Bettina Marengo
El miércoles 1 de abril asume el nuevo fiscal general de la Provincia, Carlos Rubén Lezcano, en reemplazo de Juan Manuel Delgado, un movimiento institucional nada neutro, que tiene detrás el inicio de la etapa Llaryora en el Ministerio Público Fiscal y la deschiarettización del organismo del cual dependen todos los fiscales de la provincia.
Lezcano no la tendrá fácil en su desembarco. Aunque en este momento no hay demasiadas causas calientes sin resolver en la Fiscalía, hay sistemas, como el de fragrancia y el de territorialidad de los fiscales, que están recién comenzando a operar, y con ciertos niveles de escepticismo sobre su funcionamiento. El nuevo que viene de ser juez de Control, estuvo poniéndose al tanto en la transición.
No es lo único. En un año preelectoral como el que corre, el Panal cree que la oposición presentará denuncias penales contra el gobernador y a sus ministros, y en Tribunales se preguntan si el nuevo fiscal general tendrá dotes de piloto de tormenta frente a esa posibilidad.
Luego están las internas, algunas de las cuales quedaron servidas en bandeja por las propias decisiones del llaryorismo, que terminó poniendo a jugar juntos a dos enemistados como son Lezcano y el fiscal adjunto Alejandro Pérez Moreno, elegidos por el actual oficialismo pero por diferentes terminales que responden al Gobernador.
Lo cierto es que la distribución de poder va a cambiar en el MPF. El saliente Delgado es un abogado de origen empresarial que llegó impulsado por Juan Schiaretti y su mesa chica. No contaba con experiencia penal pero tuvo el apoyo de dos aliados del palo del exgobernador: los adjuntos Bettina Croppi, especialista en derecho de género, cercana a la senadora Alejandra Vigo, y José Gómez Demmel, apalancado por el legislador provincial Ricardo Sosa. Por fuera, el vocal del Tribunal Superior de Justicia Luis Angulo, exministro de Justicia de Schiaretti, también acompañaba. Cerca de Delgado destacan como logros la implementación del sistema de flagrancia, la resolución del caso Esmeralda, los operativos de la Fuerza Policial Antinarcóticos. Los no amigos le ven un mérito mayor: “terminó su gestión de cinco años y atravesó dos gestiones, muchos no lo hicieron”, resaltan no sin ironía. Cosas de Palacio.
Croppi pasará a desempeñarse como titular de la Procuración Penitenciaria recientemente creada y se irá de la fiscalía Adjunta pasado el mes de abril, cuando finalice el jury de enjuiciamiento contra los tres fiscales de Río Cuarto que actuaron en la causa por el asesinato de Nora Dalmasso. En ese rol de acusadora la puso el propio Delgado, que prometió ejercer el cargo hasta el último día.
En el lugar de la abogada, sin que se atienda la equidad de género, asumirá el sanfrancisqueño Néstor Gómez, el más llaryorista de todos los designados hasta ahora en la Fiscalía General. Gómez es un abogado de confianza de Martín Llaryora y fue funcionario de la intendencia de Ignacio García Aresca en San Francisco. Los conocedores aseguran que no buscará acumular poder sino que será “los ojos” del mandatario en las oficinas del Ministerio Público. Goméz Demmel, que como todo Adjunto tiene cargo vitalicio, quedará seguramente más solo, como único schiarettista del quinteto que se completa con Héctor David, delasotista de buen diálogo con Llaryora (que además le tomó el primer examen a Lezcano para su ingreso a la Justicia, en 2007), y el ya mencionado Pérez Moreno. El conocido abogado penal asumió en febrero del 2025 y cinco meses después fue denunciado por dos fiscales de instrucción, Enrique Gavier y Juan Pablo Klinger, por intromisión: el adjunto objetó el uso de la prisión preventiva y la figura de asociación ilícita que hacen estos fiscales “duros”. Con el incremento de la “mano dura” como política de seguridad, las preventivas no parecen ser un problema para el sistema político.
Cómo será el reparto del poder con Lezcano al frente, ahora que la mayoría schiarettista quedará desarticulada, es otro rompecabezas a armar. ¿Lezcano tendrá telefóno directo con el Uno y armará esquema con sus propios pilares, o lo suyo será un rol más institucional con atomización por detrás? El ex juez de Control N° 5 no fue la primera opción del Panal (hubo oferta a al menos uno de los adjuntos y a otros funcionarios llaryoristas) pero en la Legislatura logró el apoyo de su ex socio y aliado político Luis Juez, cuyo bloque acompañó el pliego, sellando una reconciliación por viejas traiciones que no se habría dado con Pérez Moreno. Hay dos versiones sobre el origen de la enemistad con el letrado: la pelea en los tiempos del juicio por Blas Correas (uno era juez de Control, el otro querellante) y desacuerdos que se remontan a cuando el penalista formaba parte del Colegio de Abogados y hubo un cruce institucional con un familiar cercano de Lezcano. “Los dos son de no callarse”, sintetizó un observador que los conoce a ambos, avizorando tensión. Habrá que esperar.
