El grave ataque que dejó gravemente herido al comisario Rubén Brandán en medio de una pelea entre naranjitas reactivó con fuerza un debate que la Legislatura cordobesa viene postergando: la regulación o prohibición de la actividad de cuidacoches y limpiavidrios en la ciudad de Córdoba.
El impacto del caso del comisario baleado no sólo sacudió la agenda de seguridad, sino que aceleró los tiempos políticos y puso en agenda nuevamente la urgencia de tomar medidas concretas.
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, se puso una vez más al frente del reclamo para que la Legislatura trate con urgencia la ley que busca modificar el Código de Convivencia. Lo hizo en su diálogo con los medios mientras aguardaba la evolución del jefe policial baleado.
Más allá de los detalles del hecho concreto, el mensaje político fue claro: para Quinteros, la demora legislativa tiene consecuencias concretas en la calle. “Ojalá no tuviéramos que lamentar una desgracia para que se apruebe (el proyecto)”, había advertido tiempo atrás. Hoy, esa frase resuena con fuerza.
La embestida opositora
Ya desde hace un tiempo, la seguidilla de detenciones a naranjitas en la ciudad de Córdoba se convirtió en terreno fértil para que un sector de la oposición endureciera su discurso y apuntara directamente contra el gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini. Sostienen que el oficialismo “dilató” una solución y que el costo lo paga la ciudadanía.
Uno de los más duros en sus cuestionamientos es el legislador Gregorio Hernández Maqueda (Mejor Futuro), que impulsa la prohibición total de la actividad. El dirigente liberal volvió a la carga tras el caso Brandán y reavivó el debate con un mensaje directo: “La única verdad es la responsabilidad política”, afirmó.
“El gobierno de Llaryora y Passerini son culpables de esto. Nos votaron en contra del proyecto para prohibir naranjitas y después lo cajonearon”, lanzó Hernández Maqueda en redes sociales.
El legislador insiste en que no hay margen para soluciones intermedias y que la discusión debe resolverse con una prohibición lisa y llana en toda la provincia. A su entender, la convivencia urbana ya fue desbordada y la violencia reciente es prueba de ello.
Su postura se apoya en una seguidilla de episodios: peleas entre cuidacoches, amenazas con armas blancas y agresiones en zonas comerciales. “Todo tiene un límite”, repite buscando capitalizar el malestar social.
El dilema del oficialismo
Del otro lado, el peronismo cordobés intenta sostener una posición más matizada. La propuesta oficial apunta a regularizar la actividad. Sin embargo, esa estrategia quedó en pausa en diciembre pasado. El proyecto que iba a tratarse en recinto fue postergado luego de un contundente comunicado del Arzobispado de Córdoba y, desde entonces, el tema quedó atrapado en el debate en comisión.
En ese punto aparece una figura clave: Juan Manuel Llamosas, quien tiene a su cargo la Comisión de Seguridad. El también exintendente de Río Cuarto mantiene conversaciones con distintos actores, incluido el Ejecutivo provincial y jefes comunales, en busca de consensos.
Pero la presión social crece y los hechos de violencia aceleran definiciones que el oficialismo preferiría madurar con diálogo.
Otro elemento que complejiza la discusión es la postura de la Iglesia. A fines del año pasado, cuestionamientos vinculados al impacto social de la medida influyeron en la decisión de frenar el tratamiento.
Sectores opositores sostienen que el debate se “cajoneó” por presiones del arzobispo Ángel Rossi y de intendentes del interior. Desde la Iglesia, en tanto, plantearon la necesidad de analizar el tema con mayor profundidad, advirtiendo sobre el riesgo de criminalizar la pobreza. Ese punto sigue generando tensiones.
Centro de la escena
Lo cierto es que la presión ante un tema tan sensible termina siendo la piedra en el zapato e incómoda al PJ cordobés. La violencia en las calles, los reclamos de comerciantes y vecinos, y ahora el ataque a un jefe policial pusieron el tema nuevamente en el centro de la escena.
Hoy, la normativa permite la actividad bajo ciertas condiciones en la ciudad de Córdoba. Pero en la práctica, el límite es difuso y abundan las denuncias por extorsión y amenazas. Pero la problemática parece más exclusiva a la Capital provincial que al resto de las localidades cordobesas.
En ese contexto, Quinteros volvió a marcar la cancha: “No hay seguridad jurídica en la calle”. Y con esa frase dejó en evidencia la necesidad de una definición política por parte de la Unicameral.
Con la Comisión de Seguridad analizando el proyecto y la presión en aumento, la Legislatura enfrenta una decisión inevitable: dar una respuesta política a una problemática que incomoda al oficialismo.
La oposición busca instalar que la demora tuvo consecuencias. El oficialismo, en tanto, intenta construir una salida que no fracture su base social ni exponga flancos ideológicos.
En el medio, la sociedad cordobesa observa. Y exige respuestas.
Porque, más allá de las diferencias, hay un dato que nadie discute: el conflicto de los naranjitas dejó de ser un problema menor y se convirtió en un tema central de la agenda pública. Y esta vez, parece no haber margen para volver a patearlo.
