A pocos días del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, el Gobierno de Córdoba viene dando señales más nítidas de posicionamiento en materia de derechos humanos. No se trata solo de respaldos institucionales, sino de una construcción política y discursiva que intenta consolidar una agenda propia y, al mismo tiempo, tomar distancia de la mirada del Estado nacional que de la mano de Javier Milei viene relativizando el terrorismo de Estado.
El dato no pasa desapercibido: en el entorno del oficialismo cordobés reconocen que hay una decisión de “poner el tema en agenda” y acompañarlo con presencia concreta. La participación de funcionarios en instancias judiciales clave, como el anuncio de identificación de restos en el ex centro clandestino La Perla, es parte de esa política.
En ese contexto, este miércoles el gobernador Martín Llaryora utilizó sus redes sociales para reforzar el mensaje político detrás del hecho. “No hay futuro posible sin verdad, no hay justicia sin memoria y no hay democracia plena si olvidamos lo que pasó”, expresó, tras calificar la identificación de las víctimas como “un hecho histórico y profundamente conmovedor”. La definición no es menor: implica un posicionamiento explícito en un escenario nacional donde el debate sobre memoria y derechos humanos no es una prioridad, ni discursiva ni presupuestaria.
Financiamiento y vacío nacional
Uno de los ejes donde la Provincia busca diferenciarse justamente es el financiamiento. Durante las excavaciones en el predio conocido como “Loma del Torito”, ya se había deslizado una crítica hacia la Nación por la falta de recursos para sostener las tareas.
En diálogo con Alfil, el ministro de Vinculación, Miguel Siciliano, fue contundente al explicar que la continuidad del proceso se realiza gracias al compromiso provincial. “Tras el cambio de gobierno nacional, se había frenado todo el trabajo de búsqueda de restos por falta de presupuesto. Cuando el juez nos planteó la situación, la decisión fue acompañar con todo lo que hiciera falta, incluido financiamiento”, señaló en referencia al magistrado Miguel Vaca Narvaja.
Pero además, Siciliano dejó en claro el encuadre político de esa decisión: “No es una obligación jurídica, pero sí una obligación moral y ética del Estado. Y nosotros somos Estado”. La frase sintetiza la lógica que intenta construir el oficialismo cordobés: no solo cubrir un vacío, sino hacerlo desde un rol activo y con contenido político.
En esa misma línea, el funcionario adelantó que la Provincia garantizará el acompañamiento a las próximas excavaciones previstas para 2026, reforzando la idea de continuidad en una política que, en rigor, es de jurisdicción federal.
Volumen y visibilidad
El giro también puede leerse en clave interna. Durante la gestión de Juan Schiaretti, la agenda de derechos humanos tuvo presencia y acompañamiento. En la continuidad vuelve a ocupar un lugar central en la narrativa política. Con Llaryora, comienza a ganar volumen y visibilidad.
La convocatoria y presencia de funcionarios provinciales en la conferencia de prensa de la Fiscalía Federal N°3 fue contundente. Además de Siciliano, estuvo la secretaria de Derechos Humanos y Diversidad de la provincia Tamara Pez y la ex titular del área Liliana Montero, actual secretaria General de Salud y Desarrollo Humano; los tres brindando un respaldo explícito a las políticas de memoria.
Incluso desde el propio oficialismo destacan que Córdoba continúa sosteniendo actividades de los sitios de memoria, en alusión a La Perla, Campo de la Ribera y el Archivo Provincial, y que mantiene vínculos de colaboración con organismos como Abuelas de Plaza de Mayo. En esa línea, Siciliano remarcó que el compromiso “viene de hace tiempo”, pero que hoy se refuerza ante un contexto histórico tan importante.
La política también se juega en la calle
El calendario inmediato será otra instancia de lectura política. La movilización del 24 de marzo volverá a mostrar a la dirigencia del cordobesismo en las calles, aunque con una lógica particular. Según adelantó Siciliano, la participación no será en primera línea institucional.
La modalidad repetirá la de años anteriores, varios dirigentes del Pj cordobés tendrán su columna y de la misma formarán parte referentes como legisladores, dirigentes territoriales y figuras históricas del peronismo cordobés, en una señal de acompañamiento que busca equilibrar lo político con lo simbólico.
En paralelo, se aguarda una definición pública tanto del exgobernador y actual diputado Juan chiaretti como de la senadora Alejandra Vigo, lo que terminará de configurar la postura del espacio en una fecha altamente sensible.
En un escenario nacional donde el tema vuelve a polarizar y polemizar, Córdoba intenta posicionarse con un discurso propio. Lo que está en juego no es únicamente el acompañamiento a políticas de derechos humanos, sino también la construcción de una identidad política en un contexto nacional cambiante.
Como dejó planteado el propio Llaryora en su posteo, la discusión no es solo sobre el pasado, sino sobre el tipo de democracia que se proyecta hacia adelante.
