Por Gabriela Yalangozian
El malestar entre los trabajadores estatales de Córdoba sigue sumando elementos a un agitado y conflictivo inicio del año. A la reciente suba de los aportes personales —que impactó de lleno en salarios públicos— se le agregaron en las últimas semanas descuentos compulsivos aplicados por el Banco de Córdoba (Bancor), configurando un cóctel explosivo que enciende las alarmas de los empleados estatales provinciales.
Desde la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) seccional Capital denunciaron que cientos de docentes cobraron en febrero sumas irrisorias, en algunos casos inferiores a los $10.000, como consecuencia de débitos automáticos que llegaron hasta el 90% e incluso el 99,6% del salario. La situación, advirtieron, vulnera de manera flagrante el carácter alimentario del sueldo.
“El salario es nuestro único medio de vida. No se puede aceptar que, de un día para el otro, se confisque casi la totalidad del ingreso”, sostuvieron desde UEPC Capital, la seccional más combativa del gremio docente. Según explicaron, el conflicto se agravó luego de que Bancor —sin aviso previo— ejecutara un cambio en la modalidad de pago de tarjetas de crédito, lo que derivó en descuentos automáticos y generalizados sobre las cuentas sueldo.
Audiencia urgente
En diálogo con Alfil, el secretario general de la UEPC, Roberto Cristalli, confirmó que la situación es generalizada y no afecta solo a docentes. Tras casos alarmantes de estatales a los que se les descontó casi la totalidad de los haberes, junto con el gremio de empleados Legislativos (SELC) y el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) se solicitó una audiencia urgente con el Secretario General de la Gobernación, Davis Consalvi. La reunión tiene por fin convencer al Gobierno provincial que intervenga en esta acción compulsiva del banco provincial, para que no aplique los descuentos totales de los montos adeudados.
Más allá de las acciones sindicales, hay empleados que evalúan avanzar por la vía judicial o realizar denuncias en la Defensoría del Consumidor. En Río Cuarto, recuerdan, ya hubo una sentencia favorable a una docente en un caso similar, por lo que señalan que la práctica de Bancor tiene un antecedente judicial que le es desfavorable.
Endeudamiento y vaciamiento
El trasfondo de este conflicto es aún más profundo. Mientras el Banco Central advierte que el endeudamiento de las familias equivale, en promedio, a un cuarto del salario —el nivel más alto de las últimas décadas—, en Córdoba, el Gobierno provincial es acusado de “habilitar o tolerar” mecanismos que terminan de vaciar los bolsillos de los empleados públicos.
Este escenario funciona como caldo de cultivo para una revuelta sindical en ciernes. Ya de por sí, este miércoles está prevista una caravana masiva con gremios estatales y aportantes a la Caja de Jubilaciones, que volverán a ganar las calles en rechazo a la Ley de Equidad Jubilatoria y al aumento de los aportes. No se descarta que una de las banderas que se enarbolen sea justamente la de los descuentos “abusivos” de Bancor.
En el oficialismo provincial miran con atención la escalada del conflicto. Hay quienes temen que la presión continua sobre los trabajadores estatales provinciales podría volverse en contra del proyecto del Cordobesismo.
Algunos aún recuerdan que la derrota electoral del fallecido exgobernador Ramón Mestre fue adjudicada al voto castigo de trabajadores estatales y sus familias, cansados de los ajustes sobre el salario. Inevitablemente, trazan el paralelismo. Hoy, el humor social vuelve a tensarse en un sector sensible y numeroso.
El mensaje es claro: si no hay respuestas políticas, el conflicto promete crecer y convertirse en otro foco de desgaste para el Gobierno de Martín Llaryora en un año clave para lo que ya se presupone una complicada compulsa electoral en el 2027.
