El escenario financiero de los municipios cordobeses parece ser cada vez más complejo. En un contexto donde la falta de envío de fondos nacionales y la caída del consumo ya golpean las arcas locales, se suma ahora un componente crítico: la deuda acumulada del PAMI.
Lo que meses atrás se reportaba como un retraso administrativo aislado, se ha transformado en un escenario que se espiraliza hacia los proveedores y prestadores de salud.
En Córdoba, una treintena de comunas, a través de una misiva firmada de manera pública, denuncian atrasos que superan los 300 millones de pesos, una cifra que, según estimaciones de los propios jefes comunales, podría duplicarse si se contempla a la totalidad de las localidades que aún no han formalizado sus reclamos.
En este marco de creciente tensión institucional, el intendente de La Cumbre, Pablo Alicio, dialogó con Diario Alfil y describió la situación que atraviesan algunas localidades del interior de Córdoba.
-La realidad en torno al no envío de fondos por parte del PAMI parece haber llegado a un punto límite para muchos municipios cordobeses. ¿Cuál es la realidad específica que hoy vive La Cumbre respecto a este reclamo?
— La situación es sumamente preocupante y el impacto en la inversión que hacemos en salud es directo. Cada municipio está haciendo esfuerzos denodados para que la atención no se resienta, invirtiendo recursos propios para que nuestros adultos mayores sean bien atendidos. Sin embargo, la deuda que el PAMI mantiene con cada localidad que presta servicios en sus centros de salud municipales está golpeando fuertemente nuestros números.
Para ser precisos, desde julio de 2025 hasta la actualidad, en La Cumbre no hemos recibido un solo pago por parte del PAMI. Estamos reclamando junto con muchas otras localidades porque la deuda es muy grande. Lo estamos cubriendo con recursos municipales para no dejar a nadie a pie. En nuestro caso particular, tomamos la decisión política de no cobrar bonos ni aranceles de atención a los vecinos de nuestra localidad, pero la realidad es que estamos financiando una responsabilidad que le corresponde a la Nación.
—¿Cómo afecta esto a la red de salud privada de la región?
—Quienes tienen convenios de cápita con PAMI, especialmente los establecimientos privados, arrastran una deuda tan grande que el sistema está sintiéndolo mucho. Las clínicas privadas están empezando a cerrar porque no pueden sostener los costos operativos sin cobrar. Eso genera un efecto dominó: al cerrar el privado, todo ese flujo de pacientes cae en el hospital municipal. Nosotros absorbemos la demanda, pero sin los fondos que legalmente nos corresponden, la ecuación se vuelve insostenible a largo plazo.
— Este conflicto con el PAMI se da en el marco de una situación económica que atraviesa fuertes desafíos. ¿Cómo fue el balance de la temporada turística para una localidad que vive de ello?
— Ha sido una temporada regular. No fue como las que veníamos acostumbrados, con ocupaciones del 100% en otros años. Las últimas han sido más difíciles debido al contexto del país que incide en el día a día. Tuvimos un enero con el 65% de ocupación y un febrero un poco menor, aunque tuvimos picos del 95% en carnaval y fiestas comunitarias.
Hoy vemos que no hay ningún tipo de política turística por parte del gobierno nacional. Antes contábamos con herramientas como el PreViaje que movilizaban mucho en temporada baja; ahora la gente tiene que elegir entre salir de vacaciones o guardar el dinero para el día a día. Además, nos afectó la cantidad de visitantes que eligieron destinos fuera del país. Estamos trabajando fuerte con el sector privado a través del Ente Mixto de Turismo y con la Agencia Córdoba Turismo para impulsar eventos y promocionar el destino, pero se nota la falta de un impulso nacional.
—Frente a este escenario, ¿de qué manera se sostiene la obra pública y la gestión diaria?
— Estamos intentando cumplir con lo básico: servicios, haberes del personal y algunas obras públicas. A pesar del contexto, logramos avanzar con obras propias y otras en conjunto con el Gobierno Provincial. El año pasado terminamos el polideportivo social y recientemente finalizamos una cisterna de 150 mil litros para mejorar el sistema de agua. También estamos trabajando en centros comerciales a cielo abierto con el Ministerio de Producción y terminando perforaciones que ya están listas para funcionar. Incorporamos espacios recreativos porque entendemos que la calidad de vida del vecino no puede frenarse, pero todo se hace cuesta arriba cuando los fondos coparticipables o los pagos por servicios prestados, como el de PAMI, se demoran más de seis meses.
— En las últimas semanas, la Provincia ha sumado a varios intendentes a cargos de gestión provincial. ¿Qué opinión le merece este movimiento político?
— Me parece una decisión muy acertada. Los intendentes que se sumaron tienen experiencia de gestión real y han trabajado el territorio. Es fundamental que en el Gobierno Provincial haya personas que tengan esa visión cercana de la problemática de cada región. Por ejemplo, Fabrizio (Díaz) conoce a la perfección las necesidades de los intendentes de Punilla; lo mismo Marcos Torres o Agustín González en seguridad. Aportar esa experiencia de gestión de las necesidades básicas de los municipios es un valor agregado que puede ayudar a paliar este momento tan difícil.
