La salud mental es un problema del Estado

Por Javier Boher 
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Hay algo que desde esta columna repetimos siempre: lo que diferencia al Estado de otros actores sociales y políticos es que tiene la capacidad -y la legitimidad- de obligar a los ciudadanos. Nadie más puede hacerlo, de allí el atractivo que hace que todos quieran echarle una mano.

Es a partir de esa capacidad de imponer que las ideas de quienes ocupan cargos de gobierno se convierten en un elemento central para entender las formas que van a adquirir las dinámicas sociales en el futuro. Desde aquí también hemos defendido una posición polémica, pero comprobable en la realidad: el país fue un laboratorio de toda la legislación social progresista, extrema y marginal que había dando vueltas en las cátedras europeas. En cualquier tema que afecte la relación entre personas y el orden público, allí se metió una teoría social falopa que deterioró las condiciones de convivencia. La adopción de las políticas identitarias, el movimiento indígena, campesino, sin tierra, el feminismo no igualitario, la educación, las cuestiones de seguridad o de sexualidad; todo armó un cóctel que llevó al cansancio social contra lo que años después de nuestra experiencia pasó a denominarse “wokismo”.
A pocos le molesta que los adultos vivan su sexualidad como les parezca, básicamente porque eso no implica ningún problema para nadie. La cosa es muy distinta en otros aspectos fundamentales, como lo son el consumo de drogas y la salud mental, que finalmente terminan impactando de lleno en la inseguridad.

La semana pasada hubo un par de eventos en los que esto salió a la luz de manera ineludible, a pesar de que son un problema cotidiano para todos. El primer caso fue el de una turista brasileña asesinada por un hombre que la quiso asaltar. Aunque el homicidio no estaba en sus planes, terminó siendo el desenlace trágico de sus acciones.
Después de ser detenido se supo que tenía problemas de salud mental, con más de 20 detenciones y hasta una condena, pero siempre terminó escapando de las garras del Estado, un gato que se ha vuelto demasiado perezoso para cazar ratones. La organización que puede proteger a la sociedad que justifica su existencia eligió escuchar a los buenistas que prefieren la desmanicomialización, resultando en una muerte que se podría haber evitado.
Horas después se conoció el video de otro hecho que resulta impactante: se ve a un hombre adulto salir al cruce de una nena que se había alejado corriendo de su madre, golpeándola en el pecho con una patada. Acto seguido se escapa, para ser rápidamente detenido por un policía… que lo deja seguir porque el hombre le mostró una credencial de discapacitado. La tarjeta de escaparse de la cárcel sólo debería existir en el Monopoly. La madre de la niña se conformaría después de que al menos su hija la sacó barata, porque se podría haber golpeado y fallecido como la turista brasileña.

Este caso marca un antecedente particularmente grave y profundamente antirepublicano, poniendo a algunas personas por encima de la ley y rompiendo la igualdad que debe existir entre todos los ciudadanos. De extenderse esa práctica según la cual el Estado elige (a través de sus agentes) dejar de aplicar las leyes sobre el colectivo de las personas con salud mental, ¿cuánto va a faltar para que cualquier psicópata consiga los papeles para ejercer la violencia impunemente en las calles? Si Sergia aprovechó una ley absurda para cambiar su género y jubilarse antes, ¿por qué la discapacidad mental no podría ser la defensa del próximo Máximo Thomsen?

El estado actual

Una rápida búsqueda de “salud mental” en Google nos manda a decenas de noticias sobre casos problemáticos, adicciones e incapacidad estatal para atender todos los casos. El panorama es igual en todos los rincones del país, aunque se manifiesta de distinta manera en cada lugar. Pueden ser casos de adicciones, autolesiones, agresiones a terceros o a familiares cercanos. 
No es la primera vez que tocamos el tema y no parece haber todavía una iniciativa clara y concreta para reducir el problema, que tiene como elemento clave el corrimiento del Estado en su función de protección de la sociedad. El desmantelamiento de las colonias de salud mental son una realidad que marca la decisión estatal de correrse de aquello que no pudo hacer de manera eficiente y que no fue reemplazado por el mercado. Incluso si lo hubiese hecho, los privados no pueden reemplazar al Estado en la función de policía y juez para determinar el aislamiento de algunas personas. Aquellas colonias de principios del siglo XX hoy trabajan muy por debajo de lo que lo supieron hacer (si lo hacen), pero con una población que multiplica más de cinco veces la existente al momento de su concepción.

El hecho de que algunos políticos y académicos nos quieran hacer pasar por alto la existencia de estos problemas (para tratar con normalidad a personas que claramente son un peligro para la sociedad y requieren un tipo de ayuda y aislamiento que hoy no están recibiendo), está en la base del giro a la derecha y los pedidos de más presencia estatal en la construcción de un orden público que proteja a las personas. Nunca hay que olvidarse de que para eso existe el Estado, el único precepto que justifica moralmente su existencia.