Gabriel Marclé
El Presupuesto 2027 empieza a concentrar buena parte de la tensión entre Martín Llaryora y la administración nacional. El primer gesto fuerte llegó con el rechazo del arco oficialista en Córdoba al capítulo de discapacidad por la derogación de la Ley de Emergencia y la desregulación de aranceles para las prestaciones básicas. Ahora el conflicto suma un componente más concreto: la obra pública. El proyecto diseñado por el ministro de Economía, Luis Caputo, deja a Córdoba prácticamente afuera del reparto de fondos nacionales para infraestructura en 2027. La única partida con incidencia provincial corresponde a una iniciativa vinculada al sector nuclear y compartida con otras jurisdicciones.
El diagnóstico que circula entre dirigentes y legisladores oficialistas es contundente: “una vez más, cero pesos para Córdoba”. La lectura en el Legislativo nacional excede el reclamo por una obra puntual y apunta al esquema de inversión elegido por la administración libertaria. “No hay una sola obra pública para el interior que valga la pena”, el diagnóstico que Alfil colectó entre las filas cordobesistas.
Aunque queda tiempo hasta que el proyecto sea debatido en comisiones, en Córdoba adelantan que la situación es incluso “más negativa” que la de otros años. En otros presupuestos, apuntan, al menos quedaba la expectativa de que Nación pudiera hacerse cargo de trabajos a medio camino. Ahora, en cambio, ni siquiera aparecen partidas para dar continuidad a buena parte de esas obras.
Entre los más optimistas del peronismo cordobés persistía la expectativa por la Ruta Nacional 158, sobre la que intendentes reclaman avances para la construcción de la autovía y que en su momento también había sido impulsada por la ahora senadora libertaria Carmen Álvarez Rivero. Finalmente, no llegó al proyecto enviado esta semana.
A ese frente se suma la Ruta Nacional 19, escenario de reclamos por el estado de la traza, la falta de señalización y las condiciones de circulación, donde en el último tiempo se registraron accidentes fatales. En estos corredores, el reclamo cordobés se cruza con una discusión de fondo: quién se hace cargo de mantener y financiar las rutas que Nación dejó de priorizar.
En ese marco se reinicia la conversación sobre la transferencia de rutas nacionales a las provincias, mientras l planteo para el caso de la 19 circuló durante los últimos meses, aunque continúa “en veremos”. Sin embargo, para los gobernadores, el problema no es solamente asumir la administración de las trazas, sino hacerlo sin los recursos necesarios.
En el caso cordobés, el argumento es que Nación no está devolviendo siquiera los fondos vinculados al impuesto a los combustibles que deberían contribuir al financiamiento vial. Un informe de agosto calculó que, de distribuirse esos recursos según los coeficientes de coparticipación, Córdoba habría recibido $67.266 millones adicionales entre enero y julio. Por eso, la transferencia termina siendo una carga más que una solución, aunque los gobernadores -como Llaryora- muestran interés en aceptar el desafío.
Pese a las perspectivas negativas del proyecto, los diputados y senadores reconocen que el próximo paso será negociar. En el oficialismo cordobés hay dos interpretaciones sobre la ausencia de fondos para obras: o Nación busca marcar la cancha o la hoja quedó deliberadamente en blanco para ser completada durante las negociaciones parlamentarias. La segunda lectura abre una puerta política, especialmente cuando el Gobierno nacional negocia votos para eliminar las PASO.
Sin embargo, en el cordobesismo advierten que la falta de un primer gesto a favor de la provincia no deja el mejor suelo para iniciar esas conversaciones. La expectativa apunta, en parte, a Diego Santilli, jefe de Gabinete de la Nación y encargado de ordenar la relación con los gobernadores y avanzar en acuerdos por el Presupuesto. El ministro del Interior ya viene escuchando reclamos vinculados con las rutas nacionales y la obra pública en las conversaciones con los mandatarios.
La incógnita es qué margen habrá para transformar esa negociación política en partidas concretas. El modelo que impulsa el Gobierno nacional para la infraestructura parece haberse salido del mantra de “obra pública cero”, pero dejó a Córdoba afuera del primer listado de obras mientras sigue apoyándose en concesiones, privatizaciones y financiamiento crediticio. Por eso, más allá de trabajar para que se abra algún beneficio en la mesa de negociación, el cordobesismo no espera mucho de la calculadora de Milei y Caputo.
Al frente de obra pública y discapacidad podría sumarse otro vinculado a las Universidades y su financiamiento. Para las casas de altos estudios de la provincia (Córdoba, Villa María y Río Cuarto), la recomposición está muy por debajo del aumento previsto para el 2027. “Les daremos pelea en ese tema también”, adelantaron desde la representación cordobesista en el Congreso.
