Ley de Tierras, entre el silencio de Llaryora y la bandera schiarettista

La discusión por la reforma de la Ley de Tierras volvió a mostrar las distintas estrategias dentro del cordobesismo frente al Gobierno nacional. Mientras el schiarettismo tomó una postura explícita contra la iniciativa, Martín Llaryora eligió mantener distancia de una pelea que podía tener impacto en su proyección política.
 
Por Gabriel Marclé
Nacional07 de agosto de 2026Gabriel MarcléGabriel Marclé

Alejandra-Vigo
Alejandra Vigo fue la única voz cordobesa en el Senado con cuestionamientos al proyecto del Gobierno nacional.

La discusión por la Ley de Tierras también dejó una postal sobre el presente del cordobesismo. Mientras el schiarettismo volvió a levantar la bandera de la protección del territorio productivo, el gobernador Martín Llaryora evitó ponerse al frente de una pelea con amplio rechazo social a la iniciativa del Gobierno de Javier Milei. Aunque parecía innecesario, luego que el oficialismo nacional retiró el polémico capítulo 3 que elevaba del 15 al 25 por ciento el límite de tierras rurales que pueden quedar en manos de propietarios extranjeros, hubo voces cordobesistas que insistieron en diferenciarse con el Gobierno nacional.

La expresión más contundente llegó desde la senadora Alejandra Vigo, quien rechazó el proyecto desde el inicio y ayer ratificó esa postura durante la sesión en la que, al cierre de esta edición, La Libertad Avanza parecía tener los números para lograr la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Asimismo, la senadora acompañaría solamente la modificación del plazo de rehabilitación de tierras productivas, un artículo puntual del Capítulo vinculado a la modificación de la Ley de Manejo del Fuego.  Los cordobeses de LLA, Luis Juez y Cármen Álvarez Rivero, votaron a favor de la iniciativa en su totalidad.

Más que un voto, Vigo terminó representando una especie de bandera que el schiarettismo decidió levantar sin matices. Esa misma línea se había visto el miércoles en la Legislatura provincial, cuando Leonardo Limia intentó aprobar sobre tablas un proyecto de rechazo a la reforma de la Ley de Tierras e instó a los senadores cordobeses a votar en contra de cualquier iniciativa que debilitara la protección del territorio productivo.

Aunque no consiguió los dos tercios necesarios para incorporarse a la sesión, dejó una imagen política. La bandera de “Las Malvinas son argentinas” ocupó el centro de la foto convocada por el viguismo en la que aparecieron, entre otros dirigentes del oficialismo, el presidente del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, Facundo Torres.

Podría decirse que esa fue la expresión más cercana del llaryorismo sobre el tema. El gobernador evitó pronunciarse y tampoco lo hicieron sus dirigentes más cercanos. Ni banners ni publicaciones en redes sociales, algo poco habitual tiempo atrás en dirigentes como Miguel Siciliano, quien en otras discusiones con la Nación se mostró mucho más explícito. Hoy el contexto es otro. Como el propio Llaryora, buena parte del oficialismo provincial parece actuar en “modo candidato” y sin arriesgar de más.

Allí parece radicar el silencio del gobernador. Quizá algunos le achaquen el no asumir una postura pública sobre un tema que logró un consenso social comparable al del financiamiento universitario. Sin embargo, mientras continúan los acuerdos y el tono medido con la Casa Rosada, en Córdoba también existe presión para sostener algunas de las banderas que, en este caso, el schiarettismo se encargó de flamear.

“Como las Malvinas y los glaciares, nuestro territorio es un tema innegociable”, resumieron ante Alfil desde el entorno del exgobernador Juan Schiaretti, en línea con el voto de Vigo y anticipando lo que podría ocurrir si el capítulo sobre la Ley de Tierras vuelve a Diputados. Aunque falte para esa instancia, estos días abren el interrogante sobre si se mantendrá el contraste con la cautela llaryorista. A priori, podría repetirse lo de tiempo atrás con la Ley de Glaciares, cuando Ignacio García Aresca y Alejandra Torres dieron quórum para el tratamiento de la reforma impulsada por Nación.

De todos modos, en ambos lados descartan -una vez más- que exista una ruptura. “El que conduce es el gobernador”, repiten, y aseguran que Schiaretti acompaña la estrategia política de Llaryora. Tampoco creen que el episodio de la Ley de Tierras altere el vínculo con la Casa Rosada: para los cordobesistas, el fracaso del Capítulo 3 se debió a la incapacidad del propio Gobierno de conseguir los votos donde más los necesitaba.

El primer capítulo de la Ley de Tierras volvió a evidenciar dos reflejos frente a un mismo contexto político: la previa electoral del 2027. Ahí, más que una diferencia de fondo, aparece el verdadero desafío del oficialismo provincial: administrar el delicado equilibrio entre la gestión, la relación con la Nación y una campaña que ya empezó.

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