Felipe Osman
El affaire de los “naranjitas” se ha convertido en una discusión circular en Córdoba. Después de décadas de aceptación, por parte del municipio, de una actividad que pocas veces es bien vista por los vecinos, el cambio de juego que significó el arribo de la ideología ultra liberal al Gobierno Nacional -y, previo a ello, al debate público- ha redoblado la presión sobre la pasividad del Estado frente a quienes rentabilizan el uso del espacio público para subsistir.
En el último tiempo han proliferado los proyectos que buscan limitar o prohibir la actividad de los cuidacoches, y la Legislatura, que primero decidió desentenderse del asunto asegurando que se trataba de un tema a abordar por el Legislativo de cada ciudad, cedió después a la presión de la Iglesia cuando el oficialismo aceptó respaldar la prohibición.
Entre medio, e incluso antes, proyectos similares desfilaron sin pena ni gloria por el Concejo Deliberante, y ahora, una nueva alternativa, ideada por la oposición, llega para sumarse al coro.
Los concejales Javier Fabre, de la UCR, y Soher el Sukaría, del PRO, son coautores de una iniciativa que no busca prohibir a los “naranjitas”, sino “digitalizarlos”.
El meollo del proyecto es revivir la aplicación SEMM (Servicio de Estacionamiento Medido Municipal) que supo acuñar el llaryorismo en 2021, con la intención de que el vecino que quiera estacionar su auto en horarios y espacios delimitados por la Municipalidad pague una tarifa a la ciudad, y que sea ésta quien luego distribuya lo recaudado entre los “naranjitas”, que mantendrán sus funciones como cuidacoches, pero tendrán prohibido interactuar con los conductores. El objetivo: poner fin a las presiones y situaciones de violencia que a veces se dan cuando el “trapito” en cuestión intenta asegurarse el cobro y definir, a su justo buen entender, el costo del servicio compulsivamente ofrecido.
En la teoría, los naranjitas devenidos en “agentes de control” se encargarán de fiscalizar, mediante una aplicación en su celular, que los conductores hayan pagado la tarifa del SEMM, y hasta podrán labrar actas de infracción (artículo 8 inciso “c” del proyecto). Aquí la primera dificultad: quienes están habilitados para dar fe pública son los funcionarios municipales, o en su caso los inspectores con “chapas” habilitantes. Los agentes de control, llegado el caso, podrían hacer denuncias mediante la aplicación, pero no “labrar actas de infracción”.
Ahora bien, ¿bajo qué figura revistarán los agentes de control? ¿Serán nuevos monotributistas para echar sobre las espaldas de la Municipalidad, que en 4 o 5 años pasen a engordar la planta permanente? ¿O serán empleados de una empresa tercerizada? Y llegado el caso, ¿por qué una empresa tercerizada deberá soportar que el municipio le imponga contratar a naranjitas?
Para complejizar el tema, si viajamos hasta el artículo 19 inciso “f”, el proyecto habla de que el Ejecutivo deberá establecer, mediante la reglamentación de la ordenanza, “el régimen laboral de los agentes de control”. Pero si el Ejecutivo reglamentara el “régimen laboral”, entonces cabe presumir de que habrá relación laboral y que esta será con la Municipalidad.
Finalmente, tampoco queda claro cómo se superará el obstáculo de siempre: el control de la actividad. Prohibir la actividad es viable porque se puede fiscalizar, con intermediación de la Policía, que la actividad no se practique. Entrar en una regulación de la actividad implica una fiscalización mucho más fina, relativa a la forma en que la actividad se realiza. Y es allí donde suelen naufragar los proyectos.
