La Provincia busca maniobrar el conflicto con los gremios y desactivar la tensión por la Caja

Por Gabriela Yalangozian

La discusión previsional volvió a encender las alarmas en Córdoba. La posibilidad de que el Gobierno active el año próximo el artículo 63 del nuevo Código Tributario —aprobado ya en primera lectura y que habilita a aumentar hasta un 4% los aportes personales destinados a la Caja de Jubilaciones— detonó un fuerte malestar entre los gremios estatales, que este martes marcharán hacia la Legislatura. El panorama complica la agenda oficial y suma presión sobre la gestión de Martín Llaryora, que enfrenta la protesta sindical al cierre de un año complicado.

Para sindicatos como Suoem, Uepc, Upc, Judiciales, Bancarios y Luz y Fuerza, la medida que busca aprobarse en segunda lectura implica un recorte directo al salario de los activos y, a futuro, una baja en el cálculo de los haberes iniciales de los jubilados.

El enojo no es nuevo. Antes del llaryorismo, los trabajadores provinciales aportaban un 18%. Luego la alícuota subió al 22% y, con esta facultad, podría escalar al 26% para sectores que ya vienen denunciando un deterioro marcado del poder adquisitivo.

Quince gremios firmaron un comunicado conjunto rechazando la suba. Solo uno —el SEP— se declaró en estado de alerta sin convocar a la movilización. El resto irá con sus cuerpos orgánicos. Los Bancarios ya anticiparon que volverán a la calle el 17 de diciembre, cuando se trate el paquete presupuestario 2026 en segunda lectura.

Las columnas comenzarán a marchar desde las 9.30. A las 10, en Deán Funes y La Cañada convergerán Suoem, Luz y Fuerza, Bancarios y Judiciales. Uepc partirá desde su sede de 25 de Mayo. El destino: la Unicameral, donde se realizará la audiencia pública por el Presupuesto, el Código Tributario y la Ley Impositiva 2026. Entre los expositores está confirmada la intervención sindical a través del secretario general de AGEPJ, Federico Cortelletti, y podría sumarse algún referente del SEP.

Reunión con Facundo Torres: gesto o maniobra

Mientras tanto, el presidente provisorio de la Legislatura, Facundo Torres, convocó a los gremios a una reunión a las 9 de la mañana… lo cual generó malestar por coincidir con la hora pactada para las concentraciones. El detalle no pasó inadvertido entre los dirigentes, que en su mayoría adelantaron a Alfil que no asistirán y que privilegiarán la movilización. 

El Suoem, que confirmó su ausencia, concentró sus críticas en las declaraciones de Torres, quien sostuvo que el subsistema municipal dentro de la Caja era deficitario. El gremio respondió con un comunicado durísimo, acusándolo de “mentir o estar mal informado” y recordando que el régimen municipal es superavitario y —según remarcaron— podría incluso subsidiar al propio sistema legislativo.

El mensaje fue directo: aseguran que los municipales sostienen la Caja “con su aporte y su labor diaria” y no permitirán ser “exprimidos de forma desquiciada”.

Desde Uepc, Roberto Cristalli advirtió que otro aumento de los aportes que el oficialismo busca otorgar al Ejecutivo en 2026 “no será tolerado” y reiteró que los gremios seguirán exigiendo el pago del adicional extraordinario de fin de año para activos y jubilados, pedido sobre el que el Gobierno aún no se pronunció.

El SEP también declaró el estado de alerta “en rechazo al artículo 63 por considerarlo una rebaja salarial encubierta” y reclamó el fin del diferimiento previsional que afecta a miles de jubilados. Sin embargo, el sindicato conducido por Sergio Castro decidió no movilizarse, alimentando la distancia con otros gremios, como Bancarios. Su titular, Ezequiel Morcillo, insiste en que fueron los primeros en denunciar el impacto del artículo: en el Banco de Córdoba, dijo, los trabajadores ya aportan el 26%, que sumado a ingresos brutos y Apross se traduce en una pérdida cercana al 40% del salario de bolsillo.

Llaryora agita fantasmas y abre el juego

En paralelo, el Gobierno provincial empuja un debate más profundo: la sostenibilidad del sistema previsional cordobés. El déficit proyectado para 2026 ronda los $750 mil millones, una cifra que el oficialismo usa para justificar la urgencia de la reforma.

El argumento es lineal: con jubilaciones que en algunos casos superan los $6 millones y un salario de activos que promedia los $1.700.000, el sistema es insostenible. 

Según Torres, sostener jubilaciones que en algunos casos superan los 6 millones de pesos y un haber promedio de $1.700.000 exige “un debate profundo y serio” sobre quién debe financiar el sistema: los trabajadores activos, los contribuyentes o incluso los propios gremios si decidieran administrar la Caja.

Entre advertencias de paro, acusaciones cruzadas y una escalada de malestar, la discusión sobre la Caja vuelve a ocupar el centro del mapa político. Y en los pasillos del Panal ya deslizan opciones que hasta hace unos años parecían impensadas: transferir la Caja a Anses o delegar su administración a los gremios.

Dos fantasmas que el llaryorismo agita como alternativas si no logra sostener el artículo 63, tan resistido por los gremios estatales cordobeses.