Carolina Biedermann
A horas del cierre de listas para la interna partidaria del PRO en Córdoba, previsto para este lunes, el partido amarillo atraviesa uno de los capítulos más enredados de su historia provincial. Los movimientos del partido nacional, asecha con la presentación de un nuevo recurso judicial para frenar el acto electoral.
Una elección en agenda, el partido fuera de las manos de su fundador, quien oficia como dueño del sello, la justicia nacional electoral como árbitro, dos listas en puja.
Lo que hasta hace unos días parecía una elección con dos listas en competencia podría terminar atravesada por una decisión de la conducción nacional y por movimientos judiciales que podrían alterar el tablero en cuestión de horas.
En principio, el escenario contemplaba la presentación de dos listas. Por un lado, la que arma Oscar Agost Carreño, actual presidente no legitimado por el fundador del partido, Mauricio Macri, quien buscaba renovar la conducción con una nómina de unidad junto a dirigentes del espacio, como Federico Salsfiel, entre otros, y en sociedad con la diputada nacional Laura Rodríguez Machado.
Enfrente se prepara otra lista impulsada por Agustín de la Reta, acompañado por Yanina Vargas, con la intención de disputar la conducción del partido en el distrito.
Ambas listas comparten un factor en común. Están compuestas por dirigentes que de una manera u otra han sido gestión o candidatos de otros partidos políticos, por fuera del PRO.
Quien decidió correrse del proceso fue la concejala Soher El Sukaria, alineada con Mauricio Macri. La macrista optó por no presentar lista al considerar que el proceso electoral carece de legitimidad, y se pliega al proceso judicial.
Sin embargo, el viernes llegó una señal fuerte desde la conducción nacional del partido.
La Mesa Ejecutiva del Consejo Directivo Nacional del PRO, presidida por Macri, resolvió dejar sin efecto la convocatoria a elecciones internas en Córdoba y designó al dirigente Valentín Díaz Gilligan como responsable político territorial del distrito.
La decisión, informada desde Buenos Aires, fue adoptada tras una reunión realizada el jueves 5 de marzo. En ese encuentro se analizó una denuncia presentada el 19 de febrero por afiliados y dirigentes provinciales que cuestionaron la legalidad del llamado a elecciones dispuesto un día antes por una reunión conjunta de la Asamblea de Delegados y la Junta Ejecutiva Provincial.
Según la evaluación del Consejo Nacional, la convocatoria presentaba irregularidades. Entre ellas, que el llamado a elecciones no figuraba en el orden del día de la reunión en la que se resolvió avanzar con el proceso electoral.
Además, se planteó que el mandato de Agost Carreño al frente de la Junta Ejecutiva Provincial estaría vencido, lo que limitaría sus atribuciones para tomar decisiones institucionales como la convocatoria a comicios partidarios.
Con esos argumentos, el Consejo Directivo Nacional declaró la existencia de irregularidades en el acto del 18 de febrero y resolvió anular el proceso electoral, una decisión que ahora deberá ser notificada tanto a las autoridades provinciales como a la Justicia Electoral.
Pero el anuncio nacional no cerró el conflicto. Por el contrario, abrió otra discusión.
Quienes siguen el caso sostienen que la conducción nacional del PRO no puede suspender unilateralmente una elección provincial, ya que la única herramienta institucional para hacerlo sería una intervención formal del partido en el distrito.
El PRO nacional ya intervino en tres oportunidades al partido cordobés y, precisamente, esa tercera intervención volvió a moverse en las últimas horas en la Justicia.
Según trascendió, circuló un dictamen en el expediente judicial que analiza la situación institucional del partido, aunque hasta el viernes ese documento aún no figuraba formalmente incorporado en la causa.
De confirmarse novedades judiciales este lunes, el panorama podría cambiar otra vez.
Pero por otra parte, si finalmente se habilita el proceso y solo se presenta la lista que responde a Agost Carreño, esa nómina quedaría automáticamente proclamada como conducción partidaria, sin necesidad de ir a votación.
Si, en cambio, prospera la decisión del Consejo Nacional o aparece una resolución judicial que frene el proceso, la interna quedaría definitivamente suspendida y el partido volvería a quedar bajo la órbita de decisiones que se tomen entre Buenos Aires y los tribunales.
En síntesis, el PRO Córdoba llega al cierre de listas con un escenario que mezcla disputa interna, intervención latente y un expediente judicial que puede definir el partido en cuestión de horas. Un cóctel político que vuelve a mostrar que, en el distrito mediterráneo, el orden interno del macrismo sigue siendo una cuenta pendiente.
