Caja: gremios y Provincia disputan el tema de conversación

Por Felipe Osman

Si de sostener en agenda un tema espinoso para el Gobierno Provincial se trata, los sindicatos pueden anotarse un punto en el tanteador.

La reforma introducida por la ley que el oficialismo dio en llamar “de Equidad Jubilatoria” tuvo lugar en las postrimerías de diciembre, con lo cual cabe descontar que la Provincia no esperaba que el asunto resistiera demasiado en las marquesinas. Más bien -vale presumir- contaba con que el asunto caducara con el receso de enero.

Sin embargo, la ofensiva judicial que prometieron los sindicatos empezó a generar mayor expectativa, después de que, reglamentada la ley, la Cámara Contenciosa de Tercera Nominación admitiera el primer amparo interpuesto. Y ahora, la manifestación de los gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones en el peaje Córdoba-Carlos Paz vuelve a traer la atención sobre el reclamo.

En primera batalla, la voz de los sindicatos se levantó por encima del silencio que trae el receso. Pero el asunto la Provincia recogió el guante.

Caminos de las Sierras, empresa concesionaria de la red de accesos a Córdoba (perteneciente a la Provincia), radicó una denuncia penal en contra de los gremios que se manifestaron este lunes en el peaje, acusándolos de haber generado un “caos vehicular, con filas de hasta cuatro kilómetros y maniobras riesgosas para los automovilistas”.

Desde la concesionaria agregaron que la protesta se realizó “en un punto crítico de desaceleración y detención, lo que incrementó de manera significativa el riesgo de siniestros viales, tanto para los usuarios de la ruta como para el personal que presta servicios en la estación de peaje”. Los sindicatos, en tanto, salieron a rechazar las acusaciones.

Según los gremios, la medida se llevó adelante de manera pacífica, “sin impedir en ningún momento la libre circulación por la ruta, garantizando el derecho al tránsito”. Y su único objetivo fue “visibilizar el rechazo a la ley de ajuste previsional impulsada por el gobernador Martín Llaryora”.

Repudiaron la denuncia de la concesionaria, denunciando que se intenta “judicializar una protesta legítima y criminalizar el derecho constitucional a reclamar” y cambiar el eje de la discusión.

Los gremios también denunciaron que un medio (al que no mencionaron) decidió dar de baja la difusión que habían contratado para visibilizar el reclamo, y aprovecharon la bolada para volver a reclamarle al Gobierno Nacional que trasfiera a la Provincia los fondos que le adeuda para sanear el déficit de su sistema previsional.

Mas tarde, la propia CGT respaldó la posición de los sindicatos en contra de la Ley de Equidad Jubilatoria y del Gobierno Nacional.

De esta manera, se mantiene abierto un frente incómodo para la Provincia. Quizá una de las principales cualidades que propios y extraños reconocen a Llaryora sea su capacidad de encontrar oportunidades en las crisis. Una innegable predisposición a dar vuelta los escenarios que, a priori, se presentan como amenazas.

Ya lo hizo en su paso por la Municipalidad de Córdoba, cuando se valió de la cuarentena que acompañó a la pandemia para poner en retroceso al Suoem, recortar una hora a la jornada municipal, avanzar en la desconcentración operativa y reorganizar el funcionamiento de buena parte del municipio.

Ahora, desde el Centro Cívico, Llaryora parece haber identificado dos crisis como oportunidades: las amplias demandas por situaciones de inseguridad y el reclamo de los jubilados provinciales por la caída de sus ingresos.

En el primer apartado, la Provincia no solo invierte, también sale a mostrar los resultados con videos en redes sociales y pone lleva los focos sobre el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, posicionándolo como un expectable hacia próximos tests electorales.

En el segundo, el que nos ocupa, la Provincia decidió apelar a un remix que aúna políticas redistributivas, apela a la solidaridad, e incorpora también un alegato cuasi libertario, y tan cierto como contemporáneo: “los privados, que tienen peores jubilaciones que los estatales, no tienen por qué costear sus haberes previsionales”.

Por eso la “lucha” que se plantea entre el Gobierno y los gremios tiene un capítulo duro, que se peleará en los tribunales, y que son los nuevos aportes. Y otro simbólico, que gira en torno a cómo debe decodificarse la reforma previsional de Llaryora.