Franco Cervera
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia que condena a cinco años de prisión a Luis María Viaut, ex fiscal federal de San Francisco, por tráfico de influencias y exacciones ilegales agravadas.
El máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó la queja presentada por la defensa, lo que sella el destino judicial del ex funcionario, quien fue corrido de su cargo en 2023.
Pasaron más de tres años desde que el fiscal federal de San Francisco fue condenado a cinco años de prisión por el Tribunal Oral 2 (TOF2) de Córdoba por cobrar dinero para “frenar” una investigación y por tráfico de influencias. Además, fue sentenciado al pago de una multa de seis millones de pesos y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Pese a esto continua en libertad por las calles de la ciudad, ahora solo le restaría ir contra el Estado argentino a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque ese recurso no deja sin efecto la firmeza de la condena. Por ende, de no mediar ninguna novedad o situación de privilegio, el exfuncionario debería empezar a cumplir su condena en la cárcel.
Salió a defenderse
Luego de que la Corte Suprema de Justicia deje firme la sentencia que lo condena a cinco años de prisión, Luis María Viaut, ex fiscal federal de San Francisco, rompió el silencio a través de un comunicado que publicó en redes sociales.
Viaut recordó estuvo casi cuarenta años de trayectoria en el sistema judicial federal y que a lo largo de estas décadas intervino en investigaciones complejas vinculadas al narcotráfico, a delitos económicos, a la evasión fiscal y al lavado de dinero, “siempre con el compromiso de actuar con independencia y respeto por la ley”.
Tras ello, apuntó: “En los últimos años se ha intentado instalar en mi contra una acusación de supuesto tráfico de influencias, una imputación que rechazo de manera categórica. Dicho delito presupone la utilización indebida de una posición o influencia para obtener beneficios o favorecer intereses particulares. En mi caso, no existe ninguna prueba que demuestre una conducta de esa naturaleza”.
Agregó que se ha afirmado, por ejemplo, que habría intentado influir sobre una fiscal mediante una llamada telefónica. Sin embargo, aduce, no existen registros, audios ni documentación que respalde tal afirmación: “Cuando solicité que se incorporaran las correspondientes sábanas de llamadas —prueba objetiva que permitiría verificar cualquier contacto— dicho pedido fue rechazado, lo cual genera una situación difícil de comprender desde la perspectiva del derecho de defensa”.
Asimismo, Viaut contó que se difundieron versiones que pretenden vincularlo con expedientes o personas con las que jamás ha tenido relación: “En la fiscalía a mi cargo nunca existió un expediente relacionado con la cooperativa que se menciona públicamente, ni he ordenado o sugerido a persona alguna solicitar dinero para manipular o cerrar causas judiciales” y aclaró que la forma en que se han presentado estos hechos configura una “operación mediática” que busca instalar sospechas sobre su nombre y trayectoria.
“Esta situación se desarrolla, además, en un contexto particularmente delicado para mi familia, que desde hace aproximadamente tres años viene atravesando un proceso judicial que consideramos profundamente injusto. Durante ese tiempo hemos soportado presiones e intimidaciones que exceden lo razonable dentro de un debate judicial”, sostuvo.
Un ardid sistemático
Días atrás el abogado que llevó querellante que llevó adelante la causa, Juan Alberione, sostuvo que lo que hacía Luis María Viaut y un empleado de la dependencia, Darío “Paco” Rivarola, eran carpetazos.
“Fue un carpetazo el que intentó hacerle al cooperativista de la zona. Darío Rivarola, asistente de Viaut en 2020 le dijo que era inminente un allanamiento en sus oficinas por un caso de venta de soja en negro, cuando el productor se dedicaba a la industria ganadera. Fue un carpetazo que le salió mal”, explicó el abogado penalista Alberione
.
Al mismo tiempo recordó que el productor rural pudo grabar la conversación y esa fue una pieza clave en el juicio para demostrar cómo actuaban el fiscal y su colaborador.
“Quedó demostrado que esto era un modus operandi, y no fue un hecho aislado. Esto provocó mucho daño a la población y algunas personas decidieron no hablar porque se vieron beneficiadas por este accionar de la fiscalía”, comentó.
La causa de corrupción
En el año 2022 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba dictó la condena tras un juicio. Según el expediente, el ex fiscal Luis María Viaut, junto a Darío Rivarola, empleado de su dependencia, y tres personas más, organizó un esquema de cobro de sobornos para frenar investigaciones y ejercer presión en causas de la justicia ordinaria.
La investigación judicial detalló que, en una causa tramitada en la fiscalía de San Francisco, Viaut solicitó, por medio de Rivarola, la suma de 2,5 millones de pesos al gerente y al presidente de la cooperativa tambera Las Cañitas, ubicada en El Tío, con el objetivo de “cajonear” un expediente y evitar un procedimiento judicial inminente.
Durante el proceso, salieron a la luz otros hechos. Víctor Brugnoni se contactó con Rivarola a través de Walter Gustavo Fattore, Gerardo Panero y el propio Viaut, con el propósito de que intercedieran en una causa que investigaba delitos sexuales atribuidos a su hijo. El monto ofrecido, según los registros del juicio, ascendía a 250.000 dólares, de los cuales efectivamente se entregaron 17.100.
Las penas impuestas a los implicados reflejaron la gravedad de los cargos, aunque con diferencias según el grado de participación.
El tribunal consideró a Rivarola coautor de tráfico de influencias y exacciones ilegales agravadas, por lo que recibió una condena de tres años de prisión condicional. Tanto Fattore como Panero fueron ubicados en el rol de partícipes secundarios y recibieron seis meses de prisión condicional cada uno. En cuanto a Brugnoni, la sentencia lo encontró responsable de cohecho activo, fijando para él dos años de prisión.
La fiscalía, en su alegato, sostuvo que Viaut “abusó de su función pública y de su posición de poder”, afectando a la Cooperativa Las Cañitas y a la comunidad de El Tío, y “defraudó las expectativas derivadas de su rol, a su familia, amigos, colegas, superiores y al sistema de justicia en general”.
Además, se señaló que Viaut impulsó una estrategia mediática para desprestigiar a la colega que instruía la causa en su contra. Por estos motivos, el Ministerio Público había solicitado una pena de siete años de cárcel y una multa de 51.300 dólares, junto con la inhabilitación especial perpetua y el decomiso de los bienes secuestrados durante los allanamientos.
El fallo definitivo estableció una condena de cinco años de prisión, una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de seis millones de pesos. Hasta el momento todos están libres, pero con esta resolución de la Corte Suprema de la Nación, Viaut debería ir a la cárcel.
