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Presupuesto | El Gobierno de Milei cedió ante la presión universitaria, pero ADIUC rechazó el acuerdo

El Poder Ejecutivo nacional debió flexibilizar el ajuste fiscal ante la persistencia de los reclamos presupuestarios de docentes y no docentes. La Casa Rosada terminó convalidando un incremento que eleva la Garantía Salarial un 21,33% y otorga un refuerzo del 20% para gastos operativos, marcando un punto de inflexión paritaria.
Universidad12 de junio de 2026Francisco Lopez GiorcelliFrancisco Lopez Giorcelli
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Tras prolongadas jornadas de lucha, paros y cuatro movilizaciones nacionales, el frente sindical destrabó una propuesta oficial que modifica las condiciones de la disputa presupuestaria y salarial en las altas casas de estudios. A pesar del avance financiero y de las partidas especiales para hospitales, las bases cordobesas aclaran que la recomposición sigue siendo parcial frente a una pérdida del poder adquisitivo que ronda el 50% desde 2024, advirtiendo que la Ley de Financiamiento aún continúa sin cumplirse de forma efectiva y abriendo un escenario de deliberación local sobre los pasos a seguir.

El conflicto universitario experimentó un giro significativo con el acuerdo entre los sindicatos, el CIN (rectores universitarios) y el Gobierno nacional. La Casa Rosada debió resignar su postura de ajuste y convalidó una oferta que reconfigura las partidas del sector. La propuesta aprobada establece un incremento del 21,33% en la Garantía Salarial a partir de junio, fijando los haberes brutos en $1.497.941,97 para la dedicación exclusiva, $748.970,98 para la semiexclusiva y $374.485,49 para la simple. Este avance paritario, complementado por una suba del 3% en octubre y revisiones trimestrales, quiebra el techo del 10% que pretendía consolidar el Ministerio de Capital Humano de manera inicial.

Junto con el reajuste de haberes, el esquema oficial incorporó respuestas a reclamos históricos vinculados al funcionamiento operativo. El entendimiento contempla una recomposición presupuestaria del 20% para los gastos de funcionamiento generales a partir de este mes, sumado a una partida de 50 mil millones de pesos destinada a los hospitales universitarios en 2026. Sin embargo, este paquete financiero no se tradujo en una adhesión unánime: el gremio local ADIUC adoptó una postura firme de rechazo frente a la propuesta aprobada por la mayoría de las entidades de CONADU. La conducción cordobesa consideró que las variables ofrecidas resultan insuficientes para frenar el fuerte deterioro de los ingresos y votó en contra en la instancia federal.

En las deliberaciones de la docencia de la UNC se enfatiza una distinción conceptual respecto de la naturaleza del pacto alcanzado con el Ejecutivo. Desde la mirada de ADIUC, estos fondos de contingencia y reajustes parciales no implican bajo ningún punto de vista que la Ley de Financiamiento Universitario haya comenzado a cumplirse.

En el análisis de los claustros locales, las leyes se cumplen o se incumplen en su totalidad, sin márgenes para interpretaciones grises ni aplicaciones progresivas de carácter discrecional. La legislación acumula seis ratificaciones institucionales explícitas, por lo que el actual desembolso es visto como un logro de la persistencia gremial, pero insuficiente ante una pérdida salarial del 50% desde 2024.

El viraje en la estrategia de la administración de Javier Milei, caracterizada por la intransigencia de la motosierra económica, encuentra su explicación en variables de la coyuntura política y del plano judicial. Por un lado, las negociaciones estuvieron presionadas por la inminencia de un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre la validez de la Ley de Financiamiento.

Un fallo adverso hubiese colocado al Gobierno en una situación institucional de extrema debilidad legal. A esto se sumó la proximidad del calendario electoral, con el lanzamiento de las campañas presidenciales en pocos meses, lo que forzó un recálculo pragmático para neutralizar un conflicto social masivo antes de la disputa en las urnas.

En el ámbito local de la Universidad Nacional de Córdoba, el escenario post-acuerdo abre un período de profunda discusión interna dentro de los esquemas gremiales, estudiantiles y de gestión. Tras el rechazo formal de la propuesta por parte de ADIUC, el sindicato ratificó que el plan de lucha continúa plenamente vigente y convocará a espacios de debate para evaluar colectivamente cómo seguir.

Las autoridades del Rectorado conducidas por Jhon Boretto observan con atención este proceso deliberativo, ya que la posición autónoma de la docencia cordobesa respecto de las directivas nacionales anticipa un segundo semestre signado por la paritaria bajo revisión continua, la deliberación permanente de las bases y la tensión latente con la Nación.

En el plano de la política interna de la Casa de Trejo, el debate presupuestario reavivó de forma inmediata las tensiones entre el oficialismo y la oposición rectoral. Pedro Pérez, referente principal del espacio Vamos —fuerza que consolidó su peso al obtener casi la mitad de los votos en las últimas elecciones universitarias—, cuestionó el posicionamiento público del Rectorado frente al entendimiento paritario.

En declaraciones a Diario Alfil, Pérez rechazó de plano las afirmaciones de Jhon Boretto, quien había comunicado, a través de las redes sociales institucionales, que con estas partidas de contingencia la legislación de financiamiento "se empieza a cumplir". Al respecto, el dirigente opositor sentenció de manera técnica que las leyes se cumplen o se incumplen, sin matices graduales ni interpretaciones intermedias, y calificó como "extraña" la postura del titular de la UNC, considerando que se formula en el seno de una institución que cuenta con una prestigiosa Facultad de Derecho.

Asimismo, desde la conducción de Vamos criticaron la dinámica de toma de decisiones implementada por la gestión central ante la última propuesta de la Casa Rosada, señalando que el Rector avanzó de forma unilateral. El malestar y la crítica a Boretto se da ya que el propio rector venía convocando a los decanos de las quince facultades una vez al mes para analizar de manera conjunta las variables presupuestarias y coordinar una postura institucional frente a los lineamientos del Gobierno nacional. Sin embargo, para la validación de este último acuerdo, el Rectorado omitió la instancia de debate colectivo, eludiendo la discusión previa con las unidades académicas y obturando la participación de un espacio de la oposición que posee un peso importante dentro de la estructura universitaria.

De esta forma la firma del acuerdo llega con un trasfondo de discusiones a futuro que ponen en movimiento a la estructura política universitaria. A semanas del párate por vacaciones y mesas finales dentro de la UNC la discusión salarial llega a un impasse, pero anticipa un alto nivel de discusiones y disputas para el segundo demestre.

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