Felipe Osman
El vendaval de denuncias que sacude a Hacemos Unidos anima a la oposición. Es un secreto a voces que el peronismo adelantará la elección provincial para despegar la contienda local de la campaña nacional, fijándola, probablemente, entre abril y junio. Y los libertarios, que saben que el Panal intentará pegar su elección a la de los intendentes afines, idean una estrategia que hace pie en el prontuario de los dirigentes peronistas del interior: provincializar las campañas municipales. Veamos.
La reforma de la Ley Orgánica Municipal de 2016 pesó en las elecciones de 2023, impulsando recambios en muchas localidades del interior. Pero en 2027 muchos de los que entonces tuvieron que dar un paso al costado pueden -y quieren- volver. Ese regreso plantea al peronismo una decisión incómoda cuando entre los aspirantes aparecen dirigentes condenados, imputados o denunciados.
En las últimas semanas, el peronismo ha quedado expuesto por el caso de “Hachazo” Villarreal, imputado por abuso sexual reiterado y corrupción de menores, abriendo la saga de los asesores de “Cañito” Flores, el opulento legislador departamental de Río Seco que contaba con cuatro colaboradores con antecedentes penales graves, entre imputaciones, condenas y denuncias, todos con cargos en la Legislatura.
Ahora bien, si sólo de Río Seco se tratara, el asunto podría tener un impacto electoral limitado. Pero no se trata sólo de Río Seco.
A vuelo de pájaro, desde la oposición recuerdan muchos otros casos capaces de complicar al peronismo en cada departamento.
En Cruz del Eje mencionan a Claudio Farías, ex intendente acusado por violencia de género y malversación de fondos, y a José Eugenio Díaz, condenado confeso por abuso sexual y coacción por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje.
En Río Segundo recuerdan el culebrón de Darío Chesta y Ricardo Granja, compañeros que se acusan mutuamente de defraudar al municipio que gobiernan utilizando tarjetas de crédito oficiales para gastos personales. Y también de Fernando Boldú, ex intendente “k” del departamento que se cuenta entre los que quieren “volver a ser”, procesado por lavado de activos en un desprendimiento de la causa CBI.
En Colón hablan del “Pollero” Cayetano Canto, ex intendente de Saldán procesado por negociaciones incompatibles con la función pública. En Unión hablan de Gerardo Brunori, ex intendente de Ordóñez, condenado por abuso sexual. Y en Río Cuarto de Alfonso Mosquera, ex ministro de Seguridad de la Provincia que irá a juicio por lesiones, amenazas y abuso sexual.
En General San Martín hablan de Martín Gill, ex intendente de Villa María, ex secretario de Obras Públicas de la Nación y ex ministro de Cooperativas y Mutuales de la Provincia, que enfrenta una causa por violencia de género. En San Javier recuerdan el juicio que atraviesa Oscar González por el accidente en que murió Alejandra Bengolea y dos menores resultaron gravemente heridas; y a Roberto Clavero, condenado a 28 años de prisión por abuso sexual. Y, esforzando mucho menos la memoria, mencionan en Santa María el caso de Pablo Ortiz, ex vicepresidente del Cormecor que acaba de renunciar a su cargo tras ser imputado por abuso sexual, hurto y defraudación, y en Tercero Arriba a Víctor Vera, exintendente de Tancacha, denunciado e investigado por “conductas inapropiadas” de las que habría sido víctima una estudiante menor de edad.
La enumeración, aclaran, es meramente ejemplificativa. Y aseguran tener “tres o cuatro casos” similares, por departamento, para cuando llegue la campaña.
La estrategia que imaginan es utilizar estos “insumos” que ofrece el interior para la campaña provincial, provincializando los casos y presentando al oficialismo como un espacio que “ampara delincuentes”, que asiste a una crisis moral propia de un “fin de ciclo”, y que ya no puede representar a los “cordobeses de bien”. Así, entienden, si Hacemos Unidos no quiere jugar cerca de la elección nacional por el influjo que la política nacional pueda surtir sobre la Provincia, entonces buscarán que sea el peso del interior el que caiga sobre las espaldas del Centro Cívico.
El gran interrogante es cómo jugará el Panal. Si las marcas del pasado, o del presente, lo disuadirán o no de apoyar a quienes vuelven por la revancha del 2023. ¿Cómo arbitrará el gobernador?
En Marcos Juárez, la estrategia -por la que todo el peronismo felicitó a Llaryora- fue apoyar a una cara nueva, lozana. Diáfana. Una forma de renovación. ¿Será esa la estrategia oficialista del 2027? En fin, para los condenados, imputados y denunciados, ¿habrá exilio o redención?
