La federalización de la apertura de sesiones devino en reproches (incluidos los drones)

Por Julieta Fernández

“Aparte de ser algo puramente demagógico es un avasallamiento a las instituciones al que nos está acostumbrando de manera preocupante este gobernador”, dijo el legislador del Frente Cívico, Walter Nostrala, en relación al proyecto que dispone la realización de la apertura de sesiones en localidades del interior durante los próximos 10 años. Esa expresión fue el puntapié para que Nostrala hiciera mención al “allanamiento” en el Tribunal de Cuentas de la Provincia.Tal como lo indicó Alfil en su edición anterior, desde el Ministerio Público Fiscal han utilizado el término “requerimiento de información” para referirse al hecho, al tratarse de uno de los poderes del Estado provincial.

“La Justicia es independiente. La Legislatura también es un organismo independiente. Lo que vemos es un atropello a las instituciones. Miren lo que pasó en el Tribunal de Cuentas. Un fiscal mandó a allanar, sin orden de un juez, a buscar el expediente de la compra de los drones que rechazó el Tribunal de Cuentas”, continuó Nostrala al referirse al “requerimiento de información” que se dio el miércoles por la tarde en el edificio del organismo de control. Cabe recordar que este hecho se dio tras la denuncia presentada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros (luego del rechazo a la compra de drones como equipamiento para tareas de seguridad ciudadana). Desde el juecismo habían calificado la licitación de dicha compra como un “traje a medida” para una empresa específica. 

El presidente provisorio de la Legislatura, que en ese momento encabezaba la sesión, le requirió a Nostrala en reiteradas oportunidades que “vuelva al tema de debate” (la ley que dispone que la apertura de sesiones se realice en localidades del interior). Nostrala insistió en que al oficialismo “le jode que lo controlen”. En una línea similar, su par del bloque, Walter Gispert, deslizó una frase alusiva al hecho: “Mandennos la policía, las denuncias. Los vamos a seguir controlando”. 

El proyecto finalmente fue aprobado con los votos del oficialismo y el acompañamiento de algunos opositores como Oscar Agost Carreño, Dante Rossi, Sebastián Peralta, Graciela Bissotto, entre otros. El ex intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, fue uno de los que cerró dicho debate y ponderó que sea “una decisión institucionalizada”. Como ya lo había planteado previamente, Llamosas volvió a calificar a la oposición de “destructiva y enceguecida”. 

Cruces por el estado del agua en Laboulaye

Otro de los temas abordados en la primera sesión ordinaria fue el pedido de informe al Ejecutivo sobre la detección de agua para consumo humano con altos niveles de arsénico en distintos puntos del territorio provincial. La legisladora radical, Alejandra Ferrero, chicaneó al oficialismo y dijo que “no se acordaron del interior al momento de cuidar a la gente del agua contaminada”. 

La legisladora Victoria Busso, quien proviene del departamento Roque Sáenz Peña, consideró que la legisladora radical habla “desde un nivel de desconocimiento, ignorancia e irresponsabilidad”. “Tal es su desconocimiento sobre la situación del agua en Laboulaye que le aclaro que al servicio no lo presta una cooperativa sino la municipalidad. Si tan preocupada está porque el agua ‘se corta’ en Laboulaye, que se lo diga al intendente (el radical Gino Chiapello) porque ellos no hicieron la cisterna, la hicimos nosotros (por el gobierno provincial)”, expresó Busso. La legisladora del PJ redobló la apuesta e incluso chicaneó al bloque radical por “dar clases de gobernar, aunque no sé donde practican”.