Bettina Marengo
El 7 de abril vence el segundo mandato de Amelia López al frente de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba, y aparece en el horizonte cercano un cargo vacante muy apetecible para el gobierno de Martín Llaryora. La reciente reforma Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a los menores, aprobada por el Congreso de la Nación con apoyo del cordobesismo, determina un nuevo contexto de actuación del organismo.
Delasotista de origen, López llegó a la Defensoría en 2016 fruto de un acuerdo entre José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti. Antes había sido diputada y ministra de Educación, entre otros cargos. Renovó en el 2021 durante el último mandato de Schiaretti y completó los diez años hasta llegar al tercer año de la gestión Llaryora.
La ley no permite un tercer período y ahora el Poder Ejecutivo tiene que llamar a concursos y luego elevar una terna de postulantes a la Legislatura para la designación del nuevo titular. Con ayuda de aliados, Hacemos Unidos llega a la mayoría simple que exige la aprobación del nuevo titular.
Aunque se trata de un organismo autárquico que amerita especialización en la problemática integral de los menores, y no solo en lo relativo al delito o el conflicto con la ley, la vacante da lugar para la especulación sobre los posibles nombres que la política tiene en la mira
De momento, los corrillos hablan de dos mujeres, pero la rosca recién comienza. Una es una abogada, esposa de un dirigente radical que tiene diálogo con el oficialismo, en cuyo caso podría interpretarse como parte de un acuerdo del PJ con un sector de la UCR de cara a necesidades electorales del 2027.
La otra postulante que suena es también abogada, integrante del sistema minoridad, especialista, con paso por el área Niñez de la Provincia, que contaría con el respaldo del ministro de Justicia, Julián López, cuya cartera tiene a su cargo el proceso de recambio. Como el Ministerio Público Fiscal, el cargo sobrepasa temporalmente los gobiernos que designan a sus miembros, de modo que la elección hecha durante una gestión puede ser un problema político para la siguiente. De ahí que el tema pierda la candidez de la infancia.
Desde los sectores que trabajan con chicos y chicas ven con buenos ojos que se mantenga el proceso iniciado por López de abrir la Defensoría a cuestiones que trascienden lo penal y lo legal, y remarcan la importancia de abordar cuestiones sociales más amplias, además de problemáticas como suicidios, bullying, cyberbullying. Otro dato es que la Defensoría tiene doce subsedes en distintos puntos del interior, lo que le da una cotizada presencia territorial.
A esta vacante, se suma la que se producirá en algunas semanas en el Juzgado Electoral de la Provincia por la renuncia, tras su jubilación, de la jueza Marta Vidal, la única que ejerció el cargo desde la creación del Juzgado en 1997, durante el gobierno del fallecido Ramón Mestre.
Según trascendió, Lopez se incorporaría como asesora a algún ministerio del gabinete provincial al finalizar su gestión, aunque mantendría su cargo de presidenta del Instituto Latinoamericano del Ombudsman.
