docente marcan el pulso de una protesta que combina reclamo salarial, autonomía universitaria y resistencia frente al ajuste nacional.
Los docentes universitarios confirmaron un paro nacional de 72 horas que se extenderá entre el miércoles 12 y el viernes 14 de noviembre, en reclamo por el ajuste previsto en el Presupuesto 2026 y la falta de respuestas salariales del Gobierno nacional.
La medida, convocada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC), advierte un escenario de “alerta y movilización” ante lo que consideran un retroceso histórico en el financiamiento de la educación superior. La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) no será ajena a la medida: las asambleas de base ya definieron su adhesión y convocan a concentraciones en el Pabellón Argentina y frente al Rectorado durante los días del paro.
La decisión de lanzar un nuevo paro nacional surge apenas días después de que el Congreso encare la discusión del Presupuesto 2026, en el cual —según las proyecciones de los gremios— el sistema universitario aparece con partidas que, ajustadas por inflación, implican una reducción real del 25 %.
Desde la CONADU sostienen que los fondos previstos “no garantizan el funcionamiento mínimo de las universidades ni el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario recientemente sancionada”, que fija una progresividad en las transferencias hasta alcanzar el 1,5 % del PBI en 2031. Esa norma, celebrada como una conquista del movimiento universitario tras meses de lucha, corre el riesgo de convertirse en letra muerta si el Ejecutivo mantiene la lógica de austeridad que marca el nuevo presupuesto.
En Córdoba, la ADIUC ratificó la medida a través de un comunicado difundido el 7 de noviembre, donde advirtió que “las universidades públicas vuelven a ser víctimas del ajuste fiscal” y que la comunidad académica se encuentra en “una situación crítica que compromete el cierre del año”. El gremio remarcó que los docentes vienen de sufrir una pérdida salarial superior al 40 % respecto a la inflación acumulada y que los incrementos ofrecidos por la Secretaría de Educación “no alcanzan ni siquiera para cubrir los aumentos de servicios básicos”. Pese a la contundencia de la medida, el sindicato decidió mantener las mesas de exámenes finales “para no afectar a los estudiantes”, aunque advirtió que el plan de lucha podría profundizarse si no hay señales de diálogo antes del viernes.
La UNC, una de las universidades más grandes y con mayor peso político del país, se convierte nuevamente en epicentro del reclamo. Su rector, Jhon Boretto, ya había manifestado semanas atrás su preocupación por los números que arroja el proyecto de presupuesto y denunció públicamente el “desfase entre la planificación universitaria y las decisiones del Gobierno nacional”. En ese sentido, la conducción universitaria cordobesa observa con inquietud el posible impacto de la reducción de partidas en becas, programas de investigación y mantenimiento edilicio, áreas en las que la Nación tiene compromisos directos.
El conflicto adquiere así un tono abiertamente político. Para el Gobierno, la contención del gasto es una señal de disciplina fiscal frente a los mercados y organismos internacionales, pero para el sistema universitario esa decisión implica “desfinanciar una política de Estado” que ha sido pilar del desarrollo nacional durante décadas. En el plano local, la protesta vuelve a unir a sectores que en otros momentos estuvieron distanciados: sindicatos docentes, agrupaciones estudiantiles y organizaciones científicas coinciden en señalar que “sin presupuesto no hay universidad posible”. Desde ADIUC remarcan que la UNC “ya opera al límite” y que el ajuste podría traducirse en recortes de becas y paralización de obras.
En el trasfondo, el debate por el financiamiento universitario revela un choque de modelos. De un lado, el Ejecutivo busca imponer un esquema de racionalización presupuestaria en el que las universidades deben “ajustarse a la realidad fiscal del país”. Del otro, el sistema público defiende su autonomía y reclama que la inversión educativa no se mida con la misma lógica que el gasto corriente. Este contrapunto se traduce en una pulseada que excede lo salarial y alcanza una dimensión ideológica: qué papel debe ocupar la universidad pública en el proyecto de país.
El paro de esta semana se inscribe también en la continuidad de una agenda de protestas que las universidades públicas vienen desplegando desde abril del 2024, cuando la masiva Marcha Federal Universitaria reunió a cientos de miles de personas en todo el país. Desde entonces, los rectores, docentes y estudiantes insisten en que el ajuste presupuestario amenaza la sostenibilidad del sistema y que la falta de políticas salariales activas erosiona la calidad académica. El Gobierno, por su parte, sostiene que los recursos se transfieren “con normalidad” y que los problemas responden a “mala administración de las universidades”, un argumento que los gremios consideran “una excusa para legitimar el recorte”.
En Córdoba, el clima de tensión se amplifica por la tradición política de la UNC, que históricamente funcionó como termómetro del humor social en la provincia. Las movilizaciones de ADIUC suelen tener alta visibilidad mediática y un respaldo transversal en el arco político local, donde incluso dirigentes que hoy integran fuerzas afines al Gobierno nacional admiten que “el recorte presupuestario es insostenible”. No se descarta que el Consejo Superior de la UNC emita un pronunciamiento institucional en los próximos días, reforzando el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Mientras tanto, las universidades del interior observan con preocupación la posibilidad de que el conflicto se prolongue hacia el fin de año. Si el presupuesto no se corrige, los rectores anticipan dificultades para garantizar el inicio del ciclo lectivo 2026 en condiciones normales. Los gremios, en tanto, advierten que el paro de 72 horas “es apenas el comienzo” de un plan de lucha más amplio que podría incluir jornadas de visibilización, paros progresivos y movilizaciones conjuntas con el movimiento estudiantil.
Así, el nuevo paro docente universitario se convierte en mucho más que una medida gremial. Es una señal política de que el sistema público de educación superior —con la UNC en el centro de la escena— no está dispuesto a resignar su lugar en el presupuesto nacional. En un país donde la universidad ha sido históricamente motor de movilidad social y producción de conocimiento, el recorte presupuestario del 2026 no se lee solo como una cuestión contable, sino como una disputa por el sentido mismo de la educación pública argentina.
