Control de narrativa, el aprieto de Seguridad tras el primer homicidio de 2026

Por Gabriel Marclé

La noticia del fallecimiento de Paolo De la Fuente en Río Cuarto terminó de consolidar un clima de conmoción que ya se venía gestando desde el ataque ocurrido el pasado 7 de enero y que en las últimas horas dio un nuevo giro con la confirmación del primer homicidio de 2026 en la ciudad. La gravedad del episodio obligó al Gobierno provincial a seguir con especial atención el desarrollo de la causa y, sobre todo, la evolución de la narrativa pública que se desprende del hecho. En ese terreno, para una gestión que ha hecho de la inseguridad uno de sus bastiones, parece una obligación tomar la iniciativa en la lectura de un episodio atravesado por la sensibilidad social, con la dificultad de ordenar una postura que resulte convincente para la comunidad.

Aunque el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, no se pronunció públicamente sobre el caso ni viajó a la ciudad, desde Alfil se confirmó que la situación es seguida de manera permanente desde el Panal. Desde allí se sostiene que el hecho está esclarecido, pero la preocupación no solo está puesta en la investigación judicial, sino también en la manera en que el episodio puede escalar en términos políticos y sociales. En ese marco, se mantienen alertas ante cualquier posible desborde del tema y se preparan para una discusión pública que inevitablemente girará en torno a las causas, las responsabilidades institucionales y las consecuencias de un hecho que impactó de lleno en la percepción de seguridad urbana.

Ese clima quedó reflejado anoche, cuando familiares de la víctima se manifestaron en las calles de Río Cuarto pese a que se había hablado de la suspensión de la convocatoria. Esta comenzó frente a la Municipalidad y luego se trasladó hacia la sede de la Unidad Departamental Río Cuarto de la Policía de Córdoba, marcando la primera expresión concreta de enojo social tras el fallecimiento y abriendo un nuevo capítulo en la reacción pública frente al crimen, con un componente emocional que complejiza aún más el abordaje político y comunicacional del caso. De hecho, por este motivo se suspendió la presentación de las nuevas Unidades Territoriales para el sur y quedó trunca la búsqueda por mostrar la fortaleza de las acciones de seguridad para el sur.

Narrativa

Para la Provincia, el principal desafío comunicacional está dado por dos líneas de interpretación que resultan especialmente difíciles de neutralizar. La primera tiene que ver con la sensación de riesgo generalizado que dejó el ataque. El hecho de que el detenido esté acusado de haberse confundido de persona instaló con fuerza la idea de que “le podría haber pasado a cualquiera”, una percepción que golpea de lleno sobre la idea de seguridad cotidiana y sobre la confianza en la capacidad de control de las fuerzas de seguridad.

La segunda narrativa, aún más compleja, es la que vincula el ataque con un posible ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico. En ese punto, el problema no es solo la hipótesis en sí, sino la carga simbólica que arrastra: la asociación directa con métodos violentos, con lógicas propias del crimen organizado y con una escalada de brutalidad que trasciende los delitos tradicionales. Según indicaron fuentes vinculadas a la investigación, las pesquisas trabajan sobre una hipótesis central: un conflicto personal entre el agresor y la persona con la que habría confundido a De la Fuente. El paso siguiente será poder comunicar de manera clara y convincente que las pruebas reunidas descartan cualquier nexo con el narcotráfico.

“Tejido social roto”

Dentro de las fuerzas de seguridad provinciales se aferran a una clasificación que busca encuadrar el hecho como un caso de violencia urbana y no como un episodio de inseguridad en sentido estricto. Se trata de una categoría que, según señalan, es la que más creció en todo el país y que remite a hechos que no son fácilmente prevenibles mediante la acción policial directa. En esa línea, aparece con fuerza el diagnóstico de un “tejido social roto”, donde los conflictos personales y las dinámicas violentas desbordan las herramientas tradicionales de prevención.

El Municipio, por su parte, observa el escenario con una mirada que combina cautela y expectativa. Desde la gestión local esperan que, una vez finalizada la temporada, puedan exhibir números positivos en materia de prevención, especialmente a partir del trabajo de la Guardia Local. Al mismo tiempo, buscan reforzar ese perfil con políticas que apunten al plano social, como el centro de adicciones que el intendente Guillermo De Rivas se prepara para inaugurar y que es presentado como una de las primeras obras con sello propio de su gestión.

En ese marco, desde el Palacio de Mójica se repite una consigna que funciona también como mensaje hacia otros niveles del Estado: “todos los actores deben hacer lo que corresponde”. La frase es leída como una referencia directa a la necesidad de una acción coordinada entre el Municipio, la Provincia, la Justicia y las fuerzas federales que actúan en la ciudad, en un contexto donde la responsabilidad por la seguridad y la violencia aparece cada vez más fragmentada.

Inicia el año político

En la discusión política, el peso de este hecho también parece haber marcado el inicio del año político en la ciudad. Distintos sectores de la oposición observan el desarrollo de los acontecimientos con cautela y comienzan a definir postura. Pese a esto, dirigentes del radicalismo evitaron participar de la marcha, al considerar que se trata de un tema extremadamente sensible y que una presencia partidaria podría ser interpretada como un intento de capitalización política de un hecho trágico. Aun así, en el escenario político subyace la idea de que el caso será utilizado para construir narrativas propias en un contexto donde ya empieza a sentirse el pulso de 2027.

La Justicia es otro de los focos de atención. El caso se da en un momento en el que el sistema judicial sigue ajustando el funcionamiento de su nuevo modelo de acción, y buena parte de los reclamos expresados por la familia de la víctima apuntan directamente al desempeño judicial. La expectativa social no solo está puesta en el esclarecimiento del hecho, sino también en la velocidad y la claridad con la que se avance en el proceso.

Más allá de la investigación en curso, lo que se juega ahora es la forma en la que impactarán las reacciones que genera. En ese terreno, la Provincia busca tomar la delantera, aun sabiendo que el impacto emocional y la reacción social vuelven mucho más difícil cualquier intento de ordenamiento de la narrativa.