Mientras demora un lanzamiento del Operativo Verano en Punilla, el Gobernador refuerza su estrategia de seguridad con gestos políticos, anuncios de alto impacto y un fuerte respaldo a las Fuerzas Armadas. En un contexto marcado por causas judiciales que involucran a efectivos policiales, la Casa de Gobierno mueve el eje y busca recomponer la seguridad de cara a la temporada.
Provincial24 de diciembre de 2025 Gabriela Yalangozian
Por Gabriela Yalangozian
El Gobierno de Córdoba eligió cuidadosamente dónde poner el foco. Luego de que este lunes Embalse fuese sede del lanzamiento del Operativo Verano Calamuchita 2025/2026, con un acto en Playa Maldonado que reunió a intendentes de la región, quedó flotando en el aire una pregunta incómoda: ¿Qué pasó con el acto que todos los años tenía como eje en el Valle de Punilla, con Villa Carlos Paz o Cosquín como escenario, anunciando el refuerzo de efectivos para la temporada estival?
Hasta este martes se desconocía si el Ministerio de Seguridad tenía previsto realizar ese lanzamiento como lo de otros años en una región que en los últimos tres meses estuvo atravesada por hechos que golpearon de lleno la imagen de la Policía de Córdoba.
En octubre, dos policías fueron detenidos por el brutal asalto a una pareja de jubilados en Villa Carlos Paz, un caso que incluyó violencia extrema y la sospecha de “zona liberada”. La investigación del fiscal Ricardo Mazzuchi derivó en detenciones que expusieron vínculos policiales con el delito organizado. Uno de los efectivos estaba en actividad y fue detenido cuando se presentó a trabajar en la Unidad Departamental Punilla.
También en octubre, otro hecho sacudió a la ciudad: un policía que manejaba alcoholizado chocó y mató a Diego Pérez, un joven de 25 años que iba a trabajar. La causa fue recaratulada como homicidio simple con dolo eventual, agravando la situación procesal del efectivo, quien continúa detenido en Bouwer.
Y en noviembre, la conmoción fue total con la muerte de Samuel Tobares, que fue abordado en un control policial en Villa Parque Síquiman y, tras una golpiza, falleció en el lugar. Dos efectivos fueron imputados por homicidio preterintencional, mientras familiares reclaman responsabilidades más amplias contra el sargento y el oficial detenidos.
Este contexto parece explicar, en parte, por qué el tradicional lanzamiento del Operativo Verano en Punilla aún no tiene fecha ni fue confirmado.
Una “puesta en escena”
Desde la Municipalidad de Villa Carlos Paz, el secretario general y de Vinculación Institucional, Juan Lucero, fue crítico con la lógica de los actos formales de la Policía puso el foco en la necesidad de recursos humanos.
Este martes, encabezó una reunión con autoridades policiales de la Departamental Punilla y en diálogo con medios locales, reconoció que no fue informado que vaya a haber lanzamiento oficial del operativo policial en esa ciudad, aunque relativizó la importancia de lo que llamó una “puesta en escena”.
“Lo que menos me preocupa es el acto. Lo importante es contar con los recursos, la predisposición de la Policía y del Gobierno provincial para hacer de Carlos Paz un destino seguro”, sostuvo Lucero.
El valle de Punilla no es la única región afectada por la crisis policial. Una seguidilla de hechos que se produjeron durante el 2025 puso a la Policía provincial bajo cuestionamiento. Al menos 15 policías fueron detenidos por distintos hechos, incluidos los cinco mencionados hasta el momento en esta nota.
En enero pasado, un oficial inspector y un sargento fueron imputados cuando ingresaron por error a una vivienda y dispararon durante una fiesta. También ese mes, una mujer policía fie detenida acusada de participar en una banda narco. En marzo, dos sargentos fueron acusados por abuso sexual con acceso carnal por un hecho ocurrido en Berrotarán. En mayo, un oficial fue imputado por hurto agravado reiterado, y fue acusado de robar dentro de la comisaría de Devoto.
El hecho de mayor impacto fue sin dudas el que involucró al exjefe de la Policía Caminera en el caso conocido como “La banda de la jefatura”, donde una serie de comisarios fueron detenidos por asociación ilícita, extorsión, usurpación, peculado, coacción y encubrimiento. En tanto que el mes pasado se conoció la detención de un cabo que sacaba fotos y filmaba a sus colegas mujeres en el baño de jefatura.
