Por G.Y.
La Municipalidad de Cosquín atraviesa uno de los escenarios judiciales más delicados de su historia reciente y mantiene la expectativa puesta en el levantamiento de la feria judicial para que la Justicia se expida sobre las apelaciones presentadas contra los fallos que habilitaban embargos millonarios sobre fondos coparticipables, comprometiendo el funcionamiento del municipio.
Desde el Ejecutivo local confirmaron que ambas causas —la principal vinculada al reclamo de la firma Vedant S.A. y la correspondiente a los honorarios del abogado Andrés Díaz Yofre— fueron apeladas y se encuentran actualmente en trámite.
El conflicto judicial se desprende de una causa iniciada hace más de veinte años por una financiera que otorgó préstamos a empleados municipales y que, tras sucesivas cesiones, derivó en un fallo que autoriza el embargo de hasta el 33% mensual de los fondos coparticipables, lo que representaría una erogación cercana a los 160 millones de pesos por mes.
El intendente Raúl Cardinali advirtió en reiteradas oportunidades que la aplicación efectiva de esa medida paralizaría la administración local, afectando áreas sensibles como salud, educación, obras públicas, programas sociales y el pago de salarios.
Es por eso que el municipio inició acciones ante el fuero Contencioso Administrativo para debatir el origen y la legalidad de los reclamos. En ese marco, Cardinali busca avanzar en la determinación de responsabilidades personales de quienes estuvieron al frente del Ejecutivo en el momento en que se originó el conflicto judicial, entendiendo que se trata de decisiones administrativas adoptadas hace más de dos décadas que comprometían recursos públicos sin el debido respaldo legal ni aval del Concejo Deliberante.
La posibilidad de que el exintendente responda en forma personal forma parte de las alternativas que se evalúan para evitar que las consecuencias del fallo recaigan exclusivamente sobre las arcas municipales y, en definitiva, sobre los vecinos de Cosquín.
Actualmente, el monto total en discusión supera los 5.500 millones de pesos por capital e intereses, a lo que se suman honorarios reclamados por más de 1.100 millones, en un esquema que desde el municipio consideran confiscatorio e inédito.
Hasta tanto la Justicia se expida, Cosquín transita un tiempo de espera forzada, con la mirada puesta en el calendario judicial y la esperanza de que una revisión del fallo evite un impacto directo y irreversible sobre las finanzas públicas y los servicios esenciales de la ciudad.
Respaldo político y declaración en la Legislatura
Cabe recordar que, a fines del año pasado, los intendentes del departamento Punilla participaron de una foto junto a Raúl Cardinali en claro apoyo institucional a la administración coscoína ante los posibles embargos.
Ahora, trascendió que, tras la apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura provincial, se presentará un proyecto de declaración que vaya en esa misma línea.
El impulsor es el legislador de Hacemos Unidos por Córdoba, Leonardo Limia, que anticipó a Alfil que promoverá una expresión política de acompañamiento al municipio de Cosquín. Limia remarcó que, si bien la resolución corresponde exclusivamente al Poder Judicial, desde la Legislatura buscarán dar una señal política clara: “Nosotros no podemos intervenir en la causa, pero sí podemos expresar una posición política para que se encuentre una solución que no termine perjudicando a los vecinos. Embargar esa magnitud de recursos es un antecedente muy grave para cualquier municipio de Córdoba”, aseguró Limia a Alfil.
El legislador adelantó que el tema podría ingresar en las primeras sesiones ordinarias, una vez superada la apertura formal del período legislativo.
