
Ferrer bloqueó una posible judicialización y arrancó el año partidario
Carolina Biedermann
El Comité Provincia de la Unión Cívica Radical mantuvo la primera reunión del año. Aunque algunos radicales remarcaron que el orden del día fue acotado, el encuentro dejó definiciones políticas claras hacia adentro del partido y sumó el pedido de expulsión de Emiliano Paredes, intendente radical de Tanti que, según expresan los miembros del Comité, “integró la lista de diputados abiertamente enfrentada a nuestro partido”. El jefe comunal fue uno de los radicales que "saltó el charco" y se sumó al oficialismo provincial como candidato en la lista que encabezó Juan Schiaretti.
Con el inicio del año partidario en marcha, la conducción que encabeza Marcos Ferrer utilizó el encuentro para marcar la cancha y bloquear, al menos por ahora, cualquier intento de trasladar las tensiones internas al plano judicial, movimiento que venían considerando alguno de sus adversarios, para apurarlo con una elección. Los plazos están cumplidos y dicen que “no hay mora”.
En la previa, algunos boina blanca ya habían relativizado el peso político de la convocatoria, con la lectura de que se trataba de un cumplimiento formal, en línea con lo que establece la Carta Orgánica, que estipula que deben haber reuniones mensuales. Sin grandes anuncios, el oficialismo aprovechó el espacio para ordenar el escenario interno y revitalizar la actividad partidaria.
El temario, según se detalló, incluyó el análisis de la situación económica de la Seccional Primera, un punto que venía generando inquietud por su impacto en la estructura territorial. Pero la polémica estuvo en el tratamiento de los pedidos de expulsión que hizo el Comité y que elevó al Tribunal de Conducta del partido. El nombre que trascendió fue el de Paredes.
Sobre la interna no se habló. Desde el oficialismo fueron contundentes y dejaron en claro que los procesos están en curso, dentro de los plazos correspondientes, y que deben respetar los canales institucionales previstos. En conclusión, no habrá definiciones apuradas por más que proliferen los lanzamientos.
Sobre este punto cabe remarcar que el Comité Provincia no tiene competencia sobre el Tribunal de Conducta. Este es el órgano autónomo que se encarga de evaluar la conducta de los afiliados y de disponer eventuales sanciones o expulsiones. Este mismo órgano fue el que en su momento instruyó la expulsión de la vicegobernadora Myriam Prunotto. Por esta razón, lo articulado en la reunión se interpretó más como un posicionamiento político que como una instancia con capacidad de decidir.
Con la bandera de largada en alza, lo que este miércoles pareció como un trámite administrativo, terminó funcionando también como una jugada de contención y un freno a la oposición interna, que mira con lupa los movimientos, para acudir a reclamar en Tribunales.


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