Franco Cervera
La Unión Obrera Metalúrgica de San Justo llevó adelante el acto eleccionario para renovar autoridades en la seccional, y pese al intento de otra facción opositora, finalmente se presentó solo la lista Verde, del oficialismo, que encabezó el actual secretario, Lucas Sarmiento.
Según los datos del escrutinio de la elección, se emitieron 1.862 votos, donde la única lista obtuvo 1.738 sufragios, mientras que se registraron 114 votos en blanco y 10 nulos.
En este contexto, además de agradecer el apoyo de los afiliados, desde la entidad gremial vuelven a remarcar la preocupación que existe por la baja en la producción que se viene registrando en las pymes y grandes empresas de esta zona, principalmente por la apertura indiscriminada de importaciones y la caída del consumo.
Despidos en Sachs
Días atrás fue noticia la desvinculación de 43 trabajadores de la empresa ZF Argentina de San Francisco (Ex Sachs), debido a la falta de demanda de amortiguadores.
Al respecto, Lucas Sarmiento, comentó que finalizando el 2025 venían teniendo conversaciones con la empresa con la alerta del crecimiento de la importación de amortiguadores, lo que impactó en la producción local. “En el arranque del año la situación estaba complicada y terminó empeorando hasta tener esta triste noticias de los contratos que se dieron de baja”, indicó.
Los 43 trabajadores estaban bajo el formato de “contratos eventuales”, figura que suelen utilizar las grandes empresas cuando se les incrementa la producción: “Es una figura que ZF utiliza habitualmente cuando tienen una producción importante. Normalmente la gran mayoría pasa a planta después de un tiempo. Lo que pasó ahora no pasaba hacía algunos años. 43 personas es mucho, es otra empresa”, detalló.
Según datos del sector, las importaciones de amortiguadores pasaron de 524.000 unidades en 2024 a más de 2.100.000 unidades en 2025, un salto que impacta de lleno en la demanda de producción local. Como consecuencia, la planta cordobesa de ZF redujo su actividad durante este año, ya que el mercado interno “no alcanza para todos”. Si bien la empresa exporta parte de su producción, esos envíos no logran compensar la caída de las ventas locales.
Con los tapones de punta
La semana pasada sindicatos y organizaciones gremiales de San Francisco como el Suoem, Luz y Fuerza, La Bancaria, Uom, Camioneros, Uepc, entre otros, manifestaron a través de un documento su “enérgico y firme rechazo” ante la sanción de la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional de Javier Milei y la reforma previsional aprobada por la gestión provincial de Martín Llaryora.
“Esta declaración conjunta nace de la necesidad de fijar una postura técnica y política clara frente a normativas que, bajo el pretexto de la modernización o la emergencia económica, desmantelan décadas de conquistas sociales y perforan el piso de dignidad de nuestra comunidad”, indicaron.
En lo que respecta a la reforma laboral de la administración nacional, denunciaron que el nuevo marco normativo constituye un retroceso sin precedentes que vulnera el principio de progresividad tutelado por la Constitución Nacional.
“La modificación de los regímenes indemnizatorios, la extensión arbitraria de los períodos de prueba y la flexibilización de las condiciones de contratación representan un ataque directo a la estabilidad laboral y a la Ley de Contrato de Trabajo 20.744. Resulta particularmente despiadada la regresión en materia de licencias por enfermedad inculpable, donde se pretende limitar la protección del trabajador en el momento de mayor fragilidad psicofísica, facilitando despidos en contextos de convalecencia y alterando el régimen de salarios caídos”, fundamentaron su postura.
Agregaron que sostienen con firmeza la inconstitucionalidad de este proyecto, dado que contraviene el Artículo 14 bis de la Carta Magna, el cual ordena la protección del trabajo en todas sus formas y garantiza el control de la arbitrariedad patronal.
Cuestionamientos a la Provincia
Asimismo, este bloque gremial repudió la reforma previsional ejecutada por el Gobierno de la provincia de Córdoba: “Consideramos que las modificaciones en el cálculo del haber inicial y el diferimiento de los aumentos para el sector pasivo no son medidas de ajuste técnico, sino una confiscación de derechos adquiridos que atenta contra el carácter alimentario de la jubilación”, dijeron.
“Esta normativa es nula de toda nulidad por violar la garantía de movilidad jubilatoria y la proporcionalidad que debe existir entre el salario del activo y el haber del pasivo. Planteamos la inconstitucionalidad de esta reforma sobre la base de que vulnera el derecho a la propiedad privada de los aportantes y desnaturaliza la seguridad social integral e irrenunciable”, agregaron.
Frente a este escenario, concluyeron que agotarán todas las vías legales pertinentes “para impugnar estas medidas que atropellan la dignidad del pueblo trabajador”.
