Bettina Marengo
Por Bettina Marengo
Los grandes lineamientos que el gobierno de Martin Llaryora se plantea para el año se conocerán en el discurso del 1 de febrero, día de inauguración de las sesiones ordinarias en la Legislatura, pero en el Panal adelantan que se aferrarán a la gestión e intentarán presentar al llaryorismo como un evento nuevo que lleva apenas dos años en la Provincia y seis en la ciudad de Córdoba.
Con ese recorte, que poda la historia del esquema cordobesista iniciada en 1999, la mesa chica del sanfrancisqueño busca evadir el señalamiento opositor de “gobierno viejo” con dos décadas y media en el poder, y tomar distancia de los predecesores Jose Manuel de la Sota y Juan Schiaretti.
“Mirá todo lo que hicimos los cordobeses en 2 años”, propuso Llaryora en sus redes sociales. Y se dedicó a hacer un salpicón de hechos de gestión con las principales novedades de los últimos días: la conectividad para 870 escuelas rurales y de montaña, el altonivel de avenida Vélez Sarsfield para empalmar con la ruta 36, el nuevo plan de “orden, disciplina y trabajo” en las cárceles provinciales, propuesta de la flamante viceministra de Justicia, Nadia Fernández, y la ponderación de los planes de empleo para amortiguar la caída del empleo por el estancamiento económico, dato que posteó la ministra del área, Laura Jure.
Aunque el gobernador quiere evitar toda discusión política que lo ponga en la mira de Javier Milei y distraiga a la opinión pública cordobesa de la gestión que quiere “vender”, por estos días y fuera de micrófonos y cámaras se está dando la discusión sobre la ley de reforma laboral que se tratará a partir del 2 de febrero en extraordinarias, y la posición de cordobesismo en el Congreso.
El ministro de Interior, Diego Santilli, parece tener cerrado el apoyo de mandatarios afines y dialoguistas pero tanto llaryoristas como schiarettistas del bloque Provincias Unidas patean para adelante la definición y mantienen los posicionamientos en reserva. Todos en Córdoba esperan una reunión entre el mandatario y Schiaretti donde se va a cerrar políticamente la cuestión, en un ajedrez donde una pieza clave es la conservación de las relaciones entre la provincia y el gobierno nacional. “Esto va para largo, por ahora estamos compartiendo la información que cada uno trae, los informes de la Mediterránea, del Ieral, lo que dicen los integrantes del bloque”, comentó un miembro del espacio.
El proyecto ingresó por Senado, donde el único dato concreto es que Alejandra Vigo, la senadora esposa de Schiaretti, no firmó el dictamen de comisión que habilitó el debate en el recinto. En principio, lo que trasciende por estas horas es que el oficialismo provincial jugará en el debate por la ley laboral con apoyo en algunos puntos y rechazo en otros, pero sin dejar en claro aún si van a acompañar el proyecto en general. Tampoco está claro si Llaryora y Schiaretti piensan lo mismo del tema: desde el bloque cordobesista alguien dijo que sería “muy pertinente e interesante saber la opinión”, del ex mandatario, que en principio asumirá su banca en Diputados cuando comiencen las sesiones extraordinarias.
Los ítems más objetados por el oficialismo provincial son la creación del FAL (Fondo Asistencia Laboral) que se costea en parte con aportes patronales que se pueden desgravar de Ganancias, lo que mermaría los recursos para las Provincias (“una avivada”, dijo un diputado), la asimetría que mantiene entre pymes y grandes empresas, la propuesta, considerada insuficiente, para las nuevas plataformas tipo Rappi, y lo vinculado a la lucha contra la “industria del juicio”. “Nosotros creemos que hace falta una reforma laboral, pero no necesariamente la que plantea Milei, y además creemos que si no hay política de reactivación no hay creación de empleo”, afirmó un diputado.
Mientras, desde la CGT nacional hay contactos con el Panal a partir de los vasos comunicantes existentes entre el triunviro Cristian Jerónimo y Llaryora “En esto estamos”, confirmaron a este diario desde la central obrera cuando se preguntó por comunicación con el sanfrancisqueño. En una nota con Radio 10, el dirigente del gremio del Vidrio, que no pertenece al “ala dura” de la CGT, reclamó modificaciones en el proyecto y señaló, sin mencionar a nadie en particular, que algunos gobernadores se comprometieron a acompañar el rechazo si no se incorporan las modificaciones que plantea el movimiento obrero.
