Francisco Lopez Giorcelli
Mientras la paritaria nacional docente se estancó y el Gobierno nacional rechazó aumentos, los sindicatos universitarios endurecen sus posiciones y tensan el inicio del ciclo lectivo. En la UNC, esa presión se traduce no solo en amenazas de paro, sino que podría derivar, también, en una redefinición de las relaciones entre gremios, gestión y comunidad académica.
El plenario de secretarios generales de CONADU, reunido el pasado viernes 27, definió los próximos pasos de un plan de lucha que se viene construyendo desde hace más de dos años. A partir de mandatos discutidos en asambleas de base, la mayoría de los sindicatos docentes impulsó un plan de acción que endurece las posturas gremiales: una semana de paro del 16 al 22 de marzo —sujeta a modificación si antes comienza el tratamiento en comisiones del proyecto de reforma de la Ley de Financiamiento Universitario—, acciones de “agitación” desde la semana del 2 de marzo, declaración de sesión permanente del plenario ante el inminente tratamiento legislativo, y la elaboración de una continuidad de medidas que será definida en el Congreso de Conadu del 12 y 13 de marzo.
En este escenario, la asamblea extraordinaria de Afiliados de ADIUC, con más de 200 docentes presentes, evaluó la situación salarial a la luz de una pérdida acumulada del 34% del poder adquisitivo desde el cambio de gobierno. Allí se construyó un mandato más duro que el consenso nacional: impulsar un paro por tiempo indeterminado a partir del 16 de marzo y la no toma de exámenes desde el 2 de marzo, con asambleas periódicas para evaluar la continuidad de las acciones. Ese mandato fue presentado y sostenido por ADIUC en el plenario nacional, donde participaron 31 asociaciones de base.
La decisión de endurecer la postura docente no se explica únicamente por la realidad salarial universitaria. En el plano nacional, la paritaria docente fracasó en su última instancia de negociación y el Gobierno se negó a otorgar aumentos salariales incluso en medio del conflicto, consolidando un rechazo explícito al pedido de recomposición. Esa negativa eleva la presión sobre los sindicatos universitarios e impulsa estrategias más confrontativas: sin expectativas de mejora vía negociación paritaria, el paro indefinido se perfila como la herramienta más eficaz para poner el tema en agenda y tensionar políticas públicas. En la UNC, ese contexto obliga a ADIUC a subir la apuesta, porque los márgenes tradicionales de negociación se redujeron y los reclamos docentes ya no encuentran respuestas claras en las instancias formales.
A la vez, se definió la adhesión de las escuelas preuniversitarias al paro nacional docente convocado por CTERA para el 2 de marzo, ampliando el alcance de las medidas. El foco ya no está solo en la universidad, sino en una disputa por condiciones laborales que atraviesa a todo el sistema educativo.
El impacto en la Universidad Nacional de Córdoba parece inmediato: la amenaza de paro por tiempo indeterminado en un año electoral universitario tensiona las facultades que todavía adeudan mesas, reorganiza la agenda del rectorado y condiciona decisiones académicas. Más allá del reclamo salarial, el conflicto vuelve a instalar la discusión por el financiamiento como eje central y coloca a la conducción universitaria en la difícil posición de equilibrar entre las exigencias sindicales y la necesidad de garantizar el inicio del ciclo lectivo.
Esta reactivación del conflicto también tiene un correlato político interno. La decisión de ADIUC de empujar un paro indefinido busca consolidar liderazgo dentro de la federación nacional y reforzar su presencia frente a las bases, en un momento donde la pérdida salarial se volvió un reclamo transversal. Para la conducción de la UNC, esto implica gestionar un conflicto que puede escalar antes de que comience el año académico, sin contar con un canal de negociación paritaria que ofrezca soluciones estructurales.
Con el plenario en sesión permanente y el congreso de CONADU a la vista, marzo se perfila como un mes decisivo. Si las medidas no encuentran respuesta desde el gobierno nacional, la continuidad del plan de lucha podría expandirse más allá de la semana de paro inicial. Para las autoridades de la UNC, esto significa administrar tensiones internas y externas en simultáneo, en un contexto donde la paritaria no funciona como marco de negociación y la presión docente genera incertidumbre sobre la continuidad académica.
La UNC, en este punto, enfrenta un doble desafío: sostener una gestión que garantice funcionamiento y gobernabilidad mientras convive con un plan de lucha que busca prolongar y profundizar las medidas. En medio de esta tensión, el conflicto salarial y presupuestario deja de ser una discusión ajena para convertirse en una realidad que condiciona los tiempos y las decisiones de toda la comunidad universitaria.
