Gabriela Yalangozian
La llegada de recursos nacionales a Córdoba trajo alivio financiero a la gestión de Martín Llaryora, pero reabrió una disputa que nunca se terminó de saldar con los gremios estatales provinciales.
El anticipo de $400.000 millones a cuenta de la coparticipación, la confirmación de mayores envíos de ANSES para cubrir parte del déficit de la Caja de Jubilaciones y la expectativa por futuros Aportes del Tesoro Nacional (ATN) reactivaron con fuerza la agenda de reclamos que se mantiene desde la puesta en marcha de la Ley de Equidad Jubilatoria.
Hasta hace pocos días, el Gobierno provincial sostenía que el margen de maniobra era prácticamente inexistente. La caída de la recaudación, el retraso de los giros nacionales y el deterioro de las cuentas públicas aparecían como la explicación central para justificar las medidas de ajuste sobre jubilados y trabajadores estatales.
Sin embargo, el nuevo escenario financiero cambió el eje del debate. Los gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones sostienen que ya no existen argumentos para mantener el recorte previsional.
En un documento conjunto difundido el fin de semana, reclamaron el "cese inmediato del ajuste previsional" y recordaron que desde mayo la cuota mensual que la ANSES transfiere a Córdoba para financiar el déficit previsional se duplicó, por lo que consideran que desapareció la principal justificación económica para sostener los altos porcentajes de descuento sobre los haberes de activos y pasivos.
El mensaje tiene un destinatario claro: el gobernador Martín Llaryora. Los sindicatos respaldan el reclamo institucional que Córdoba mantiene contra la Nación por los fondos adeudados para la Caja, pero al mismo tiempo sostienen que el Ejecutivo provincial debe comenzar a traducir el alivio financiero en decisiones concretas que quiten presión a los trabajadores estatales y los jubilados.
La discusión aparece, además, en un momento políticamente sensible.
El decreto firmado por Javier Milei que habilitó un anticipo financiero por $400.000 millones fue leído por la oposición como una expresión de la delicada situación fiscal de Córdoba al señalar expresamente que la Provincia atravesaba dificultades para afrontar "los compromisos más urgentes" de su presupuesto. Ese argumento permitió justificar el auxilio financiero nacional.
Ahora, con recursos frescos ingresando a las arcas provinciales y con la expectativa de nuevos desembolsos el interrogante comenzó a desplazarse hacia otro terreno: cuáles serán las prioridades del Gobierno provincial para administrar ese alivio.
En ese escenario, la denominada Ley de Equidad Jubilatoria continúa siendo el principal foco de tensión entre el Gobierno y los gremios estatales.
Los sindicatos reiteraron su rechazo a la reforma al considerar que profundizó el ajuste sobre los pasivos y recordaron que la Justicia ya comenzó a poner límites a su aplicación.
El antecedente judicial resulta especialmente significativo.
Aunque se tratan de amparos individuales, estos fallos dejan abierto un camino que tanto los gremios como los jubilados organizados consideran el antecedente inmediato para una ofensiva judicial colectiva.
Ese proceso podría cobrar nuevo impulso precisamente ahora, cuando la Provincia comienza a recuperar capacidad financiera.
El argumento sindical es sencillo: si el Gobierno sostenía que el ajuste respondía exclusivamente a una situación de emergencia económica, el ingreso de nuevos recursos obliga a revisar esa política.
Cabe destacar que el conflicto previsional ya no es el único frente abierto. En el mismo comunicado difundido en las últimas horas, los gremios decidieron volver a colocar en el centro de la discusión la situación de miles de trabajadores públicos endeudados con el Banco de Córdoba.
El documento denuncia descuentos "abiertamente confiscatorios" sobre cuentas sueldo, que en numerosos casos llegan a absorber la totalidad del salario apenas es depositado. También cuestiona que esos débitos alcancen el medio aguinaldo, asignaciones familiares, cuotas alimentarias y subsidios por discapacidad.
La renovación del directorio del Banco de Córdoba abrió una nueva expectativa entre los gremios, aunque también elevó el nivel de exigencia. El reclamo ya no se limita únicamente a los descuentos automáticos.
Ahora incorpora otro punto sensible: el sistema de refinanciación de deudas. Las organizaciones sostienen que los planes actualmente ofrecidos no representan una solución real porque aplican tasas que superan el 120% anual para docentes y trabajadores de la administración pública.
Por eso exigen la intervención directa de Llaryora para fijar un límite legal a los débitos sobre cuentas sueldo, similar al que hoy rige para los embargos.
El endurecimiento del discurso sindical no se queda en un escrito ya que tendrá continuidad en la calle.
El Movimiento Obrero de Córdoba convocó para el próximo miércoles 22 de julio a una jornada provincial de lucha que incluirá una concentración desde las 11 en el centro de la ciudad.
La movilización buscará unificar reclamos que hasta ahora venían desarrollándose por carriles separados: el rechazo a la Ley de Equidad Jubilatoria, el fin del diferimiento previsional, la restitución del 82% móvil, el rechazo a los descuentos bancarios y la exigencia de que la Provincia utilice el nuevo margen financiero para comenzar a revertir las medidas de ajuste.
Aunque Córdpoba no haya resuelto definitivamente sus problemas financieros ni el anticipo de coparticipación alcanza para equilibrar las cuentas provinciales, políticamente el escenario cambió.
Y cuando cambian las condiciones económicas, también cambian las demandas. Los gremios interpretan que ya con el Mundial concluído y a los ciernes de una campaña más concreta con el objetivo reeleccionario de Llaryora, el reclamo debe volver a tomar las calles.
Y en esa nueva etapa, las prioridades del Gobierno de Martín Llaryora quedarán bajo una presión creciente: cada peso que ingrese desde la Nación fortalecerá el argumento de quienes sostienen que ya no hay razones para mantener el ajuste sobre jubilados y trabajadores estatales.
