Por Gabriela Yalangozian
La reforma previsional que el gobierno de Martín Llaryora logró aprobar a contrarreloj sobre el cierre de 2025 quedó atravesada a principios de este año por una decisión judicial que, aunque sobrevino de una acción individual, tuvo un impacto expansivo en el plano político y judicial
El fallo dejó el camino allanado para un amparo colectivo que tanto los gremios como los jubilados y pensionados que impulsaron la iniciativa popular que dio pie a esta Ley de Equidad Jubilatoria, consideran inminente.
El fallo de la Cámara Contencioso Administrativa de 3ª Nominación, dictado el 30 de diciembre, le puso un freno parcial al alcance de la reforma. La resolución ordenaba a la Caja de Jubilaciones de Córdoba “abstenerse de aplicar” los efectos del artículo 2 de la Resolución 496 del Ministerio de Economía sobre una jubilada provincial, hasta tanto se resuelva el fondo del amparo.
Técnicamente, era una medida de no innovar. Políticamente, se trató de un límite que alteró el escenario en un debate que se reanudará desde el lunes 2 de febrero, cuando el Poder Judicial retome su actividad tras la feria judicial.
Al mismo tiempo, tras darse a conocer el cronograma de pagos de la Provincia, se informó que los jubilados y pensionados provinciales cobrarán los haberes previsionales del mes de enero, por segunda vez bajo el nuevo sistema que aplica lo dispuesto por la Ley de Equidad Jubilatoria. Al respecto, la expectativa está puesta en saber si los descuentos continuarán afectando a aquellos estatales pasivos que vieron disminuido el mes pasado el monto cobrado.
Puerta abierta a nuevos amparos
El fallo judicial va incluso más allá de la coyuntura individual. Si bien reconoce que la Ley 11.087 no ordena expresamente recalcular haberes ya otorgados, la Cámara advierte que la reglamentación sí lo hace. En particular, señala que el artículo 2 de la Resolución 496 establece que la nueva alícuota “impacta directamente y en la misma proporción en el cálculo de los haberes previsionales acordados con anterioridad”.
En los tribunales, ese concepto no pasó desapercibido. Este argumento abre la puerta a planteos colectivos y alimenta la estrategia judicial que muchos ya comenzaron a delinear para después del 2 de febrero, cuando finalice la feria judicial.
En ese orden, el colectivo de jubilados y pensionados que impulsaron la iniciativa popular que el oficialismo utilizó como marco para sancionar la ley previsional, avanza en una ofensiva judicial: un amparo colectivo y un pedido de impugnación de la Ley de Equidad Jubilatoria.
Según expresaron los jubilados hay un dato que no fue inadvertido: con el número de expediente de la iniciativa popular, respaldada por 38.800 firmas, el Gobierno sancionó la Ley de Emergencia Jubilatoria. Ahora, ese mismo proceso vuelve a escena, pero en los tribunales.
