Felipe Osman
El conflicto docente sumó ayer un nuevo capítulo, con una movilización masiva, que llegó a las puertas del Centro Cívico, y una concentración que se sostuvo durante varias horas, de la que participaron también otros sindicatos estatales.
La acotación es relevante porque el contexto en que se desarrolla el conflicto es singular, quedando atravesado no solo por la Reforma Previsional de fines del año pasado, sino también por un marco económico nacional que determina una caída sostenida de la recaudación provincial de ocho meses.
El tablero gremial de Córdoba está agitado. Los amparos en contra de la Ley de Equidad Jubilatoria se acumulan en las Cámaras Contenciosas y la caída de los ingresos condiciona las paritarias, que, para peor de males, arrancan desde un piso muy bajo, ya que jamás se recompusieron tras el derrumbe de fines de 2023 y principios de 2024.
En ese marco, los docentes reclaman no ya una recomposición, sino un aumento, mientras la Provincia dice extremar esfuerzos para garantizar, en el mejor de los casos, una recomposición que mantenga a los docentes a salvo de la inflación.
El problema es que en el gremio tienen muy fresco el antecedente que se dio en el arranque de la gestión llaryorista, cuando el gobernador entrante denunció la paritaria firmada por su antecesor -que garantizaba la inflación- y decretó recomposiciones un 50 por ciento por debajo de la inflación durante los meses más ásperos del ajuste promovido por el Gobierno libertario. Por contrapartida, vale decirlo, la Provincia tomó para sí la cobertura del FONID, pero esto jamás fue identificado por los docentes como una ventaja, sino como la simple sustitución de un deudor por otro.
La Provincia ensayó el martes un pedido a la conducción gremial de la UEPC para que se levantara la medida de fuerza, acompañada de la advertencia de que, ajustándose al manual, el Centro Cívico descontaría los días de paro. Pero el pedido erró el destinatario: la cúpula del gremio no puede detener un paro decretado por sus bases.
Ya con la medida de fuerza ejecutándose, la Provincia avisó, ayer, que prepararía una nueva oferta en la que, a diferencia de las anteriores, las recomposiciones no estarían atadas a la recaudación. Es decir, aún para el caso de que la recaudación caiga, los docentes recibirán ajustes iguales a la inflación durante los 12 meses que dure el acuerdo. Y si se hace necesario economizar, no se ajustará en las partidas salariales sino en el plan de obra pública.
Desde luego, esa oferta no es automática. La Provincia tomará un tiempo para pulirla y la pondrá en conocimiento del gremio en algún momento de la semana próxima. Si a eso se suma que al gremio le lleva una semana analizar cada oferta hasta conseguir una resolución definitiva de la Asamblea Provincial (debiendo transitar antes un plenario informativo con los secretarios generales, asambleas escolares y departamentales), y que la semana próxima tiene apenas tres días hábiles, la respuesta podría llegar recién a principios de abril, cuando los docentes ya se hayan “ablandado” por los descuentos por días de paro que vaticinaba aquel comunicado de la Provincia.
Como en cada negociación, la Provincia lleva el tempo, y esa es quizá su principal ventaja. A los docentes les tocará analizar una oferta que no incluirá aumentos, pero que garantizará empardar a la inflación en un contexto en el que los salarios registrados empiezan a perder de manera sostenida con el IPC, y el que el Gobierno Nacional -ya avisó- rehusará homologar paritarias por encima del 2 por ciento mensual - mientras la suba generalizada de precios viaja, desde hace dos meses, al 2,9, convirtiendo a los salarios en su nueva “ancla inflacionaria”
