Felipe OsmanPor Felipe Osman
Las investigaciones que involucran, entre otros actores, a los fiscales de instrucción Juliana Companys y René Bossio, desatadas a partir de denuncias por presuntas maniobras de corrupción, abuso funcional, coacción e irregularidades en la tramitación de causas penales, ahora suman también detenciones e imputaciones de abogados y ex empleados de la Justicia local, abonando la percepción de un entramado de relaciones delictivas entre litigantes, funcionarios y operadores del sistema penal. En otras palabras, revelan una crisis sistémica.
El cuadro resulta especialmente grave por las responsabilidades que la sociedad ha puesto en cabeza del Ministerio Público Fiscal, a saber: “actuar en defensa del interés público y los derechos de las personas, procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social y custodiar la normal prestación del servicio de justicia”. Todo ello, informado por una serie de principios entre los cuales destacan la objetividad y la transparencia, amén del omnipresente principio de legalidad.
Si quienes ejercen la persecución penal son simultáneamente denunciantes, denunciados e investigados, y para peor de males todo esto ocurre en un foro tan reducido como la Justicia villamariense, el problema deja de ser exclusivamente penal y se transforma en una cuestión institucional.
Si quienes ejercen la persecución penal son simultáneamente denunciantes, denunciados e investigados, y para peor de males todo esto ocurre en un foro tan reducido como la Justicia villamariense, el problema deja de ser exclusivamente penal y se transforma en una cuestión institucional.
Si quienes ejercen la persecución penal son simultáneamente denunciantes, denunciados e investigados, y para peor de males todo esto ocurre en un foro tan reducido como la Justicia villamariense, el problema deja de ser exclusivamente penal y se transforma en una cuestión institucional.
Ante este marco, la Fiscalía General cuenta con herramientas legales para intervenir. La Ley 7826 asigna al Fiscal General la responsabilidad del “correcto y eficaz funcionamiento” del Ministerio Público y le otorga facultades para controlar el desempeño de fiscales inferiores, inspeccionar tribunales, atender denuncias por irregularidades y requerir medidas disciplinarias.
Por ejemplo, la estructura jerárquica del Ministerio Público y las competencias puestas en cabeza del Fiscal General, junto al principio de unidad de actuación, permitirían una respuesta institucional preventiva, como comisionar a fiscales externos o coadyuvantes, provenientes de otras jurisdicciones, para garantizar la objetividad.
También podría impulsar auditorías sobre causas sensibles tramitadas en las fiscalías cuestionadas, a fin de verificar si el conflicto interno pudo afectar otras investigaciones.
Y la iniciación de sumarios administrativos o eventuales apartamientos preventivos no deberían entenderse como sanciones anticipadas, sino como mecanismos de preservación institucional orientados a proteger la credibilidad del sistema.
Las acusaciones cruzadas que sacuden a la Justicia de Villa María terminarán, tarde o temprano, resolviéndose en los tribunales penales y órganos disciplinarios. Pero el verdadero desafío institucional es otro: la coordinación entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público Fiscal y el Tribunal Superior de Justicia para reconstruir la confianza de la ciudadanía en quienes tienen la responsabilidad de custodiar la legalidad.
