Felipe Osman
Martín Llaryora, Juan Schiaretti, y Natalia de la Sota conmemoraron, desde sus redes oficiales, el quincuagésimo aniversario del último golpe militar, que sumió al país en la violenta dictadura de 1976-1983. Y el reclamo siempre vigente de Memoria, Verdad y Justicia ofició una breve tregua en las tensiones internas que atraviesan al oficialismo provincial.
En el interior, donde algunas noticias viajan más rápido, hay intendentes que aseguran que la hendidura abierta por las Legislativas del año pasado entre Hacemos Unidos y Defendamos Córdoba ya está próxima a cerrar. Y que la ‘peronización’ del gabinete es una muestra de eso. No es aún posible verificar si hablan de hechos, pronósticos, o de deseos, pero lo real es que esa fractura nunca llegó a la Legislatura. Más allá de algún chispazo, Bernardo Knipscheer nunca abandonó formalmente el bloque. Y es probable que los números que reflejan una caída constante en amplios rubros de la actividad económica, un descenso del empleo registrado y un repunte de la inflación convenzan al Centro Cívico de que tomar distancia del Gobierno Nacional es el camino para prorrogar la hegemonía del peronismo cordobés más allá del 2027.
El asunto es que esa senda no parece coincidir con la que, al otro costado, interpreta el schiarettismo.
Algo de esto parece reflejar la libertad de acción que el Centro Cívico dio a sus representantes en el Congreso en el debate de la Reforma Laboral y la Ley de Glaciares. Una máxima jurídica que orienta los interrogatorios dicta jamás hacer una pregunta cuya respuesta no se conozca de antemano. Adaptada a la lógica política, podría reformularse así: “jamás des una orden cuyo cumplimiento no puedas garantizar”. Es probable que el Panal no esté en condiciones de aunar a sus representantes detrás de una única consigna, y la mejor manera de disimularlo es tras el ropaje de la libertad de acción.
Hay también quienes refieren una supuesta reunión, en CABA, entre el gobernador y su antecesor, antes de la “Argentina Week” en Nueva York. En ella se habría hablado tanto del posicionamiento de los legisladores nacionales cordobeses en el Congreso como del retroceso del schiarettismo en el gabinete provincial, con un Schiaretti más abierto a respaldar iniciativas del Gobierno Nacional.
Desde luego, aquello que sucede entre cuatro paredes casi siempre es (afortunadamente) incomprobable. Pero, en cualquier caso, las versiones son verosímiles.
Hay síntomas claros de tensión entre el schiarettismo y el llaryorismo. El ministerio de Desarrollo Social, una de los nodos del schiarettismo, fue primero parcialmente traspasado a Cooperativas y Mutuales (Brandán) y Vinculación Institucional (Siciliano), y luego descabezado por el gobernador para poner a su frente a Marcos Torres en lugar de Laura Jure. Y los meses sin que el ex gobernador comunique un respaldo expreso a la gestión provincial de su sucesor se acumulan desde la campaña. “El que gobierna, gobierna. Y el que no, se llama al silencio”, dirán los peronistas. Pero ese silencio es llamativo cuando la gestión empieza a ser asediada por las críticas opositoras.
Hay además otros indicios, indirectos, pero indicios al fin. Nadie termina de comprender si el concejal peronista Diego Casado es un líbero embanderado detrás de una cruzada personal, o si en realidad es un satélite que nunca se aleja demasiado de la órbita de Alejandra Vigo, y sirve para decir por interpósita persona lo que el viguismo no quiere decir con la propia voz. Pero es llamativo que los impugnados por Casado suelen coincidir bastante con los nombres que menos gracia hacen a la sociedad conyugal Schiaretti-Vigo.
En fin, no más que un sintético repaso de lo que se vislumbra debajo, mientras en la superficie reina un respetuoso y necesario silencio, momentáneo.
