Por Gabriela Yalangozian
El conflicto por la reforma previsional en Córdoba avanzó este martes por la vía administrativa, mientras la estrategia judicial avanza en los distintos gremios cordobeses.
Fue el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Villa Allende el que presentó una denuncia de “ilegitimidad e inconstitucionalidad” contra el decreto 268/25 firmado por el gobernador Martín Llaryora, que reglamenta la Ley de Equidad Jubilatoria y dispone un aumento de los aportes personales de los trabajadores en actividad.
La presentación fue realizada con el patrocinio del Estudio Gentile Saravia y la asistencia del abogado Jorge Gentile, quien calificó el decreto que reglamenta la reforma jubilatoria aprobada a fines del año pasado como “abiertamente contraria” a la Constitución Nacional, la Constitución de Córdoba y a los convenios vigentes entre la Nación y la Provincia en materia previsional.
“Se trata de un recorte de los haberes de los activos, porque al aumentar el aporte jubilatorio disminuye el salario de bolsillo hoy y también la jubilación futura”, sostuvo el abogado Jorge Gentile a Alfil al explicar los fundamentos del reclamo.
Según detalló el letrado, el planteo se presenta formalmente como un recurso administrativo de reconsideración, solicitando que el propio Gobernador revoque el decreto reglamentario por su “carácter inconstitucional”. En caso de no prosperar, el camino judicial ya está delineado: “Vamos a recurrir a todas las instancias necesarias hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Aunque la acción fue impulsada por el sindicato municipal de Villa Allende, el alcance del planteo es mucho mayor. Gentile advirtió que el decreto “afecta a todos los trabajadores estatales activos de la provincia”..
“El problema no es aislado. Estos son los primeros casos, pero van a venir muchos más, tanto de trabajadores activos como de jubilados”, afirmó el abogado, en línea con el clima de creciente conflictividad que atraviesa al sector público desde la reglamentación de la Ley 11.087.
El Estudio Gentile Saravia ya había intervenido en diciembre pasado en el primer amparo individual presentado por una jubilada, que derivó en una medida de no innovar dictada por la Cámara Contencioso Administrativa. Sin embargo, los descuentos continúan aplicándose y esto derivó a esta denuncia de ilegitimidad elevada directamente contra el Gobernador.
“El decreto reglamenta una ley, pero lo hace fijando un recorte concreto que antes no estaba explicitado. Ahora sabemos cuál es el impacto real y por eso se puede impugnar”, explicó Gentile. Para el abogado, el núcleo del problema es claro: “Los aportes jubilatorios los dispone la Nación, no la Provincia, ni por ley ni por decreto. Eso está prohibido por la Constitución”.
Amparos individuales y acción colectiva
El planteo de los municipales de Villa Allende va en vía paralela a la estrategia judicial que viene siendo impulsada por otros gremios estatales. De hecho, el frente gremial avanza de manera paralela por dos vías complementarias. Por un lado, amparos individuales para trabajadores activos y jubilados, con pedido de medida cautelar para frenar los descuentos de forma inmediata y reclamar la devolución de los montos ya retenidos. Por el otro, un amparo colectivo gremial, que cuestiona la constitucionalidad de la Ley de Equidad Jubilatoria por su carácter confiscatorio y por afectar el cálculo original de los haberes previsionales.
El vencimiento de los plazos procesales en febrero y la reapertura plena de la actividad judicial tras la feria da vía libre para que el amparo colectivo sea presentado en las próximas horas, con impacto directo en la agenda política del Panal.