Por esta razón no llama la atención que el Panal haya decidido mover la agenda y, este martes, el gobernador Martín Llaryora encabezara la toma de juramento de 244 nuevos integrantes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), provenientes de las Fuerzas Armadas.
Cambio de eje: Fuerzas Armadas y narcotráfico
El acto, cargado de simbolismo político, se realizó en la sede de la FPA y buscó mostrar decisión, inversión y seguridad. Los nuevos oficiales fueron formados en la Universidad Provincial de Córdoba.
“Son parte de una fuerza de élite, con capacitación universitaria del máximo nivel, única en Sudamérica”, remarcó Llaryora, dejando en claro que la apuesta pasa por otra fuerza, con otra lógica y otro relato.
El gobernador fue más allá y lanzó un mensaje político directo, con destinatarios claros dentro y fuera del oficialismo: “Yo no consumo droga, no nos financia la droga”, dijo, al defender la lucha contra el narcotráfico y cuestionar a sectores de la oposición que no acompañaron la creación del organismo antidrogas.
Llaryora pidió a los efectivos que “justifiquen su accionar en la calle” y aseguró que Córdoba es “hostil al narcotráfico”. La ampliación de fiscalías, la formación universitaria y el refuerzo logístico fueron presentados como pruebas de una decisión política de fondo, en contraste con el desgaste que arrastra la Policía provincial.
Los escándalos policiales siguen su curso judicial con un fuerte respaldo del ministro de Justicia Julián López, quien alienta a sus fiscales a avanzar en las investigaciones sin privilegio alguno, cualquiera sea el rango de los uniformados imputados. Ya lo había señalado públicamente meses atrás: el compromiso es seguir depurando las fuerzas de seguridad para recuperar "credibilidad".
Mientras, el Gobierno provincial evita exposiciones incómodas, corre el eje y le “sube el precio” a la seguridad con nuevos organismos, más gestos de control político y una apuesta fuerte a la FPA como bandera. En un año complejo para la seguridad cordobesa, el Panal busca no quedar atrapado en la sombra de la crisis policial.
El Centro Cívico sondea el impacto de la reforma previsional en la opinión pública y busca referencias con el Gobierno Nacional. Los sindicatos planean la continuidad de las protestas, mientras evalúan la estrategia judicial.
Javier Bee Sellares, vicepresidente primero de la UCR nacional, acompañó al concejal Juan Balastegui en el cierre del año legislativo, con un mensaje de unidad para el radicalismo.
El gobernador cordobés se hizo presente para la jura de los nuevos oficiales y entregó 20 camionetas, además le exigió a los oficiales que hagan valer sus recursos.
El titular de la Caja de Jubilaciones, Adrián Daniele, aseguró que la nueva "Ley de Equidad Jubilatoria" no afecta derechos adquiridos y busca sostener el sistema previsional de Córdoba. A su vez, destacó que, si bien no resuelve el déficit fiscal por completo, la medida permitirá incrementar los haberes de los beneficiarios con menores ingresos para afrontar la actual crisis económica.
El gobernador explicó los primeros trazos de la reglamentación de la ley de Equidad Jubilatoria que “en forma progresiva” quiere reestablecer el 82% a casi 53 mil jubilados provinciales, mediante una suma extra. Se conoció la escala de los aportes a la Caja del hasta el 8%, con corte en haberes de 3,5 millones.
Mientras ayer los sindicatos demandaban ser recibidos por alguna autoridad, adentro del Panal se terminaba de cocinar la reglamentación del nuevo esquema de aportes previsionales. Estado de alerta y movilización; posible judicialización. Hoy, nueva reunión de secretarios generales.
El oficialismo quiere el lugar de Bettina Croppi, quien pasaría a la Procuración Penitenciaria. El defensor Nestor Gómez ¿el elegido? La votación larga y difícil del TSJ y por qué el Panal quedó conforme con la designación, aunque inicialmente aspiraba a una mujer presidenta.
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La tensión que dominó los primeros años de la relación Provincia-Municipio promete disiparse. Con el 2027 en el horizonte, el ‘juego en equipo’ vuelve a alzarse como un imperativo del propio interés, y los fondos que necesita la ciudad empiezan a llegar.
