Bettina Marengo
Camino al 2027, para Martin Llaryora las elecciones de rector y vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) que se realizarán este miércoles y jueves son casi tan importantes como las que se celebrarán en septiembre en Marcos Juárez, donde el cordobesismo hará todo para evitar que la ciudad se convierta en otro “kilómetro cero”, esta vez para la Libertad Avanza.
Por estas horas la tropa llaryorista tiene la cabeza puesta en la reelección de la actual dupla rectoral integrada por el radical Jhon Boretto y la sanfrancisqueña Mariela Marchisio, cabezas del espacio Somos, que enfrentan el desafío de Vamos UNC que lleva al peronista Pedro Pérez y a la progresista Liliana Córdoba como fórmula rectora.
La alianza con el franjamoradista puede verse como una continuidad de la que gestó en su momento Juan Schiaretti con el ex rector Hugo Jury y es parte de la construcción transversal de un cordobesismo pragmático en permanente búsqueda de espacios no peronistas para hacer pie. Hay de todo un poco. La narrativa oficial dice que el mandatario se inició como militante universitario, que entiende la importancia de ese espacio y que parte de su equipo más sólido proviene de esa experiencia.
Hay objetivos propios en el mundo del gobernador aunque la letra grande diga acuerdos institucionales y defensa de la universidad pública. El llaryorismo tiene dos candidatos de su cuño en las listas oficialistas de la UNC que son parte del grupo de abogados formados para ocupar lugares estratégicos en el ecosistema 360 del oficialismo provincial. Es el caso de Juan Cruz Herrador, candidato al Consejo Superior, joven letrado que es Tesorero del Colegio de Abogados que conduce el llaryorista Eduardo Bittar y funcionario del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Córdoba. En el entorno del Panal se adelantan y lo ven como posible candidato a suceder a Bittar en tres años. La segunda apuesta es por la también abogada Alicia Salusso, candidata por el claustro de los Egresados para integrar el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho. Salusso forma parte del esquema del ministro de Justicia y Trabajo de la Provincia, Julián Lopez, con el cargo de titular de la Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito. Ambos candidatos universitarios integran una Mesa de Coordinación de abogados donde también están varios letrados con cargos en la Provincia y la Municipalidad y directivos del Colegio profesional. El oficialismo cordobés tiene propósito, como se dice ahora, en el rubro abogados y esto lleva a la tercera gran inquietud de Llaryora camino al 2027 y a su futura proyección nacional: el Consejo de la Magistratura a nivel nacional, que en octubre (o antes) tendrá elecciones para los cuatro sillones del estamento Abogados.
Llaryora aspira a tener un candidato propio en una de las instituciones claves del poder nacional. Le pica que el senador Luis Juez y La Libertad Avanza, con el diputado Gonzalo Roca, tengan sendos lugares en el organismo que designa y remueve jueces federales, y él no, pese a la importancia distrital de Córdoba y de su conglomerado abogadil-judicial. En 2022, el entonces presidente del Colegio de Abogados, Luis Segura, integró la lista Nueva Abogacía que apadrinó el rector de la Universidad de Lomas de Zamora, Diego Molea, que hace días volvió al Consejo como representante de la Academia, elegido por unanimidad por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Un organismo donde Boretto se mueve como pez en agua: todo tiene que ver con todo. Segura fue como segundo de la actual consejera María Fernanda Vázquez, pero por el D´Hont no ingresó. Molea sigue siendo una referencia con quien el cordobesismo puede moverse para meterse en una rosca donde intervienen jugadores como Mauricio Macri y Daniel Angelici.
Para desembarcar en el Consejo de la Magistratura nacional Llaryora requiere votos. Por eso dio el visto bueno a una campaña de matriculación federal de abogados que trabajan en el estado provincial y municipal para que puedan votar en los comicios del Consejo. En Córdoba, solo el 10% de los matriculados tienen la matrícula nacional que les permitiría apoyar al candidato o candidata del mandatario. “El trámite es gratuito” incentivan los llaryoristas. Hay tiempo hasta agosto para ingresar al padrón y tratar de achicar las diferencias numéricas con los colegios de abogados de CABA (donde todos los letrados son federales) y de la Provincia de Buenos Aires.
La cuarta inquietud del sanfrancisqueño es el próximo juez o jueza electoral provincial que está en pleno proceso de elección en el Consejo de la Magistratura provincial, que estableció el exámen para el 5 de junio. El Panal divide a los 53 abogados anotados en tres columnas: los propios, los ajenos con los que hay o puede haber diálogo, y todo el resto. Sabe que el sistema político y judicial va a mirar “con lupa” el proceso que finalizará con la designación de un magistrado con jurisdicción en toda la provincia y los 427 municipios y comunas. Dos datos: para no dar ventajas a los postulantes de origen judicial, el Consejo de la Magistratura decidiría que la prueba de oposición no será sobre un caso real de Córdoba sino de otra provincia. El segundo es que nadie se atreve a asegurar que el nuevo juez estará en funciones cuando el cronograma electoral de Marcos Juárez empiece a arder.
