Carolina Biedermann
Por Carolina Biedermann
El Congreso inaugura el año legislativo con una agenda cargada y una discusión sensible, pero pendiente: la Ley Penal Juvenil, que contempla la baja de la edad de imputabilidad. En ese tablero, la diputada Laura Rodríguez Machado volvió a tomar la posta del proyecto que llegó desde el Ejecutivo, de la mano de la ex ministra de seguridad Patricia Bullrich. Córdoba juega un rol activo por su impacto con Provincias Unidas. Martín Llaryora acompañará la iniciativa con sus diputados, mientras que en el territorio propio, el vocero será el ministro de seguridad Juan Pablo Quinteros, con las estadísticas que lo avalan.
El gobierno de Javier Milei empieza su segundo tramo de gestión encarando una de las discusiones más difíciles como necesarias. Discutir la baja en la edad de imputabilidad. La diputada nacional Laura Rodríguez Machado, fue recientemente ratificada como presidenta de la Comisión de Legislación Penal en Diputados, y es una pieza clave del engranaje parlamentario para seguir adelante con la misión de que se logre aprobar esta iniciativa.
La Ley Penal Juvenil, que llegó desde el Ejecutivo nacional, logró dictamen en comisión y un nivel de consenso poco habitual para una decisión de esta envergadura: alcanzó 77 firmas positivas sobre un total de 142 diputados.
Este nuevo contexto parlamentario, que renovó sus autoridades en diciembre pasado, le resulta más favorable al oficialismo nacional. La Libertad Avanza cuenta hoy con 95 diputados propios, a los que se suman los aliados del PRO y un sector de la UCR, lo que le permite acercarse al número necesario para avanzar. Así mismo miran con atención los movimientos del bloque de Provincias Unidas y en especial, en los gobernadores que forman parte.
Desde el gobierno de la provincia de Córdoba adelantaron que el Gobernador apoya la medida, atendiendo los datos proporcionados por Seguridad y por Justicia. El encargado de ponerle voz y datos a la postura provincial será el ministro Juan Pablo Quinteros, quien se convirtió en uno de los funcionarios con mejor sintonía política con Patricia Bullrich, hoy senadora nacional y autora original del proyecto, cuando ocupaba el Ministerio de Seguridad de la Nación.
El presunto acompañamiento de Córdoba al proyecto, es puesto en dudas por la oposición nacional. “No sabemos qué va a hacer Llaryora. Porque dicen una cosa y después encaran para otro lado, como pasó con la Ley de Inocencia Fiscal”. Sin embargo, en el oficialismo provincial aseguran que la postura está definida, al menos para los ediles que responden o dialogan con el gobernador.
Quinteros, con los datos en la mano
El ministro de seguridad Juan Pablo Quinteros será el vocero del respaldo cordobés. Según datos que maneja su cartera, ocho de cada diez personas involucradas en hechos delictivos son menores de edad, aunque aclara que en los delitos graves la incidencia sigue siendo mayor entre adultos. Para el funcionario, las cifras reflejan una realidad con la que se topan a diario y que la ley vigente no logra dar respuesta.
“Está claro que esta es una discusión que hay que dar. Desde el año pasado, cuando Patricia Bullrich habló de este proyecto, di mi apoyo, porque es una problemática que vemos todos los días en la calle. Cada vez son más los pibes que delinquen”, sostiene Quinteros, quien insiste en que sin un marco legal que respalde el accionar policial, el esquema garantista y la puerta giratoria se activan de inmediato.
Quinteros se mostró a favor de que haya un plazo máximo de las penas privativas de la libertad, en personas adolescentes, y que la finalidad sea que el adolescente tome noción sobre el sentido de la responsabilidad legal de sus actos. Que haya una finalidad de resocialización, integración y también que se contemple el tema educación.
